La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) comenzará un proceso de investigación para identificar a los responsables de las irregularidades señaladas en la auditoría realizada al gobierno municipal de Guanajuato y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Simapag), en la que se dieron a conocer irregularidades como los 5.5 millones de pesos recibidos por la familia del empresario Jorge Antonio Rodríguez Medrano, dueño de TV Guanajuato.

Newsweek Guanajuato habló con el activista y abogado, Roberto Saucedo Pimentel, quien ha sido uno de los principales impulsores de esta auditoría, junto con el periodista Arnoldo Cuéllar y la activista y líder del grupo “Las libres”, Verónica Cruz.

Saucedo Pimentel explicó que, tras detectar las aparentes irregularidades que se llevaban a cabo entre la administración municipal, el Simapag y particulares, Cuéllar, Cruz y él presentaron una petición ante el Órgano de Fiscalización Superior con el fin de realizarles una auditoría excepcional.

“Lo que hicimos fue documentar las posibles irregularidades entre la empresa Telecom y la empresa de Jorge Antonio Rodríguez Medrano (Guanajuato TV8, TV libertad y TV Independencia), en una serie de contratos que se hicieron con el municipio de Guanajuato y el Simapag. Estas anomalías consistían en que se le habían dado contratos, y por tanto dinero, a toda la familia Rodríguez Rocha”, aseguró el activista.

“Además se denunció la omisión de cobro por casi 10 años de la empresa dueña de estos canales, Telecom Nacional”, continuó.

Una vez hecha la petición, y tras un análisis de la información recibida, el Órgano Fiscalizador Superior autorizó la auditoría excepcional, la cual tuvo una duración aproximada de un año. Concluido el ejercicio evaluativo, la ASEG emitió una serie de observaciones.

Siguiendo el protocolo y en respeto al derecho de audiencia, la Auditoría notificó a los sujetos fiscalizados, la administración municipal y el Simapag, las observaciones realizadas, dando un plazo para solventar cada una de ellas. Una vez terminado ese plazo, se determinó que las observaciones realizadas por la ASEG no fueron solventadas ni por la administración municipal ni por la paramunicipal.

“La mayoría de las observaciones quedaron sin solventar; es decir, hay pagos realizados sin que existan contratos, sin que existan testigos que comprueben que se cumplió el objeto del contrato. Tampoco se contrató bajo las mejores condiciones; aquí fueron directos los contratos y sin evidencia de que realmente se hayan concretado o hayan sido las mejores opciones”, aseguró el abogado.

“En lo que corresponde al cobro de la deuda de empresa cablera, no había ni un solo registro de que en 10 años el municipio de Guanajuato haya intentado cobrar por el uso de la vía pública mediante la colocación de cable”, subrayó.

Identificar a los responsables

El siguiente paso fue mandar ante el Congreso local la auditoría realizada, el cual se encargó de dictaminar y aprobar las observaciones que marca la ASEG.

“El día 4 de junio fue aprobado. Esto se traduce en que ya es una información pública y ya todos podemos tener acceso a lo que se encontró; esa resolución en esta etapa ya es inatacable y se regresa la auditoría, ya no para seguir indagando, sino para investigar posibles responsabilidades”, detalló Saucedo.

El activista explicó que en este momento comienza un proceso de investigación que tiene como finalidad determinar y ubicar a los responsables de estas irregularidades, tanto los servidores públicos, como los particulares involucrados en la realización de dichos contratos.

Una vez identificados, se definirá si se trata de una responsabilidad civil, que consistiría en una demanda ordinaria civil por responsabilidad; una denuncia penal, por algún delito contra la administración pública; o bien, una responsabilidad administrativa, que se tramitaría ante la contraloría municipal.

Saucedo Pimentel informó que una sola conducta apreciada en las irregularidades podría encontrarse en estos tres tipos de responsabilidades. Además, mencionó que al entrar en esta etapa de investigación es necesario seguir coadyuvando con la ASEG en la medida de lo posible para la determinación de la responsabilidad.

Al ser cuestionado sobre si la empresa a cargo de Rodríguez Medrano pueda ser vetada, Roberto Saucedo respondió que depende de la conducta que asuma el señalado, pues, de no resarcir el daño al erario público, puede ser apto para el veto.

