El agua es un recurso de la nación, por lo menos eso es lo que se establece en la Constitución mexicana. En los hechos, este bien lo acaparan intereses privados con capacidad económica o de influencia, que se lo apropian, venden y manejan a su antojo.
Las historias que se presentan en esta investigación muestran cómo el agua, un recurso de la nación, se compra, vende y explota como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba. Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas.
El fracaso de la gestión democrática de este recurso se refleja, además, en una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos, y en la inequidad en su distribución. El propio secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, ha reconocido que existe un “uso indiscriminado y antidemocrático del agua”.
El sistema de concesiones de agua se creó en 1992, como parte de la Ley de Aguas Nacionales, y desde su origen comenzó a hacer agua. Entre las fallas que pronto fueron evidentes, por ejemplo, estuvo la entrega de títulos sin verificar cuánta agua realmente se extraía y para qué fines. Pasaron los años y los problemas en el sistema nunca se atendieron. Y se agudizaron conforme se entregaron más y más títulos para aprovechamiento.
Desde 2003 se alertó de esta situación. En un estudio —publicado entonces por la FAO, y cuyos autores son Marco Cantú y Héctor Garduño, quien fue subdirector general de administración del agua en la década de los noventa— se señaló que se habían identificado a usuarios que tenían títulos de concesión para uso agrícola, pero que utilizaban el agua para fines distintos, “incurriendo en delitos fiscales y en desviaciones del subsidio, ya que no solamente gozan indebidamente de la exención del pago de derecho (del agua), sino del subsidio que se otorga a los usuarios agrícolas en la tarifa eléctrica”.
¿Cuánta agua se utiliza?
En el país, por otra parte, no existen datos certeros sobre cuánta agua utilizan los privados que gozan de concesiones. La Ley de Aguas Nacionales señala que todos los titulares de una concesión deben contar con un medidor, pero eso no se cumple.
Darcy Víctor Tetreault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, destaca que de acuerdo con datos que él ha solicitado a la Conagua, solo 11% de los usuarios tienen medidores. Sí, uno de cada diez, en términos llanos.
En 2011 la Conagua contrató a la empresa Agua de México para que se encargara de realizar la medición y recolección de datos de los volúmenes de agua extraídos por uso industrial y de servicios. Como parte del contrato se instalaron solo 1169 medidores automatizados a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la propia Conagua.
Nuevo León sirve para ilustrar cuán poco se pudo avanzar en esa iniciativa. De los 639 títulos para extracción de agua de uso industrial que hay en esa entidad, apenas 78 cuentan con medición automatizada, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información.
La Conagua también es la responsable de llevar el registro de los pagos que deben realizar quienes tienen una concesión de aprovechamiento de agua. Hay que destacar que no todos los usuarios están obligados a pagar por el agua que utilizan. Por ley, están exentos aquellos que tienen concesiones para uso agrícola. Los que sí deben pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco más de 500 mil que hay registrados.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información, a mayo de 2019 la dependencia solo tenía registradas 50 mil 888 cuentas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización de la Conagua. Es decir, menos del 37 por ciento de cuantos debían pagar.
Encima, el estar inscritos no garantiza que se realicen los pagos. La Auditoría Superior de la Federación detectó que la Conagua no tenía constancia de pagos de 32% de los registrados en el padrón en 2016.
Además, el actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan.
La Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara. La dependencia solo cuenta con 115 inspectores para todo el país, por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra manera, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios.
La falta de inspección se suma al rezago en los trámites relacionados con las concesiones. En entrevista, Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua, asegura que la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no se han atendido. Esto ha provocado, entre otras cosas, un alud de amparos: a nivel nacional hay 2 mil 577 juicios que tienen a la Conagua como protagonista.
Concesiones a la carta
Además de que no se tiene control de cuánta agua realmente utilizan los usuarios y para qué fines, desde la misma la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento se abrió la puerta para la existencia de un mercado de concesiones de agua, al permitir la “transmisión de derechos”. Es decir, se puede “transmitir” el total o una parte del volumen de agua que se tiene concesionada a otra persona o a una empresa. En los hechos este mecanismo se utiliza para disfrazar la venta y compra de títulos de agua.
El mercado de las concesiones es tan redituable que no solo se venden títulos que sí son originales, también se trafica con documentos falsos. Esta práctica se ha intensificado en los últimos años, sobre todo, en entidades como Chihuahua.
