En el periodo de 2012 al 2017, la Fiscalía General del Estado inició ocho averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuáles a la fecha sólo dos han concluido con sentencia condenatoria por explotación sexual, según datos del informe Diagnóstico sobre la situación de la Trata de Personas en México 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior lo informó la directora general del programa de Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Yuriria Álvarez Madrid, quien agregó que en ese mismo lapso se logró la imputación de 19 personas por trata de personas, en su mayoría hombres.
“Muchas veces las víctimas de trata son utilizadas para captar a otras víctimas, son utilizadas para ser las que cuidan a las otras víctimas, y muchas veces son procesadas como victimarias”.
De igual manera, se contabilizaron 21 víctimas: 16 mujeres y cinco hombres, principalmente por trata de personas en su modalidad de explotación sexual. La mayor parte, fueron menores de edad, lo que significa una problemática en constante incremento en la entidad.
“El número de niñas y niños que están siendo víctimas de trata de personas va aumentando, afectando esencialmente a las niñas (…). De las mujeres, tres son adultas y 13 menores de edad, que es un dato muy alto”, dijo.
A nivel nacional, el 70% de las víctimas de trata de personas están vinculadas con la explotación sexual, siendo las mujeres y niñas las principales afectadas (95%). Por otra parte, en explotación laboral, los hombres y niños representan el 53%, mientras que el resto son mujeres.
El 76% de las investigaciones por este delito se concentran en cinco estados de la República: Chiapas, Baja California, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.
Según las investigaciones de la CNDH, del 2012 al 2017 se abrieron 2 mil 701 carpetas de investigación por trata de personas en México, de las cuáles se dictaron 858 sentencias, y de ellas 562 fueron condenatorias.
Aguascalientes es una de las 16 entidades de la República que cuentan con una ley armonizada en materia de trata de personas, sin embargo siguen existiendo carencias en materia presupuestal y de infraestructura para atender la situación, como por ejemplo, la falta de una fiscalía especializada y de refugios para las víctimas, añadió.
“No nos reportan que exista una fiscalía especializada ni refugios o casas de medio camino especializados para personas víctimas de trata de personas. En casi todo el país se reporta que tienen una fiscalía o una unidad que atiende el tema de trata, ese es el asunto, pero en muchos casos son tres ministerios públicos con un ayudante y a eso ya le nombran que es una fiscalía, pero de eso a que sean efectivas es otra cosa”.
Yuriria Álvarez lamentó que en los últimos años no se hayan destinado recursos para el fondo de apoyo a víctimas de trata de personas a nivel federal, lo que deja en un estado de vulnerabilidad a las personas afectadas por este delito.
“En el diagnóstico que hicimos verificamos que a nivel federal no había recurso etiquetado para el tema del fondo de atención a víctimas de tratas de personas, que desde el 2012 no ha tenido un peso, a nivel local tampoco se la ha dotado en el fondo que tienen, incluso la Auditoría Superior de la Federación ha emitido un reporte muy interesante donde señala que no se ha dotado de recursos a estas entidades que atienden la trata de personas”, comentó.
Por lo anterior, la integrante de la CNDH destacó la necesidad de establecer estrategias interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno para prevenir la trata de personas.
“A veces creemos que las fallas están en la procuración de justicia pero ¿dónde están los municipios?, ver si están pidiendo las licencias para los lugares, pedirles si están haciendo las verificaciones, es decir, todo el entramaje que hay antes de la procuración de justicia, también ¿dónde está la vigilancia, los policías capacitados?”.
Actualmente, a nivel federal las penas por trata de personas van de los cinco a los 10 años de prisión para los tratantes, con la posibilidad de incrementarse hasta los 40 años según el tipo de explotación hacia las víctimas, según el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.
