Lo que sucede en el estado de Baja California, donde la legislatura próxima a concluir ha decidido regalar un bono extra al próximo gobernador, para que, en lugar de dos, permanezca cinco años en su cargo es un temerario atentado contra los principios de certeza y seguridad jurídica.
No obstante lo burdo de la maniobra, conviene recordar que no se trata del primer caso que en nuestra historia política sucede algo así. En un suceso similar, en el año 2016, se reformó el artículo cuarto transitorio de las disposiciones transitorias del decreto por el que, a su vez, reformaban diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Resultado de ello, se estableció que, de los siete entonces nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciaban funciones el 4 de noviembre de ese año, dos concluirían su mandato a los siete años posteriores al nombramiento; dos más a los ocho años, y los tres restantes a los nueve años, modificando así los periodos originalmente establecidos,m que eran por menor tiempo.
De esta manera, dos magistrados electos originalmente para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, durarán en su encargo hasta el 31 de octubre de 2023, y dos magistrados designados para el periodo comprendido del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, durarán hasta el 31 de octubre de 2024.
Nada mal para los entonces nuevos magistrados, ver crecer de un plumazo sus horizontes de permanencia en el puesto para disfrutar del poder y de los salarios por más tiempo del que originalmente habían previsto.
Lo más grotesco de aquella maniobra legislativa es que se realizó una vez culminado el proceso mediante el cual fueron seleccionados los magistrados. Nótese el símil con la extensión del periodo que ahora le obsequian los legisladores bajacalifornianos al próximo titular del Ejecutivo estatal: una vez que ha culminado el proceso electoral, viene la modificación de dos a cinco años.
Las coincidencias entre un evento y otro resultan sorprendentes y manifiestas. En ambos casos, tanto en el de los magistrados federales como en el del gobernador estatal, las reformas por las cuales se extendieron los respectivos periodos se hicieron a toro pasado, una vez que ya habían culminado los procesos mediante los cuales los funcionarios fueron electos.
En el caso del gobernador de Baja California, la jugarreta resulta aún más indecorosa, puesto que, a diferencia de los nombramientos de los magistrados federales, aquí si se involucra la voluntad popular. No es lo mismo una elección formal de funcionarios en la que solo intervienen órganos del Estado, que una elección decidida con base en la participación ciudadana popular.
Se trata, pues, en el caso de Baja California, de un inconcuso y patético fraude en contra de la voluntad popular y la democracia. Cabe preguntar si el resultado habría sido el mismo si el pueblo hubiera sabido que votaba por un gobernador para dos años, o si lo hacía para uno de cinco. Asumiendo que el resultado podría haber sido el mismo, por lo menos el ciudadano tenía el derecho a estar enterado e informado de los alcances de su sufragio.
De tal suerte, la voluntad popular ha sido trastocada al alterarse las condiciones mismas de la elección, las reglas del juego fueron cambiadas ex post y sin justificación alguna. Es de esperarse que la sociedad civil de aquel estado fronterizo se niegue a condescender con esa burda simulación y ejerza su derecho a manifestarse y a atacarla jurídicamente.
Por otro lado, llama la atención que la nueva reforma electoral federal que se está gestando desde el Congreso de la Unión, no registra una sola mención referida a la integración y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Cuando se hace referencia a todo lo malo que los legisladores encuentran en cuanto al entramado electoral nacional y local, particularmente, en contra de los organismos electorales locales, ningún reparo hay por lo que respecta a los magistrados de la Sala Superior y Salas Regionales federales.
No dejan de brotar las “casualidades” entre un tema y otro. De alguna manera, los magistrados y magistradas electorales federales habrán de conocer sobre los recursos que eventualmente se interpongan en contra de la ampliación del ejercicio del gobernador de Baja California. Abordarán el asunto no obstante que ellos y ellas fueron beneficiarios de una medida muy similar a la que ahora tendrían que juzgar.
El conflicto es patente, ¿acaso echarán abajo un acto semejante al que, en su momento, a ellos y a ellas les benefició? Veremos qué resulta de todo esto. Por lo pronto esto sin duda es un precedente. Ya se les ocurrió y ahora a ver si además de estos nefastos ejemplos no surgen en otros estados, otras instancias, otros poderes, similares aberraciones. Así esta absurda realidad.
