Incluyente quiere decir que incluye, poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites. Pero en el caso del primer año de gobierno de Peña Nieto, la palabra dista mucho de convertirse en una definición.
El segundo eje del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue bautizado con el ostentoso nombre de México Incluyente. En términos oficiales, este se halla enfocando la acción del Estado a garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social. El objetivo presidencial, pues, es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.
¿Pero qué implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos y no solo de las clases privilegiadas? De acuerdo con el eje México Incluyente, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna como la población está desarrollándose plenamente.
El diagnóstico que la administración peñista formuló para poner en marcha este eje lo mismo pudo haberse manifestado en este sexenio que en el pasado, en el antepasado, hace cuatro lustros, hace cinco décadas, hace 80 años o hace dos siglos: “Persisten altos niveles de exclusión, privación de derechos sociales y desigualdad entre personas y regiones de nuestro país”.
En teoría, el gobierno mexicano trabaja para que la condena de este diagnóstico pueda ser abatida —solo le restan cinco años para lograrlo— por medio de políticas que están atendiendo cinco sentencias fundamentales: 1) un país fragmentado y desigual; 2) inequidad y discriminación; 3) salud; 4) sistema de seguridad social, y 5) acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial.
El plan de acción que Peña Nieto y su gabinete implementaron para garantizar el éxito del eje México Incluyente está buscando integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. En este sentido, las acciones gubernamentales se enfocan en cinco objetivos: garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población; transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente; asegurar el acceso a los servicios de salud; ampliar el acceso a la seguridad social, y proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
México Incluyente está a cargo de varias dependencias gubernamentales: las secretarías de Desarrollo Social (coordinadora del eje); Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Educación; Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Además de estas secretarías participan la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Comisión Nacional del Agua, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de las Mujeres.
“Un país sumamente excluyente”
Porfirio Muñoz Ledo es uno de los políticos más importantes e influyentes del país —fue subdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, secretario de Trabajo y Previsión Social, secretario de Educación Pública, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, embajador de México ante la Unión Europea, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coordinador del PRD tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, candidato a la Presidencia de la República por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana—. En entrevista con Newsweek en Español manifiesta que el concepto México Incluyente está de moda, pero que en el país no se aplica.
“Un ‘México incluyente’ es un concepto ahora muy en boga y significa que todos están incluidos en el proceso de desarrollo, significa lo contrario a la marginación. O estás marginado, o estás incluido, o estás fuera de los procesos económicos y sociales, o tienes oportunidad de estar en ellos, o tienes algún grado de participación en las decisiones políticas, o estás excluido. Incluido es lo contrario de excluido, y nosotros no somos un país incluyente, somos un país sumamente excluyente por los índices de extrema pobreza, de pobreza en general, y de marginación”.
Y es que, según la explicación del político guanajuatense, cuando desde el gobierno federal se habla de un México Incluyente, la percepción de la sociedad es que se trata solo de una aspiración.
“Estaríamos hablando de un ideal, de una pretensión, y no sé si [el gobierno] se ha aproximado a ella. Un gobierno o un sistema, por ejemplo, que rechaza un número tan alto, un porcentaje superior al 80 por ciento, de los demandantes de educación superior, no es un país incluyente, por decir un ejemplo, y puedo decir muchos”, señala Muñoz Ledo.
Según mencionamos líneas atrás, el eje México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo se divide en cinco políticas. La primera, “Un país fragmentado y desigual”, es quizás la más importante de todas, pues entre sus objetivos está atender problemas de primer orden como la pobreza en todos sus niveles y su infame hermana gemela, el hambre.
De acuerdo con los resultados de la consulta ciudadana realizada por el gobierno federal, en la cual la población manifestó su opinión sobre los cinco ejes planteados por Enrique Peña Nieto en el Plan Nacional de Desarrollo, la prioridad del gobierno mexicano debe ser combatir la pobreza y apoyar a los sectores más vulnerables de la población, ello quizás debido a que hoy, ayer y siempre, la pobreza ha ocupado en México una amplia extensión social y territorial.