Una nueva Ley
El sistema actual de concesiones de agua tiene que revisarse y modificarse, coinciden investigadores y especialistas en el tema. Sobre todo porque es un sistema injusto e inequitativo.
La abogada Claudia Gómez, quien trabaja con varias comunidades indígenas del país en la defensa de su territorio y recursos naturales, señala que “existe mucha discrecionalidad sobre la forma en que se entregan las concesiones de agua”. En su labor ha encontrado casos en los que las concesiones se les niega a las comunidades indígenas “porque se argumenta que hay una veda, pero después nos enteramos que se entrega una concesión a una minera, a una compañía refresquera o a caciques de la región”.
Esa revisión tendrá que darse en el marco de una nueva Ley General de Aguas. Existen varias iniciativas para esta legislación, entre ellas la que realizaron investigadores y ciudadanos. Entre sus propuestas está el que los títulos de concesiones ya no se puedan transferir; que se realicen monitoreos independientes y con acceso público a los resultados; que se integre la Consultoría Social del Agua, y que solo se concesione el volumen ecológicamente aprovechable.
Ellos son los que más agua tienen
Para esta investigación también se analizó la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el sistema en el que se encuentran los nombres de personas y empresas que tienen concesiones para utilizar aguas nacionales, y se identificó a quienes tienen el mayor número de concesiones y de volumen de agua autorizado en cada entidad.
Los resultados muestran que hay empresas y personas que tienen a su disposición tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas.
En esa lista destacan las mineras, las embotelladoras de refrescos y agua, las acereras, las cerveceras, las grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, inmobiliarias (que incluso ya están declaradas en quiebra, como Casas Geo) y compañías a las que también se les ha entregado concesiones para la generación de electricidad, a través de la construcción de hidroeléctricas, sin que se consulte a las comunidades sobre estos proyectos.
Entre las mineras que más agua tienen concesionada está Grupo México y sus subsidiarias. Sus concesiones no se han visto revocadas incluso en casos de desastre ambiental, como el ocurrido en 2014, cuando esa empresa derramó 400 millones de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, una catástrofe ecológica que hasta hoy acarrea problemas a los habitantes de la región.
En el sureste del país, entre las empresas que más agua tienen a su disposición están las que se dedican a la siembra de palma africana —que se usa, entre otras cosas, para producir aceite—; la expansión de este cultivo ha provocado problemas de deforestación en aquella región.
En el norte sobresalen grandes compañías agrícolas que, por años, han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de los jornaleros que trabajan en sus campos, entre ellas San Vicente Camalú.
Además, varias de esas corporaciones se han visto beneficiadas con condonaciones de impuestos y subsidios para el campo.
También se ha dado títulos para aprovechamiento de agua a empresas que pertenecen a políticos.
En Tamaulipas, Monteberne es una inmobiliaria que tiene concesiones para uso agrícola y que entre sus accionistas está el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores, procesado por delitos de peculado y lavado de dinero. Monteberne habría sido utilizada para lavar activos.
Y mientras estas empresas y personas no tienen problemas para disponer de miles de metros cúbicos de agua al año, más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, de acuerdo con el INEGI. Y en dos millones 85 mil hogares solo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos.
El mapa de la explotación del agua en México muestra que aquellos con capacidad económica o influencia política exprimen un sistema diseñado para el acaparamiento de ríos y pozos en unas cuantas manos. Es el mapa de una injusticia institucional, donde a lo largo y ancho del país, las comunidades siempre resultan ser las más afectadas.
CRÉDITOS:
Coordinación: Thelma Gómez Durán Investigación: Jennifer González, Mónica Cerbón, Sonia Serrano Íñiguez, Andrea Menchaca, Patricia Mayorga, Aminetth Sánchez, Paris Martínez y Thelma Gómez Durán. Fotografía y videos: Lucía Vergara, Adolfo Valtierra, Nancy Chávez y Mónica Contreras. Diseño: Mariana Hernández y Omar Bobadilla Análisis de datos y desarrollo de visualizaciones interactivas: Daniel Gómez Hernández. Diseño de visualización de datos: Rocío Arias Puga Desarrollo web: Emmanuelle Hernández Solicitudes de información e integración de bases de datos: Vanessa Cisneros, Juan Pablo Hierro y Pablo López. Dirección de Equipo de Periodismo de Investigación de MCCI: Salvador Camarena Dirección de Comunicación de MCCI: Darío Ramírez
Aquí la investigación completa: https://contralacorrupcion.mx/explotadores-agua-mexico/
