El Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local acusó que la obra emprendida en comunidad nahua de Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla es violatoria a los derechos humanos y transgrede a la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la que supuestamente pretende dar cumplimiento.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián, -organización autora de la Queja a la CNDH en 2011 que llevó a la Recomendación para el saneamiento de la cuenca río Atoyac-Zahuapan- detalló que la construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona Industrial de Huejotzingo, obra que se ha impuesto en la región, es contraria y violenta prácticamente todo el sentido del documento emitido por la CNDH.

Explicó que en la recomendación, establece enfáticamente que se requiere un grupo interinstitucional entre dependencias como la Semarnat, la Profepa, la Conagua, la Cofepris, el Gobierno del Estado de Puebla, el de Tlaxcala y varios municipios, para construir un plan de saneamiento para la Cuenca del Atoyac que cuente con la participación de la sociedad civil y empresas que están dentro del corredor industrial.

Situación que a la fecha ha sido trasgredida, pues la obra emprendida a cargo de los empresarios instalados en el Parque Industrial “Ciudad Textil Huejotzingo” como Construcciones del Centro S.A. de C.V. y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue). no sólo no ha contado con la participación de la sociedad civil sino que se ha ocultado la información a la población y se ha usado la fuerza pública para imponer esta obra.

Desde agosto de 2019 la comunidad de Santamaría Zacatepec se han mantenido en resistencia contra el proyecto de construir un sistema de drenaje para desembocar aguas industriales en el río Metlapanapa, del cual depende su consumo y actividades agrícolas.

El pasado 30 de octubre, pobladores y elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a golpes en la comunidad de Zacatepec, ante el avance inminente de los trabajos de entubamiento. Para dispersar la manifestación en la que protestaban mujeres, personas de la tercera edad y niños, los agentes lanzaron gas lacrimógeno y balas de goma.

Fue tras los hechos violentos que el gobierno municipal, a través de un comunicado, aclaró que la obra es una respuesta a la Recomendación de la CNDH dirigida a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala.

El Contrato OP/LP-003/CEASPUE/20180069 con el Folio 20180069 describe una longitud de cuatro kilómetros 160 metros de construcción que considera dos tipos de redes de tubería que tienen como destino de descarga el Río Metlapanapa. Se cita una red de cilindros de 60 pulgadas que transportará descargas pluviales y otra que tubería de 30 pulgadas que descargará los desechos industriales al colector de uso doméstico de la población.

El proyecto de descarga de Ciudad Textil fue elaborado durante la administración del finado Rafael Moreno Valle refiere un compromiso de pago de 50 por ciento de la obra que correría a cargo del gobierno estatal y el otro 50 por ciento sería financiado por los empresarios que tendrían el permiso explícito del municipio de Huejotzingo para ejecutarse en 2018.

Reconoce que serán 30 empresas industriales las que podrán tirar sus aguas tóxicas, entre ellas Portatex, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Draexlmer y Thyssenkrupp Presta, Ajenix y Multiaceros.

La carpeta incluye la descripción de la identificación de puntos de muestreo en la Descarga Final de Ciudad Textil cuyo reporte detalla: grasas y aceites, sólidos sediméntales y suspendidos, fósforo, plomo, cianuro, cobre, cadmio, arsénico, zinc, huevos de helminto, mercurio, níquel, entre otras sustancias.

Defensores alertaron, basados en estas descripciones que no se trata de un entubamiento de “desechos sanitarios”, sino de tácitos desechos industriales. Las mismas sustancias se encuentran ampliamente documentadas como principales contaminantes que han provocado un desastre ambiental de la cuenca del río Atoyac que llevaron a la CNDH a elaborar la recomendación 10/2017 de la CNDH “Sobre la violación a los Derechos Humanos a un Medio Ambiente Sano, Saneamiento del Agua, en relación con la Contaminación de los Ríos Atoyac, Xochiac y sus Afluentes; En Agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado De Tlaxcala”.

Al respecto Alejandra Méndez, directora del Centro Fray Julián Garcés, explicó que la obra también sería contraria a la firma del gobierno mexicano a todos los convenios en materia ambiental, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que establece entre otros muchos, el principio precautorio que señala que no se puede instalar ninguna actividad que altere el medio ambiente, cuando se tenga la mínima sospecha de que eso va a dañar el ambiente y las comunidades. Con el estudio en el Atoyac se ha demostrado ampliamente los riesgos a la población y a los campos de cultivo.

La Recomendación condensa 15 años de lucha

Documentos del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local han expuesto que la Recomendación 10/2017 es producto de más de 15 años de lucha de los pobladores de varias comunidades tlaxcaltecas, especialmente de mujeres, quienes han insistido —ante la sordera de las autoridades—, que la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac, Zahuapan y todos sus afluentes es la causa principal de que un gran número de personas de diversas edades, en decenas de comunidades, hayan sido expuestas a múltiples sustancias contaminantes que, además de provocarles enfermedades graves, también les ha ocasionado -directamente o acelerado- su muerte.

