Lejos de su ADN original, el PAN vigente en Guanajuato se ha convertido en un enemigo de derechos fundamentales de los ciudadanos

El Partido Acción Nacional, gobernante en el estado de Guanajuato desde 1991, parece adentrarse en una lógica de decadencia y descomposición política, visible en varias de sus prácticas, pero sobre todo en una que lo evidencia como pocas: el intento de controlar a los medios y de someter las opiniones independientes y críticas, bien por la vía de la censura, bien por la del ataque personal y el intento de desprestigio.

Qué lejos, pero también qué cerca estamos de ese 1991.

Lejos porque el PAN de entonces, representado por Vicente Fox Quesada, por Carlos Medina Plascencia, que luchaba por abrirse paso ante la maraña de intereses de los medios de comunicación de la época para hacer llegar su mensaje, no tiene nada que ver con el PAN de hoy, más hijo del PRI que del Maquío.

En 1988, las clases medias del país conocieron las duras críticas de Manuel Clouthier al sistema priista gracias a la circulación en videocasetes de una entrevista del empresario sinaloense realizada por el periodista Guillermo Ochoa, en un horario matutino de bajísima audiencia.

En 1991, Vicente Fox debió aporrear la puerta de las estaciones de radio de Guanajuato para que le dieran cortísimas entrevistas dentro de su campaña política a la gubernatura y solo unos cuantos radiodifusores lo hicieron, temblando de miedo por la posible pérdida de la concesión a manos de la Secretaría de Gobernación.

En ese mismo año, la invitación de un grupo de universitarios a Fox para acudir al edificio central de la UG provocó otro terremoto. Las consultas entre el rector Luis Felipe Sánchez y el gobernador priista Rafael Corrales Ayala condujeron a la decisión de no impedir la entrada del candidato panista, pero abrirla para todos los demás contendientes.

El resultado lo podrán imaginar: la única visita que estuvo repleta con asistentes orgánicos, como les llamaríamos hoy, fue la del empresario leonés; la de Ramón Aguirre Velázquez debió ser reforzada con acarreados y las restantes pasaron sin pena ni gloria.

Y estamos también cerca de 1991, porque el miedo que entonces exhibía el PRI a la crítica, la disidencia y a todo lo que significara un distanciamiento o un rechazo del “pensamiento único tricolor”, hoy lo vemos internalizado en el PAN de este 2019 en Guanajuato.

Los ataques a la prensa por parte de los gobernadores panistas no son nuevos. Quizá los primeros antecedentes vengan de la gestión de Juan Manuel Oliva, que primero envío a su secretario de gobierno Gerardo Mosqueda a “responder” las críticas de por lo menos dos medios de comunicación, A. M. y el Correo, lanzando insultos a sus directivos: “faunos rastreros” nos llamó el funcionario a Enrique Gómez y a quien esto escribe y agregó que escribíamos “pendejada tras pendejada”.

Ese fue el primer aviso. El ataque en toda regla ocurrió contra A. M. cuando el gobernador Juan Manuel Oliva y su directora de Comunicación Social, Juana de la Cruz Martínez Andrade, suspendieron toda la publicidad gubernamental, incluyendo dependencias autónomas e incluso algunos municipios, a ese medio de comunicación, decidiendo que el presupuesto se puede usar como un fondo privado al contentillo del gobernante en turno, sin reglas ni rendición de cuentas.

Ese PAN, de Oliva, Mosqueda y Martínez, ya estaba a años luz del que habían llevado al poder los Fox, los Medina, los Romero Hicks.

Márquez recayó en las andadas, sobre todo a través de su último vocero, el periodista defeño Enrique Avilés Pérez, quien adoptó la táctica de premiar a los medios que se subordinaban a sus deseos y castigar a los que marcaban distancia y se mantenían críticos.

Pero no solo eso. Por primera vez en Guanajuato, el presupuesto de prensa se utilizó para contratar empresas fantasmas, en una clara línea de desvío de recursos públicos, algo que permanece impune hasta la fecha y que ni siquiera está siendo investigado. Además, un medio de comunicación que publicó esas irregularidades, Zona Franca, fue objeto de una auditoría fiscal nunca suficientemente explicada.

Diego Sinhue Rodríguez, junto con su equipo millenial y con la asesoría de la misma funcionaria que opera desde los años de Juan Manuel Oliva, Juana de la Cruz Martínez, está cruzando otros límites. Incluso, se ha permitido “tirar línea” a los reporteros de la fuente de gobierno que lo abordan, como es tradición, al final de los actos oficiales: “¿ya saben de qué no deben preguntar, verdad?”, les espetó hace unas semanas, en una actitud que ya registraron organizaciones como Artículo 19.

Además del uso de la publicidad para orientar líneas editoriales, comprar ocho columnas en los medios y frenar críticas, ahora también establece una línea de persecución pública a periodistas y defensores de derechos humanos que resultan incómodos para el accionar gubernamental.

La reciente oposición a la decisión de designar a Carlos Zamarripa como Fiscal General de Guanajuato (El #fiscalmáscarnal de México), ha derivado en un consistente hostigamiento a través de redes sociales en contra de algunos de los activistas que participaron en el movimiento Fiscalía Que Sirva.

Un caso es el del académico y activista Raymundo Sandoval, perseguido por persistentes troles en Twitter y también denostado por columnistas que transparentemente se han convertido en voceros del régimen dieguista.

Un tuit descompuesto del activista Sandoval donde ofendía a una diputada panista con un meme, ha sido utilizado para montar en su contra una ofensiva, contrastando el insulto, del que por cierto ya se ha disculpado ante sus seguidores y ante la propia afectada, con su postura de defensor de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Desde luego, como cualquier persona que se equivoca y que lo hace en el espacio público, Raymundo Sandoval o cualquier pueden ser objeto de censura, de crítica y hasta de escarnio, de eso van las redes sociales y el que se lleva, se aguanta.

Pero una cosa es la interacción normal entre individuos con ideas, filias y fobias distintas, y otra muy diferente la actuación concertada de agentes del estado que se mueven bajo el paraguas de recursos públicos para atacar a un individuo y tratar de mermar su prestigio o su actitud crítica. Y ante eso estamos.

En estos días se define la integración de representantes ciudadanos al Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato. Raymundo Sandoval, junto con periodistas y defensores como Verónica Espinosa, Verónica Cruz, Carlos García, Alberto Martínez y Patricia Rodríguez, están buscando un lugar en ese consejo el cual para funcionar con plena representatividad, necesitará presencias independientes, pues de lo contrario sería otra simulación.

No es remoto pensar que la calculada ofensiva lanzada contra el también catedrático universitario tiene que ver con un intento de inhibir sus posibilidades de acceder a un asiento en dicho órgano. Tampoco está muy lejana la causa de ese encono, que no sería tanto el malhadado tuit, como la actitud crítica hacia el fiscal carnal, por cierto defendido en forma expresa por el periodista que encabeza la ofensiva contra Raymundo Sandoval.

En Guanajuato no se ha avanzado un solo centímetro en la regulación de la publicidad oficial, no obstante que el tema viene siendo discutido a nivel nacional y local como un imperativo para modernizar y transparentar las relaciones entre los medios y el gobienro. mostrando que este panismo degradado que nos gobierna ya no tiene la energía para renovarse.

Sin embargo, el hecho de que agrave el control de la prensa y de la opinión pública mediante estrategias represivas que utilizan perfiles falsos de redes sociales y columnistas orgánicos, exhibiría una escalada mayor contra la libertad de expresión solo explicable en términos de una fuerza política que hace mucho que perdió la iniciativa y ya solo defiende jirones de poder.