La principal organización indígena de Ecuador dio un portazo al diálogo abierto con el gobierno para resolver la violenta crisis por ajustes económicos que deja en una semana cinco muertos y cientos de heridos en manifestaciones.
“Nada de diálogo con un gobierno asesino”, dijo la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en un comunicado firmado por su presidente, Jaime Vargas.
El dirigente, que llamó a “radicalizar las acciones” mediante “bloqueos de vías y las tomas” de edificios públicos, habló también frente a los indígenas que se concentran en un coliseo de Quito.
“¡Vamos a radicalizar con más fuerza, compañeros, y si tiene que denunciar y si tiene que matarme que me maten!”, exclamó Vargas.
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El dirigente lanzó agua fría a la expectativa abierta por el presidente Lenín Moreno frente a un posible arreglo con mediación de la Iglesia católica y Naciones Unidas.
Ecuador quedó enfrentado a una nueva escalada de la crisis tras una semana de violentas manifestaciones, que además de dejar víctimas sumieron en el caos a Quito e interrumpieron el transporte de crudo por el principal ducto del país.
La Defensoría del Pueblo informó de cinco civiles muertos, incluido un dirigente indígena, desde el inicio de la protesta el 2 de octubre. Ocho policías también están en poder de militantes de la Conaie en el coliseo donde hierven los ánimos contra el gobierno.
En un mensaje transmitido por radio y televisión, el secretario general de presidencia, José Briones, habló apenas de dos muertos y denunció el secuestro de uniformados. Aun así “reiteramos nuestra disposición al diálogo siempre en el marco de la paz”, señaló el portavoz.
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Un sector castigado
Los pueblos originarios encarnan el descontento social por las reformas económicas que impulsa Moreno en el marco de un programa de millonarios créditos destinados, según él, a salvar de la “debacle” a la dolarizada economía ecuatoriana tras años de “derroche, endeudamiento y corrupción” en el gobierno de su antecesor y exaliado, Rafael Correa.
Entre los ajustes está la eliminación de los subsidios al diésel y la gasolina, lo que disparó las tarifas hasta en un 123%.
El presidente Moreno, que llevó la sede del gobierno a Guayaquil acosado por las manifestaciones, estuvo el miércoles por unas horas en Quito para seguir el curso de las conversaciones antes de regresar al puerto ecuatoriano.
Los indígenas, que representan el 25% de los 17.3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una escalada inflacionaria.
El miércoles la Conaie mostró músculo con una multitudinaria marcha sobre Quito, la agobiada capital ecuatoriana que lleva más de una semana sin clases ni transporte público, y con el comercio restringido.
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Grupos de trabajadores y jóvenes, algunos encapuchados, que apoyan la protesta, se enfrentaron a piedras, palos y bombas incendiarias con la fuerza pública, que respondió con gas lacrimógeno.
Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público bajo el estado de excepción que impuso Moreno apenas comenzaron las protestas.
En una semana de protestas, el gobierno también da cuenta de 766 detenidos. La Cruz Roja por su parte ha atendido a 122 heridos.
El bastón del gobierno
Unos 74,000 militares y policías han sido desplegados en medio de esta crisis que castiga a la ya vapuleada economía ecuatoriana.
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En la Amazonía la ocupación de pozos por manifestantes obligó a paralizar el transporte de petróleo a través del principal ducto, que bombea el 68 % de la producción nacional (531,000 barriles por día).
Aun así, Moreno resiste respaldado por el mando militar, las gremios económicos más poderosos y la derecha política a la que se acercó después de romper con Correa, devenido en su mayor adversario político.
El presidente tuvo un respiro después de que también miles se congregaran el miércoles en Guayaquil, el fortín de la derecha de Ecuador, para rechazar las violencia en las protestas.
Autoridades y dirigentes presentes en esa concentración evitaron endosar un apoyo directo al presidente, pero entre los manifestantes el mensaje fue claro: “Las medidas son duras, pero esto le debía haber correspondido al (pasado) gobierno de Rafael Correa, que no lo hizo”, dijo Geovanni Molina, un jubilado de 68 años.
