Con la colaboración de Jonathan Rubio
León, Gto., 21-05-2019
Esclarecer el número de personas desaparecidas o no localizadas en Guanajuato se presenta como una tarea irrealizable. Las más de 6 mil personas que fueron registradas por la Fiscalía General de Justicia como “no localizadas” de 2015 a 2018, distan mucho de los 10 casos reconocidos formalmente como “desapariciones” o los 11 casos que han sido judicializados por el Poder Judicial Estatal.
Durante el mismo periodo, la Base Histórica de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene registradas 621 personas desparecidas.
A este desajuste en las cifras se suman las complicaciones que surgen en la clasificación de este delito, el cual se extiende como herida abierta a lo largo del territorio nacional. Las discrepancias entre los números de los registros oficiales y los casos que se encuentran en el limbo de los asuntos sin resolver aumentan la incertidumbre y la frustración de aquellos que guardan la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas, en México existen tres tipos de desapariciones: 1) ‘forzada’, en cuya acción opera alguna autoridad del gobierno; 2) ‘cometida por particulares’, generalmente atribuida al crimen organizado, y, finalmente, 3) bajo el título de ‘no localizados’, asignada a aquellas personas cuyo paradero se desconoce y no hay indicios de la intervención de terceros.
En la entidad, el pasado 9 de abril de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 71, el acuerdo 3/2018 para crear la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada, constituida a través del acuerdo 3/2018. En el cargo fue nombrada Yolanda Ramírez Domínguez, quien saltó a la escena pública por la defensa en la agresión ocurrida a la reportera Karla Silva.
Los casos de la Fiscalía
Entre los pocos casos reconocidos por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato –ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato–, se encuentran en el registro cuatro indagatorias sustanciadas por el tipo penal ‘cometida por particulares’: dos casos en Irapuato, uno en León y otro más en Salamanca.
Es decir, del 2013 a la fecha únicamente en cuatro casos se reconocieron indicios de desaparición por acción de terceros, y en los que ya se ejecutó una acción penal. Aparte se tiene registro de seis indagatorias por ‘desaparición forzada’ del 16 de noviembre de 2013 hasta mediados de marzo del presente año.
La primera de estas ‘desapariciones forzadas’ fue consignada a la Fiscalía en el año 2016; posteriormente se presentaron tres más en 2017, y dos en 2018. El 91% de los desaparecidos eran del sexo masculino, de los cuales, el 46% tenían entre 30 y 40 años; el 36% tenía de 20 a 30 años y 18%, más de 41 años.
Estos delitos se denunciaron en los municipios de Villagrán, Manuel Doblado, Salamanca,
Apaseo el Grande y dos casos en Celaya. La dependencia informó que en cuatro de estos casos se determinó la acción penal y dos continúan en trámite de investigación.
La Fiscalía reconoce que no puede brindar rasgos particulares de los desaparecidos, pues no tiene sistematizada la información. Además, señaló que, en caso de tenerla, no la entregaría, pues «se trata de datos personales y se lo impide la ley».
Los casos del Poder Judicial
Según los datos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, existen ocho casos de ‘desaparición forzada’, de los cuales en uno se declaró incompetencia, otro recibió sentencia en proceso abreviado, uno más sentencia en juicio oral; tres están en etapa de investigación, y dos más no tuvieron vinculación a proceso.
En lo que concierne a la ‘desaparición por particulares’, la autoridad judicial solo indica la existencia de tres casos: uno en el que se negó la orden de aprehensión, otro en el que no hubo vinculación a proceso y otro más en proceso de investigación, según la respuesta a las solicitudes de acceso a la información que se realizó a esta instancia gubernamental.
Fue apenas hace dos años cuando se conoció por primera vez un caso de desaparición
forzada a manos de exagentes de la entonces Policía de Salamanca. La sentencia fue objeto de apelaciones por parte del gobierno municipal y éstas no han prosperado.
Así, el Poder Judicial informó que tiene registro de 11 causas ingresadas por los delitos de ‘desaparición forzada de personas’ y ‘desaparición cometida por particulares’ en un periodo que abarca del primero de septiembre del 2011 al 28 de febrero del presente año.