“En este caso ya nos iríamos a las leyes especiales, que son el Código Civil y el Código Penal, las dos leyes establecen la reparación del daño. En el caso de la responsabilidad civil, si se determina que sí es procedente que reintegre cierta cantidad y no lo hace, entonces los tribunales sí tienen la facultad de ordenar la ejecución forzosa de la sentencia, y puede ir desde el embargo e incluso se le puede intervenir la administración de su canal”, aseguró el activista.

Pimentel también mostró la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción del estado pueda adentrarse en el caso, pero señaló que solo será así si el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato presentan una denuncia ante la Fiscalía.

La deuda millonaria: un caso aparte

Durante la entrevista, el abogado y activista dejó en claro que, aunque van de la mano los temas del adeudo de empresas cableras y la falta de cumplimiento de contratos por parte de la familia Rodríguez Rocha, es necesario aclarar que son casos distintos.

Detalló que, según los cálculos, la deuda por el uso de la vía pública para la colocación de cableado asciende a 115 millones de pesos, cifra equivalente a aproximadamente el 25% del presupuesto en un año para el municipio de Guanajuato.

Mencionó que lo que se necesita investigar es por qué los servidores públicos “se cruzaron de brazos” durante 10 años sin cobrar dicha deuda, lo que consideró como abuso de autoridad.

Por otra parte, se encuentran los contratos que recibe la familia Rodríguez Rocha, y afirmó que no solo es con los canales televisivos, sino que también, con los hijos del matrimonio, una de las nueras e incluso con la madre, Silvia Rocha.

“Los contratos van desde una botarga, diseño de páginas web, campañas de difusión, spots, charlas, conferencias y cursos. Se adaptan a sus capacidades y obviamente esto no es ético, porque nadie puede ser un todólogo”, dijo Pimentel.

¿Daño moral o desmantelamiento?

En cuanto a su postura ante la denuncia que interpuso Rodríguez Medrano contra de él y el periodista Arnoldo Cuéllar por un supuesto daño moral, Roberto Saucedo aseguró que ellos simplemente dieron a conocer hallazgos que, gracias a la auditoría, hoy están confirmados.

“¿Cuál daño moral? Si aparte de que tenemos el sustento documental y de investigación de todo lo que afirmarnos, el día de hoy es una autoridad (ASEG) la que valida todo lo que nosotros dijimos”, puntualizó.

Roberto Saucedo afirmó también que en este proceso no cabe la posibilidad de no dar con los responsables, pues mencionó que las irregularidades están muy bien ubicadas.

“Lo que se tiene que indagar es si hubo algún exceso por parte de los servidores públicos en otorgar contratos que sabían que no se debían firmar, y, en el caso de la familia, de no haber cumplido sus contratos, hay que devolver el dinero”, insistió.

Pimentel señaló que es probable que este proceso no concluya antes de que termine esta administración, pues asegura que en Guanajuato los procesos tienen una duración aproximada de un año y medio o dos.

“Pero los ciudadanos no estamos sujetos a este calendario. Simplemente, si al final del trienio continuamos aquí, en este mundo, pues seguiremos insistiendo con los que vengan”, indicó el activista y abogado.

Para que la ciudadanía también alce la voz

Para finalizar, el abogado guanajuatense anunció que no va a parar hasta que se dé una resolución al tema, pues con ello espera que los ciudadanos sigan su ejemplo y alcen la voz ante posibles casos de corrupción.

“Para nosotros, que estamos demandados, Arnoldo y yo, es impensable bajar la guardia y es impensable rendirnos en esta etapa. Hemos soportado calumnias, difamaciones, ataques”, reiteró.

“No estamos ni siquiera imaginando una posibilidad de llegar a un arreglo con este hombre. Tendremos que irnos hasta las últimas consecuencias, porque lo que pase con este asunto va a sentar un precedente. Si logramos obtener una sentencia que nos absuelva y que señale que estamos en la libertad de seguir haciendo nuestra actividad de denunciar, creo que esto va animar a la ciudadanía, a que también por su cuenta cualquier persona haga lo mismo”, concluyó.