Citó que el Centro Fray realizó convenios de colaboración con investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM; Instituto de Ingeniería UNAM y Laboratorio de análisis y tratamiento de agua residual de la UAM-Azcapotzalco.

Y que fue a través de estudios en el agua descargada al río Atoyac, tanto de las industrias como de los municipios; y de análisis sobre la calidad del agua potable en pozos de agua y tomas domiciliarias y de exámenes sobre el daño genotóxico; permitió documentar que muchas de las sustancias existentes en el agua del río no están dentro de la normatividad ambiental y son muy tóxicas, como los compuestos orgánicos volátiles y las que están normadas se encuentran por encima de los límites máximos permisibles hasta en un 500 por ciento como es el caso de la demanda bioquímica de oxígeno.

Así mismo el estudio genotóxico demostró que vivir cerca del río Atoyac y sus afluentes, donde ocurren las descargas industriales, provoca daño en los genes en promedio cinco veces más y de mayor complejidad que una persona que vive en la ciudad de México.

Aseguró que se documentó el registro de 54 casos de violación del derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y dos de daños a la propiedad, en la región de Tepetitla, Texmelucan y Huejotzingo, mismas que se integraron a la demanda por las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en la región del Atoyac.

En el año 2011 integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida (CAV) y del Centro “Fray Julián Garcés”, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (CFJG) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones al derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la integridad física, a la vida y al desarrollo. Seis años después, en 2017 la Recomendación de la CNDH se emitió sin que a la fecha se registrara el cumplimiento de ésta.

Para el Centro Fray Julián Garcés, los daños ecológicos, físicos por las enfermedades a causa de la contaminación, que en un lapso de tiempo lleva a la muerte a quienes padecen estas enfermedades, no sólo son las consecuencias de la brutal contaminación del río Atoyac, también se han perdido modos de vida y de sustento, cuando los y las agricultoras ya no encuentran esperanza en sus cultivos pues son depreciados en el mercado por ser regados con agua del rio Atoyac.

“En la cuenca del Atoyac, hemos visto que campesinos que riegan sus cultivos con estas aguas negras, su producción de venta es bajísima, son estigmatizados y marginados, no les pagan el precio, la economía y el consumo local se han visto afectados”.

“La historia se repetirá en Zacatepec. Las descargas al río con metileno, tolueno, benceno, catalogado como cancerígeno que afecta a la población. Ya se documentó en la queja en la CNDH . Nuevamente se está violentando los derechos humanos”.

“La Recomendación de la CNDH fue para decir que hay una violación a los derechos humanos pero también para señalar acciones, pero pareciera entonces que el gobierno siempre ha privilegiado la instalación de industrias en nombre del desarrollo, pero bajo el esquema que se extendió con Enrique Peña Nieto sobre la precarización laboral, los contratos por outsorcing, y los sueldos de muerte de 80 pesos, este desarrollo se vuelve ‘nada’ frente al gran daño causado medioambiental y los daños a la salud”, asentó Méndez.

Cáncer, abortos, insuficiencia renal y muerte

Según datos del Inegi, en promedio muere una persona cada cuatro horas en la cuenca por razones vinculadas a la contaminación. Del año 2012 al 2016 han fallecido 25 mil 737 personas por leucemia, cuatro mil 379 por insuficiencia renal y han ocurrido 906 abortos espontáneos, vinculados a las descargas de los corredores industriales y además por giros establecidos, textileros, utilizan cloro en sus procesos de producción que mezclados con materia orgánica crean nuevos compuestos como el cloroformo, reconocido en el sector salud por su efecto en daños renales.

De acuerdo a los resultados del Monitoreo de la Población Infantil por Exposición a Contaminación Ambiental que elaboró la investigadora de la UNAM, Regina Montero Montoya, se documentó que los menores de edad que habitan en la cuenca Atoyac-Zahupan presentan el doble de los niveles de toxicidad en comparación con niños de zonas no contaminadas, por lo que han desarrollado padecimientos renales, cáncer y la reducción de su capacidad de desarrollo corporal.

La doctora Regina Montoya pudo ubicar que la población de la cuenca, no importando a qué estuviera dedicada en promedio tiene cinco veces más daños en sus genes que una persona de la Ciudad de México.

En sus resultados se refiere que estos daños son consecuencia de un ambiente contaminado, lo que vuelve más vulnerable a la población a contraer una enfermedad; Tlaxcala es uno de los estados con mayor índices de insuficiencia renal y casos de leucemia y abortos no deseados.

“Estamos hablando de una omisión terrible, una indolencia gubernamental y un pisoteo a los derechos humanos a pesar de que el gobierno mexicano firmó y ratificó los convenios en materia de derechos humanos, incluso a pesar de que estos tratados se equiparan con la Constitución política mexicana”, señaló la directora del Centro Fray Julián.

Consideró que autoridades y gobierno tendrían que privilegiar el bienestar de la sociedad y tendrían que hacer uso de la legislación que más convenga y proteja los derechos de la población, pero están actuando de manera contraria: favoreciendo la instalación de industrias, condenando a la población a sufrir este tipo de daños a su salud, a la agricultura y a la vida de la comunidad, esto ya documentado y referido.