De las 11 carpetas por delitos de ‘desaparición forzada’ y ‘a manos de particulares’, dos tienen sentencia condenatoria, uno de ellos bajo procedimiento abreviado, y en seis casos existe emisión de auto de vinculación.
Fue el juzgado de oralidad penal de Celaya el que procesó seis casos: cinco por el delito de desaparición forzada y uno en manos de particulares. Salamanca registró un expediente por desaparición en manos de particulares y otro por desaparición forzada. Los municipios de León, San Francisco del Rincón y Apaseo el Grande registraron cada uno un expediente por delito de desaparición forzada, mientras que en Irapuato, entre los años 2016 y 2018, se procesó un caso por delito de desaparición en manos de particulares.
En cuanto a los casos ocurridos en Celaya, el primero tuvo fecha de entrada del 22 de septiembre del 2016, pero un día después se declaró incompetencia y se declinó al Juzgado de Oralidad de Apaseo el Grande. Fue hasta el 21 de diciembre de 2017 cuando se resolvió una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.
El segundo expediente por delito de desaparición forzada procesado en el juzgado de oralidad de Celaya ingresó el 28 de julio de 2017 y se dictó sentencia condenatoria el 23 de octubre de 2018. El tercer caso en este municipio ingresó el 8 de octubre de 2017 y un día después se dictó auto de salida.
El cuarto caso se registró el 18 de diciembre de 2017 y aún sigue en proceso. La quinta carpeta se registró el primero de mayo de 2018, pero unos días después, el 4 de junio de ese año, se determinó la no vinculación a proceso.
El único expediente por delito de desaparición cometida por particulares se registró el primero de junio de 2018. Casi un mes después, el 30 de julio de ese año, el juez determinó una negativa a la orden de aprehensión.
Finalmente, en Salamanca ingresó al juzgado de oralidad penal una carpeta por delito de desaparición forzada el 27 de abril de 2018, aunque se determinó no vinculación a proceso el 5 de septiembre de ese año. Por el delito de desaparición en manos de particulares, el expediente ingresó el 9 de noviembre de 2018 y el 24 de enero de 2019. El juez dictó no vinculación a proceso.
Personas ‘no localizadas’: la gran mayoría
En contraste con las cifras anteriores, las personas que han sido catalogadas como ‘no localizadas’, en respuesta a la solicitud de acceso a la información (folio 02099818), la PGJEG indicó en diciembre del 2018 que fueron 2 mil 660 casos los registrados entre enero y noviembre de ese año. De enero de 2016 hasta el corte del mes de diciembre de 2018, sumaban 6 mil 829 personas.
Del total de ‘no localizados’ que se registraron de 2016 a noviembre de 2018, una cifra de 3,550 personas (51.9% del total), son jóvenes que tenían una edad máxima de 20 años al momento de su desaparición.
El segundo lugar lo ocupan las personas en un rango de edad de los 21 a los 30 años, con el 21.75%; seguido de un 12.84% de personas en un rango de edad que oscilaba entre los 31 y los 40 años.
El 2.80% de los no localizados son adultos de entre 51 y 60 años, mientras que los adultos mayores representaron el 3.63% del total. Asimismo, la Fiscalía señala que Irapuato, León y Celaya son los tres municipios con mayor número de denuncias por desaparición o no localización.
Al referirse al destino que tuvo cada caso de personas ‘no localizadas’, la Fiscalía se limitó a indicar que el 93.1% ya obtuvo una “determinación ministerial”, sin especificar si ésta se refiere a su localización o al “re-encarpetamiento” del caso. Sobre el 6.9% restante indicó que sigue en proceso de investigación.
Víctimas sin respuesta
Más allá de las cifras, la constante en Guanajuato son los testimonios de las familias de desaparecidos, las cuales denuncian la falta de información, el encubrimiento y el desinterés por parte del Ministerio Público para esclarecer los casos.