Aunque la percepción general es que en el primer año de gobierno de Peña Nieto el combate a la pobreza y el hambre ha sido un poco menos que desastroso, algunas cifras oficiales, sorprendentemente, dicen lo contrario.
La Cruzada Nacional contra el Hambre, la flamante estrategia que conjunta los esfuerzos de la Federación, gobiernos estatales, municipios, sectores público, social y privado y organismos internacionales, con el fin de beneficiar a los mexicanos que padecen pobreza extrema e inseguridad alimentaria, se propuso llegar a 7.01 millones de personas. Y el mes pasado, en noviembre, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, hizo un anuncio que podría calificarse de espectacular:
“Hace 10 meses que pusimos en marcha la Cruzada, la población objetivo fue de 7 millones de mexicanos que padecen pobreza extrema alimentaria, y hoy, en tan solo 10 meses, ya llegamos a más de 2 millones de mexicanos que no tenían acceso a la alimentación”.
Sobra decir que no se necesita ser un genio de la matemática para concluir que, a ese ritmo, a lo mucho en tres años México por fin erradicará el hambre de sus páginas.
Nada más alejado de la verdad. El punto de quiebre al parecer son los 7.01 millones de personas que la Cruzada Nacional contra el Hambre se puso como meta, pues esa cifra es a todas luces muy baja en comparación con la brutal realidad.
Para constatarlo remitámonos a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Según sus números correspondientes al año 2012, año en cuyo final inició el gobierno de Enrique Peña Nieto, casi la mitad de la población mexicana, 53.3 millones de personas, viven en situación de pobreza; y a estas hay que sumar 11.5 millones que padecen pobreza extrema. Y el mismo informe señala que la población que padece la carencia de acceso a la alimentación es de 27.4 millones de personas.
Pero el hambre no es el único problema en el rubro “Un país fragmentado y desigual”. Las cifras apuntadas líneas atrás revelan asimismo que al arrancar el presente sexenio prácticamente la mitad de los mexicanos no disponía de los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades y tampoco tenía acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda o servicios básicos en su hogar.
Y en un año el escenario ha variado apenas perceptiblemente, pues erradicar el problema de la pobreza requiere más que exiguos apoyos económicos o alimentarios que no son más que placebos. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en el cual participan las secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de Educación Pública, beneficia a 5.8 millones de familias, lo que equivale a 25 631 340 personas de todo el territorio nacional. Aunque la cifra de personas beneficiadas con el programa es muy considerable, de ninguna manera quiere decir que esos casi 26 millones de personas ya tienen asegurado que saldrán de la pobreza o que no volverán a padecer hambre o miseria.
Cuando se habla de un país fragmentado y desigual, interviene Porfirio Muñoz Ledo, “no se ha comenzado una política de fondo. Los dos instrumentos fundamentales para la integración del país son el empleo y la igualdad. Si no hay empleo y si seguimos con tasas tan altas de empleo informal, ya hay fragmentación, se rompen las cadenas económicas, y no hay combate a la fragmentación si seguimos con una economía volcada hacia fuera, que ha roto las cadenas productivas internas”.
Además —añade el político guanajuatense—, “el país está fragmentado por la desigualdad, el salario es escandaloso en México, el salario ha perdido el 80 por ciento de su valor en este período, y esa es la principal de las fragmentaciones sociales, la falta de ingreso. A pesar de las reformas fiscales que se han hecho, que tienen algunos aspectos buenos, no se está haciendo una política fiscal que mejore la distribución del ingreso”.
“La desigualdad es el problema número uno”
“Inequidad y discriminación” es la segunda política instrumentada por el gobierno federal en pos de cumplir el ideal del eje México Incluyente.
De acuerdo con el análisis realizado por el propio gobierno federal, la discriminación, intolerancia y exclusión social que día a día sufren las mujeres, los 6.7 millones de personas que hablan alguna lengua indígena, los más de 5.7 millones de discapacitados, los niños y las personas de edad avanzada, entre otros, han dado lugar a una situación de indefensión, de abandono y de incapacidad para que puedan exigir sus derechos, satisfacer sus necesidades o hacer frente a sus problemas cotidianos.
