En los últimos dos años, el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes indica un avance en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y acceso a la información, al pasar de un 69.75% a un 86.71% en las disposiciones comunes y específicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
Hace unos días, la organización civil “EQUIS, Justicia para Mujeres”, presentó un informe sobre el status de cumplimiento de los poderes judiciales en sus obligaciones de transparencia y de acceso a la información, a través de un protocolo de 10 indicadores.
En el caso del Poder Judicial de Aguascalientes, las principales carencias fueron la falta de difusión de las sentencias consideradas como de interés público, la falta de presupuesto para el área de transparencia, así como de acciones para fomentar la transparencia proactiva y mecanismos de participación ciudadana.
Los datos recabados en el informe corresponden al año 2017, año en el que prácticamente todos los poderes judiciales resultaron reprobados en una escala de 0 al 100% de calificación, siendo los mejor posicionados: Yucatán (47.5%), Chihuahua (45%) y San Luis Potosí (45%); Aguascalientes obtuvo una calificación del 0%.
Sin embargo, desde entonces en el Poder Judicial del Estado se han tomado algunas acciones para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de ley, según se da a conocer mediante un boletín informativo.
En el caso de la transparencia proactiva, se ha implementado un boletín mensual con las actividades desempeñadas por el Poder Judicial del Estado en materia jurisdiccional y administrativa.
Asimismo, se suscribió un convenio de colaboración en materia de transparencia con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) en relación a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), con el objeto de promover la cultura de la transparencia y apertura gubernamental.
También se instauraron micrositios web de Oficialía Mayor, en los que se exhiben la información contable, presupuestal y programática del gasto, además de justicia alternativa e Instituto de Capacitación.
En materia de mecanismos de participación, durante la gestión de la magistrada Gabriela Espinosa Castorena se han establecido espacios y esquemas para fomentar la comunicación entre la autoridad judicial y los ciudadanos, implementando cursos, seminarios y talleres dirigidos a la comunidad jurídica y al público en general, con el fin de difundir criterios y actualizaciones sobre la impartición de justicia.
Avanza acceso a la información en Poder Judicial
Otro de los indicadores contemplados en el informe de “EQUIS, Justicia para Mujeres” es la accesibilidad y la garantía del derecho a la información.
En este rubro, el Poder Judicial ha incrementado su nivel de cumplimiento en los últimos dos años, al avanzar de un 69.75% a un 86.71% en las disposiciones comunes y específicas que señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, añade el documento.
Durante 2018, el Poder Judicial del Estado recibió 308 solicitudes de información, de las cuáles se atendió el 100%. De esa cantidad, únicamente en seis se promovió un recurso de revisión, de los cuáles cuatro se concluyeron satisfactoriamente, mientras que en los dos casos restantes los ciudadanos interesados se desistieron del procedimiento.
En lo que va del 2019, se han recibido 106 solicitudes de información, de las que 97 han sido concluidas. Sólo en un caso se interpuso un recurso de revisión, el cual continúa pendiente.
Para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, el Poder Judicial mantiene habilitadas cinco formas de contacto: Plataforma Nacional de Transparencia, Plataforma Estatal SISAI, Dirección electrónica de transparencia, página web del Poder Judicial y atención por escrito ante la Contraloría Interna.
En el caso del presupuesto destinado a la Unidad de Transparencia, se informó que se cuenta con los recursos humanos y materiales para dar cumplimiento al derecho a la información de las personas físicas y morales que soliciten información sobre el Poder Judicial, aunque no se especificaron los recursos aplicados durante el año en curso, ya que dicha área pertenece a la Contraloría Interna, quien maneja su propio presupuesto.
Publicación de sentencias de interés público, aún pendiente
En el último punto, referente a la publicación de las sentencias de “interés público”, el Poder Judicial del Estado aún se mantiene en rezago, ya que si bien, hay un apartado en su portal web para la publicación de las sentencias, aún no se cuenta en el estado con un esquema de lineamientos para definir el “interés público” de las mismas.
No obstante, se indica en el boletín informativo que se está trabajando en la conformación de lineamientos generales que puedan aplicarse a las sentencias para que puedan ser publicadas, sin que se afecten los datos personales y el derecho a la privacidad de los actores involucrados en ellas.
“En éste rubro en particular, es menester señalar que al hablar del derecho de acceso a la información, tenemos en contrapartida el derecho a la protección de datos personales, por lo que las versiones públicas de sentencias clasificadas como de interés público, deben recibir un tratamiento especialmente cuidadoso que sea respetuoso pero también haga efectivas ambas garantías”, concluye el documento.