Por ejemplo, han pasado casi tres años desde que, a Cirilo Flores -cargador y despachador en una frutería de la Central de Abastos de León-, de 36 años de edad, unos sujetos lo “levantaron” a plena luz del día en una camioneta Explorer color verde, de acuerdo con el testimonio de su vecina, quien presenció este hecho en la comunidad de San José del Resplandor, en León. El presunto levantón ocurrió el sábado 19 de mayo del 2016 alrededor de las 15:00 horas, y desde aquel día la familia Flores no tiene pistas del paradero de Cirilo, quien tendría ya 39 años.
El poblado rural del Resplandor se encuentra ubicado a tan solo 13 minutos de la Subprocuraduría de Justicia de la Región ‘A’, justo frente al lugar donde trabajaba Cirilo. De acuerdo con el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, únicamente 1 mil 249 personas habitan en este lugar.
Desde el momento de la desaparición de Cirilo, la dinámica de la familia Flores dio un giro drástico. Su esposa, Rosa María Calderón distribuye su tiempo entre el trabajo y la búsqueda. Sus dos hijas, Rosa Isela y Diana, se vieron obligadas a dejar la escuela, pues ahora ayudan a su madre trabajando y siguiendo rastros que se desdibujan con el transcurrir de los días.
«Nunca hemos tenido resultados ni respuestas de las autoridades o la Fiscalía. Incluso ella (Maura Cervantes, mamá de Cirilo) ha ido a preguntar, pero nada. Ya al último se portaban groseros. Yo me pasé a retirar. Yo dejé el tema en las manos de Dios, no así de las autoridades… Ahora trabajamos para vivir. Nos estamos enseñando a vivir con todo esto, y ya él descansará. A mis hijas les ha dolido mucho», expresó tajante Rosa María.
En cambio, Maura Cervantes, madre de Cirilo, sostiene que no pierde la esperanza de encontrarlo. «A mi hijo se lo llevaron», asegura.
Data Cívica: cifras hasta 2017
Por su parte, la organización civil Data Cívica documentó a nivel nacional la desaparición de mujeres y hombres hasta el 31 de octubre de 2017, tomando en cuenta la base de datos del entonces Registro Nacional de Personas Desaparecidas e incluyó aquellos casos que se reportaron de forma anual.
Guanajuato comenzó sus registros el 20 de septiembre de 1984 con la desaparición de Jesús Cisneros Vargas, de 56 años, en Irapuato, pero fue hasta 2007 cuando los casos se multiplicaron.
La cifra repuntó en 2015: en ese año se reportaron 88 personas desaparecidas. En 2016 se fue casi al doble, con 136 desaparecidos. En 2017, año del cierre de este ejercicio documental, se reunieron 158 casos.
La plataforma de Data Cívica documentó el nombre de cada persona desaparecida, así como su municipio de origen y, en algunos casos, su fotografía. Al final de la recopilación de datos reflejó una cifra total en Guanajuato de 566 personas desaparecidas. De ellas, 457 eran hombres y 109, mujeres.
Registro Nacional: cifras hasta abril de 2018
Tras la promulgación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en noviembre de 2017, se creó la Comisión de Búsqueda de Personas.
En esta Comisión recayó la responsabilidad actualizar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas que, hasta abril de 2018, correspondía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, hasta la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas no ha publicado información más reciente sobre el particular.
En un comunicado de prensa del 18 de enero de 2019, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que se encontraba en búsqueda de más de 40 mil personas desaparecidas con un presupuesto de 400 millones de pesos destinados para la mencionada comisión.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), da cuenta de al menos un caso en 37 de los 46 municipios del estado de Guanajuato.
Por mucho, Celaya y León son los que concentran la mayor cantidad de personas desaparecidas: tres de cada 10 personas que hoy se encuentran desaparecidas, fueron vistas por última vez en alguno de estos dos municipios.
De los 615 desaparecidos en Guanajuato que hasta abril de 2018 formaban parte de este Registro (la última cifra con la que cuenta este registro), al 16% se les vio por última vez en Celaya y a otro 13% en León, con 96 y 82 registros de personas desaparecidas respectivamente.