Relevante en este inciso es el correspondiente a los niños que no asisten a la escuela. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) señala que esta inasistencia se debe a barreras como la lejanía de los centros educativos de las comunidades, la falta de docentes capacitados en la lengua materna de los niños, la carencia de actas de nacimiento, la ausencia de maestros capacitados para incluir a niños con discapacidades o dificultades de aprendizaje, situación de violencia en la escuela, inequidad de género y la falta de recursos financieros para la compra de uniformes y materiales escolares. Y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México 6.1 millones de niños y adolescentes están fuera de la escuela.
Otro rubro importante a destacar de esta política es el relacionado con el empleo para las mujeres. Si atendemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondiente al año 2012, 18.4 millones de mujeres forman parte de la población ocupada en el país y su tasa de participación laboral es de 42.9 por ciento, casi dos veces menor a la de los hombres. El estudio asimismo arroja que existen grandes diferencias de género en cuanto al trabajo remunerado: 49.5 por ciento de las mujeres trabajadoras ganan menos de dos salarios mínimos en comparación con el 34.7 por ciento de los hombres. Y según el Índice de Discriminación Salarial de 2012, las mujeres ganan en promedio 5 por ciento menos que los hombres. Sin embargo, en algunas ocupaciones la brecha de percepciones es aún mucho mayor.
El inciso correspondiente a los adultos mayores de 65 años también salta a la vista cuando se habla de inequidad y discriminación. Y es que este grupo de personas, que representan el 6.2 por ciento de la población mexicana, requiere atención especial, pues casi la mitad vive en la pobreza.
El gobierno de Peña Nieto ha instrumentado diversas estrategias y planes de trabajo para solucionar estos problemas. El programa Oportunidades, por ejemplo, en su propósito de evitar la inasistencia escolar ya explicada, ha atendido a 5.8 millones de estudiantes. De estos, 2.9 millones son alumnos de primaria; 1.9 millones, de secundaria; y un millón, de educación media superior. De destacar es el hecho de que la cifra total de estudiantes apoyados por Oportunidades es menor a los 6.1 millones de niños y adolescentes que no asisten a la escuela.
En lo que respecta a las mujeres que trabajan, Peña Nieto instrumentó el programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el cual ha permitido que las madres conserven su empleo o continúen sus estudios. La meta era beneficiar a 253 000 personas durante el año 2013; no obstante, el propósito se cumplió al finalizar julio, cuando logró contabilizarse un beneficio otorgado a 249 021 madres trabajadoras y 4239 padres solos, lo que suma 253 260 apoyos.
Asimismo, un total de 1600 centros laborales ya cuentan con el distintivo Modelo de Equidad de Género. Este es un esquema de Certificación que aplica el Instituto Nacional de las Mujeres para que los centros de trabajo reorienten sus políticas y prácticas laborales e incorporen la perspectiva de género con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades y de remuneración para hombres y mujeres sin discriminación, con acceso equitativo a la capacitación y al desarrollo profesional.
Bajo el Programa Pensión para Adultos Mayores, las personas de la tercera edad, que suman 5.6 millones, están siendo atendidas en aproximadamente un 75 por ciento del total existente. Durante 2013 se han incorporado al padrón de beneficiarios 1 055 323 personas mayores de 65 años, lo que da un resultado de aproximadamente 4.2 millones. Asimismo, el gobierno de Peña Nieto ha suscrito 164 convenios con empresas para fomentar la reincorporación a la vida productiva de los ancianos. Con ello se ofertaron 7000 empleos, lo que representa un incremento de 817 empleos respecto del año anterior.
En resumen, en el tema de inequidad y discriminación el gobierno actual ha obtenido resultados muy magros, manifiesta Porfirio Muñoz Ledo.
“Muy pocos. Está cumpliendo un año y yo no veo que haya un combate a la discriminación. La discriminación es un problema muy añejo en México, es un problema que existe desde la Colonia y que se ha perpetuado hasta nuestros días. No se puede decir que haya habido acciones claras contra la discriminación; ha habido, en años anteriores, avances institucionales, crear comisiones, expedir leyes, pero la discriminación sigue siendo un hecho muy profundo en México”.