Los municipios de Pénjamo y Apaseo el Alto también ocupan lugares preponderantes de esta lista. En Pénjamo se tiene registro de 43 desaparecidos, lo cual representa el 7% del total estatal, mientras que, en Apaseo el Alto se tiene registro de otros 28 desaparecidos, lo cual representa el 5% del total estatal.
En suma, el 40% de los desaparecidos del estado de Guanajuato, fueron vistos por última vez en alguno de estos cuatro municipios.
A partir de 2007, cuando se registraron 11 desaparecidos y 2008 con otros 11, la cifra comenzó a incrementar junto con los niveles de violencia que desde ese entonces han azotado a todo el territorio nacional.
En 2015 se registraron 81 desaparecidos, sin embargo, en 2016 se alcanzó la cifra de 122; es decir, un incremento de 51%. En 2017 la cifra de desaparecidos continuó incrementado y al cierre de ese año esta cifra incrementó un 36% más, es decir, 166 desaparecidos más.
De esta manera, casi la mitad (288 personas) de las personas desaparecidas que se vieron por última vez en Guanajuato, se registraron entre 2016 y 2017.
Violencia y desapariciones
Uno de los indicadores que es comúnmente usado para representar el nivel de violencia es la tasa de homicidios dolosos. Este tipo de delitos ha incrementado en Guanajuato desde 2015 (año a partir del que se tienen cifras comparables).
Sin embargo, el incremento que más llama la atención se dio en 2018: en ese año se registraron 2 mil 609 homicidios dolosos, esta cifra fue superior por 141% al número de homicidios que se registraron en 2017, cuando se registraron mil 84 casos.
De acuerdo con las cifras disponibles del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el número de desaparecidos comenzó a incrementar dos años antes de que se desataran los niveles de violencia en Guanajuato.
Como ya se mencionó, en 2016 se registró que el número de desaparecidos creció un 51%, ya que pasó de 81 en 2015 a 122 al cierre de 2016; hacia 2017 el número de casos creció 36 por ciento.
Tomando en cuenta el número de homicidios y el de desaparecidos en relación con el número de habitantes de cada municipio de Guanajuato, se tiene que el municipio más violento es Santiago Maravatío.
En este municipio la tasa de homicidios en 2017 (último año para completo con el que cuenta información el RNPED) fue de 72.8 por cada 100 mil habitantes, mientras que la de desaparecidos fue de 29.1: ambas tasas son las más altas que en ese año se registraron en todo el estado.
En Jerécuaro, tasa de desaparecidos de 2017 fue de 22 por cada 100 mil, mientras que la de homicidios en ese mismo año ascendió a 23.9, la doceava más alta del estado.
Otro caso que destaca es el de Apaseo el Alto, cuya tasa de desaparecidos fue de 20.3 por cada 100 mil, la tercera más alta del estado, en tanto que su tasa de homicidios en 2017 fue de 39.8, la cuarta más alta de Guanajuato.
También en 2017, Yuriria tuvo la tercera tasa de homicidio más alta del estado con 42.3 por cada 100 mil habitantes, al mismo tiempo, la tasa de desaparecidos fue de 7.9, la sexta más alta.
De esta manera, se observa que en gran parte de los municipios guanajuatenses el número de desaparecidos está relacionado con el nivel de violencia. Además, es un hecho que, previo al incremento abrupto de los casos de homicidio, el número de desaparecidos ya se había incrementado también a niveles históricos.
La búsqueda
En agosto de 2016 Maura Cervantes y Rosa María Calderón viajaron a Zacatecas tras enterarse de que habían encontrado 14 cuerpos sin identificar en ese estado. Salieron de Guanajuato para averiguar si alguno de esos cuerpos era el de Cirilo. Su informante era un vidente que le había presentado un sobrino de Maura, y que ofrece sus servicios cerca de la comunidad de La Sandía.
«El vidente me dijo que había soñado con el periódico ‘El Alacrán’ y ese periódico está en
Zacatecas. Entonces me habló y fui. Me dijo: sabes qué, tu hijo está en Zacatecas, pero él ya no está vivo. Él hizo una oración y prendió una vela. Lo prendió y seguimos orando. Me dijo que traía un dolor muy adentro, pero me dijo que mi hijo ya no estaba aquí», relató Maura Cervantes.
El 23 de abril del 2018 en la comunidad de Plan Libertad conocida como ‘El Quemado’, ubicada en San Francisco del Rincón, se encontraron restos humanos debajo de un puente a unos siete kilómetros (casi 16 minutos) de San José del Resplandor. Esa fue de las últimas veces que buscaron a Cirilo.
La señora Maura contó que al llegar al lugar las autoridades ya habían levantado los restos y se los llevaban al Semefo (Servicio Médico Forense) de León. «Nos fuimos atrás de la camioneta, pero ahí me dijeron que fuera hasta el día siguiente».
Guiadas por la desesperación, Maura y Rosa María regresaron al lugar donde se habían encontrado la osamenta por si reconocían algún zapato o prenda de Cirilo.
«Abajo del puente había agua y lodo. Incluso como que los quemaron con ácido porque mi pantalón se llenó de lodo y de esas manchas se rompió. Pero no era Cirilo. Ahí fue de las últimas veces que lo buscamos… Ahora en la zona matan a uno aquí y a otro por allá pero no sabemos nada de mi hijo.
» Ellos son los únicos que revisan la carpeta, pero no me dicen: nos movimos de esta manera o de esta otra. No nos dicen nada», lamentó Maura, quien agregó que en las últimas ocasiones que fue a revisar el seguimiento de la carpeta de investigación, no había indicios de que hubiera al menos un mínimo avance.
Dos años después de la desaparición de Cirilo, Maura Cervantes comentó que las autoridades de la ahora Fiscalía General de Justicia de Guanajuato le tomaron muestras para hacer pruebas de ADN, pero esto se hizo hasta mucho después de que ella levantara la denuncia.
«Esas pruebas las tuvieron que hacer luego luego porque ellos sabían que se llevaron a mi hijo. Fue un levantón y las necesitaban para reconocerlo, pero las pruebas las hicieron hasta mucho tiempo después. No tengo documentos de nada, ni de las declaraciones, ni de las pruebas de ADN».
Entre Guanajuato y Jalisco
El 11 de julio de 2013 Ana Belém salió a laborar a un bar ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco. Una camioneta en la que viajaban ella y sus otros compañeros los transportaba de León a su lugar de trabajo, pero un día no regresó después de su jornada laboral. Tenía 25 años.
Desde entonces Juan Carlos Arenas González, el padre de Ana Belém, no ha parado en su búsqueda y ahora solicita a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, actual gobernador de Guanajuato, que le ayude a encontrarla y que no se desentienda como lo hizo Miguel Márquez.
Al enterarse de la desaparición de su hija, Arenas González presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato con el número de expediente 14498/2013, y otra en la Fiscalía General de Jalisco, con el número de caso 1858/2013. Pasados tres años le informaron de la primera dependencia que no eran competentes, y de la segunda aún no recibe información.
La desesperación, sumada a la falta de claridad en el proceso y la necesidad de encontrar una respuesta para él, su familia y principalmente para su nieta, quien no ha vuelto a ver a su mamá, llevaron al señor Juan Carlos Arenas González a confrontar al exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, y al de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Ambos coincidieron en algo: no había respuesta para la desaparición de Belém.
Recordó que en varias ocasiones acudió a buscar al exgobernador de Guanajuato a eventos públicos. Uno de ellos fue el 21 de marzo de 2017, entonces Márquez Márquez expuso que gran parte de los desaparecidos no son por un tema de inseguridad, sino que en ocasiones son por otra índole y muchos de ellos se «van con la novia o el novio».
La única pista que Juan Carlos obtuvo de la desaparición de su hija ocurrió un jueves 7 de julio de 2016 casi al mediodía, cuando recibió en su domicilio una misiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo el número de expediente: CNDH/1/2016/2683/R, donde se le informó que la visitadora se comunicó con la Agencia del Ministerio Público del Sistema Tradicional en la Delegación Región Norte No. 2 en Los Altos, Jalisco por la desaparición de Ana Belém.