Sin embargo, nuestro consultado concuerda en que México está en el camino para obtener algún tipo de resultado positivo: “Solo en algunos aspectos de la discriminación. En México ya hay brotes de xenofobia, sobre todo en el aspecto de los migrantes que vienen del sur, y sigue habiendo clasismo, eso es evidente. La desigualdad tan profunda hace difícil, si no imposible, combatir el racismo y la discriminación. La desigualdad es el problema número uno del país”.
“Integrar todos los planes de salud en uno solo”
La tercera política instrumentada por el gobierno federal en pos de cumplir el ideal del eje México Incluyente está dedicado a la salud.
Si nos remitimos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sabremos que el artículo 4 establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. Para satisfacer esta demanda constitucional, el Estado mexicano ha edificado una amplia red denominada Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, los esfuerzos aún no rinden los frutos deseados, pues el gobierno de Peña Nieto, además de que debe encontrar la forma de atender a la cuarta parte del total de la población mexicana que no recibe atención médica, debe trabajar intensamente para que la población que ya está inscrita en algún programa de salud reciba servicios oportunos y eficientes, sobre todo si consideramos que no faltan las noticias diarias sobre la pésima atención que ofrecen los hospitales públicos del país.
Otro de los grandes retos que enfrenta la presidencia actual es el relacionado con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión, cuyos niveles se han elevado sobremanera en todos los grupos de la población y ya colocan a México a la cabeza en la lista de países donde más se padecen estos trastornos. Por ejemplo, al comenzar el sexenio de Peña Nieto, entre los hombres mayores de 20 años de edad el 42.6 por ciento presentaban sobrepeso, y el 26.8 por ciento, obesidad; mientras, para las mujeres estas cifras correspondían a 35.5 y 37.5 por ciento, respectivamente.
Las acciones encaminadas a atacar estos problemas de salud pública se leen desde diversas aristas. Por ejemplo, una de las estrategias más socorridas es el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), al cual durante la presente administración ya se integraron 2.6 millones de personas más, para llegar a 55.5 millones de personas.
Para combatir la diabetes el gobierno desarrolla dos estrategias cuyas acciones están dirigidas a empoderar a los pacientes con educación para la salud y formando una red de apoyo entre sus integrantes, familia y entorno. En las 32 entidades federativas funcionan 7069 centros de atención, los cuales integran un total de 172 595 personas. Asimismo, a junio de 2013 ya se habían realizado 6.2 millones de pruebas para la detección de diabetes. A esa fecha se tenían 722 826 pacientes en tratamiento, 6.8 por ciento más comparado con los 676 713 del período anterior.
Y cabe mencionar que como parte de las acciones desarrolladas para atender la obesidad, las intervenciones médicas y conductuales desarrolladas en los Grupos de Ayuda Mutua instrumentados por el gobierno federal han permitido que los pacientes con sobrepeso y obesidad reduzcan en promedio 9.8 su peso corporal.
Porfirio Muñoz Ledo opina que es muy pronto para hablar de resultados respecto a las acciones emprendidas por el presidente Peña Nieto.
“Es muy pronto para tener resultados. Tenemos ahí los programas, y ahora hay que ver los hechos, qué se puede hacer. Se habla, en el famoso Pacto por México, del Seguro Social Universal, y ojalá esto llegue a ser una realidad. Pero no confundir que se va a fomentar un seguro social para todos, en realidad lo que se va a extender es el llamado Seguro Popular, que es de calidad menor. Lo que hay que igualar son los estándares altos de la seguridad social en México, el IMSS y el ISSSTE”.
El político guanajuatense explica que para lograr esos estándares “se necesitan integrar todos los planes de salud en uno solo. Eso era muy difícil antes porque el seguro se derivaba de la relación obrero-patronal, de las cuotas obrero-patronales, y en el caso del ISSSTE de las cuotas también. Y ahora se necesita un seguro con base fiscal, universal”.
“El IMSS es una catástrofe”
“Sistema de seguridad social” es la cuarta política que el presidente Peña puso en marcha para cumplir con los propósitos del eje México Incluyente.