Se le informaba sobre una nueva línea de investigación por la probable muerte de la involucrada, pues se había realizado la detención de una persona vinculada con la delincuencia organizada y quien, supuestamente, declaró ser testigo del rapto y asesinato de la joven. Dicho documento señalaba que el señor Arenas González podía acudir a la agencia para conocer y consultar las averiguaciones previas del expediente. Sin embargo, a la fecha, no ha podido conocer una sola hoja.
Unos días después de recibir la carta de CNDH, el padre de Ana Belém acudió a la agencia de investigación ubicada en Lagos de Moreno. Al llegar al lugar acompañado por periodistas, el personal de la dependencia le dio los informes. Fue en ese momento cuando Juan Carlos se dio cuenta de que el expediente de su hija había sido archivado en una caja rotulada con la palabra «accidentados», y que no estaba con los otros casos de personas desaparecidas. Arenas González recordó que fueron las autoridades de la Fiscalía en Jalisco quienes le solicitaron una muestra de sangre para tener una prueba de ADN y así encontrar a su hija.
Juan Carlos, quien perdió su trabajo por las largas horas diarias que dedica a la búsqueda de su hija y que ahora vende ocasionalmente en algún tianguis, se acercó a la fundación ‘Por amor a ellxs’ que se dedica a la búsqueda de mujeres desaparecidas en Lagos de Moreno, donde ya han sido localizadas fosas y tambos con cadáveres. Su búsqueda ha sido motivo de amenazas de muerte, pero a pesar de ello su labor no se interrumpe. Se mantienen firmes.
No hay registro único ni quejas: ómbudsman
La falta de un registro único y fidedigno de personas desaparecidas en Guanajuato fue admitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (Pdheg). Su titular, Raúl Montero de Alba, aseveró que, de acuerdo con sus atribuciones, solo pueden recibir quejas y acompañar a víctimas.
En una ficha oficial elaborada por la Pdheg se hizo énfasis en la necesidad de “integrar datos precisos sobre las cifras reales que permitan dimensionar el tamaño del problema y establecer mecanismos legales que permitan agilizar la búsqueda de personas por parte de las autoridades competentes”, así como “dotar de autonomía a los órganos responsables de investigar y sancionar los casos de desaparición forzada”.
De acuerdo con esa ficha, se registró durante el 2018 una cifra de 312 solicitudes de apoyo para búsqueda y localización de personas que denominaron como “extraviadas”. No se especificó si en estos casos existe una investigación en curso dentro de la Fiscalía General de Justicia, por lo que no se distinguió si pertenecen a la cifra de ‘desaparecidos’ o ‘no localizados’.
“Bajo este mecanismo de colaboración y vinculación institucional entre los Organismos Públicos de Derechos Humanos y las Fiscalías estatales se difunden las solicitudes de apoyo de las autoridades ministeriales para localizar a personas ‘extraviadas’ dentro del territorio estatal o en otras entidades”.
Entre estos nuevos casos, se indicó en el documento que, entre enero y abril de 2019, se tiene una solicitud de apoyo para la búsqueda y localización de 45 personas.
Al ser cuestionado al respecto, Raúl Montero de Alba se limitó a indicar que al momento no hay quejas de familiares de personas desaparecidas por inacción del Ministerio Público. Incluso aseguró que las limitaciones de la Pdheg hacen inviable su intervención de oficio.
“Nuestra competencia como organismo de derechos humanos son actos administrativos y, en este tipo de acciones, nosotros sí estaremos atentos a que las personas desaparecidas y las autoridades agoten la investigación. Hoy en día, no tenemos ninguna queja en contra de una autoridad estatal por falta de acción o por no atender la situación de búsqueda y localización de estas personas”.
Aun así, sostuvo que están actuando y dimensionando la complejidad de estos delitos.
“Pónganse a pensar en un padre o en una madre que no sepan dónde están sus hijos; no es un tema menor, es un tema preocupante en el que hay que generar todos los acuerdos transversales para sumar esfuerzos para que las personas regresen a su casa”, concluyó.
Fotografías: Alfonsina Ávila