En este tenor, en México existe un gigantesco monstruo de siete cabezas, indomables cada una, llamado IMSS. Esta es la institución de seguridad social más grande de América Latina y en promedio atiende a 58 millones de derechohabientes por medio de sus más de 16 millones de trabajadores asegurados. Aparte, brinda servicios de salud a la población que no cuenta con seguridad social a través de programas como el IMSS-Oportunidades. Y también brinda prestaciones económicas y servicios que protegen tanto a los trabajadores como a sus familias frente a un evento de riesgo, y apoya en el cuidado infantil durante la jornada laboral.
Y decimos que es un monstruo indomable porque su panorama financiero es muy complicado. Por un lado debe afrontar el crecimiento demográfico y epidemiológico que ha traído como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere mayores recursos económicos; y por otro, tiene frente a sí inminentes retos financieros derivados de su régimen de jubilaciones y pensiones y de una contratación acelerada de personal en los últimos años.
Las cifras más recientes sobre seguridad social reportan que la carencia por acceso a este derecho entre los años 2010 y 2012 aumentó en 2.2 millones de personas, al pasar de 69.6 millones a 71.8 millones; en términos de porcentaje, la población nacional que no cuenta con esta previsión representa el 61.2 por ciento. En concreto, el Estado mexicano no cuenta con la capacidad para brindar seguridad social a un país que cada día aumenta por miles en número de habitantes, por lo que una bomba está a punto de estallarle en las manos.
Muñoz Ledo opina al respecto: “Al Seguro Social le han inyectado un poco de dinero, pero es una catástrofe. El Seguro está quebrado técnicamente porque fue pensado para un crecimiento anual del 6 por ciento y un crecimiento constante del empleo y del salario, pero al no haber esos tres factores, no hay fuentes de financiamiento, más que el dinero público”.
Ante ello, la alternativa es “integrar el sistema de seguridad social al sistema de salud, y seguir en una reforma fiscal consecutiva y progresiva. Debe de haber un sistema de cotización riguroso naturalmente, y yo no excluyo, dentro de ese fortalecimiento fiscal, la cuota empresarial obviamente. Ya hay un proyecto muy bueno de que con mejorar la cuota empresarial y hacer realmente exigible el pago se puede progresar, no todo lo que se quisiera, pero se puede progresar.
“Además hay que aclarar el tema de las afores. Estas están implicando la pérdida neta de los ingresos de los trabajadores, se cometió un error gravísimo quitándole al Seguro Social los recursos que tenía vía los fondos de pensiones. El Seguro Social se expandió, construyó hospitales, tuvo un mantenimiento de muy buena calidad cuando podía disponer de los fondos de pensiones conforme a la ley de 1952, pero el IMSS fue despojado de los fondos de pensiones y ahí empezó la época más grave de la crisis de la seguridad social”.
La quinta política del eje México Incluyente es “Acceso a vivienda digna, infraestructura social básica y desarrollo territorial”. En el último bienio del sexenio anterior, la carencia de servicios básicos en la vivienda afectaba a 9.4 por ciento de la población en localidades urbanas, mientras que en zonas rurales se presentaba en 50.4 por ciento. Y en el actual gobierno, al igual que en el anterior, existen grupos de la población particularmente desatendidos, por ejemplo, en la necesidad de reemplazo de vivienda, la cual está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social y que representa el 73 por ciento de la necesidad nacional.En este sentido, baste decir que mientras en el año 2012 el Estado otorgó, por ejemplo, 1 millón 795 000 financiamientos para vivienda, en lo que va del actual sexenio la cifra se ha reducido a 1 millón 134 000.
El paisaje que se pinta con las cifras de la brutal realidad puede darnos una idea de la enorme papa caliente que el presidente tiene en las manos. Sin embargo, debe considerarse que un año de gobierno es insuficiente para que un mandatario, sea del partido que sea, entregue resultados satisfactorios. Y como dice la misma gente de su equipo de trabajo, este año ha sido el de la siembra. Bien. Entonces esperaremos al segundo año para ver si la semilla no está siendo alimentada con abono echado a perder.
