De cara a la pobreza y a las carencias en las que aún viven miles de coahuilenses, es imperante que la justicia social ocupe un lugar central en las políticas implementadas por este gobierno y los que habrán de venir. Sin duda, todavía falta mucho por hacer.
Cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó en 2007 al 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social reconoció que esta, junto al desarrollo social, es «indispensable para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad» y que, al mismo tiempo, se requiere de «paz, seguridad y respeto para todos los derechos humanos y libertades fundamentales» para que el desarrollo y la justicia social sean atendidas.
De este modo, el organismo admitió «la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos».
Sin duda, el Estado mexicano aún se encuentra muy lejos de garantizar el bienestar y la justicia social a toda su población: más de 53 millones de mexicanos viven en pobreza, 1.9 millones no tienen empleo, 30.6 millones laboran en la informalidad y 32.9 millones viven con vulnerabilidad por carencias sociales, entre las que se encuentran el acceso a los servicios básicos de educación, salud y vivienda.
En ese contexto, Coahuila no es la excepción. Por ello, y en el marco de esta conmemoración, presentamos los retos a los que se enfrenta nuestra entidad.
Viviendo entre carencias
Aunque las cifras oficiales evidencian que, en comparación con la medición de 2014, en 2016, Coahuila registró una disminución del 16% en el número de pobres (casi 140 mil coahuilenses menos en situación de pobreza), la población vulnerable por carencias sociales incrementó en 6 por ciento.
Paralelamente, la población vulnerable por ingresos aumentó en 20%, es decir, en 2016 se sumaron cerca de 66 mil 382 coahuilenses al grupo de personas cuyos ingresos son insuficientes para adquirir alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes u otros servicios de consumo habitual.
Asimismo, creció en 1% el número de personas con rezago educativo, de modo que para 2016 había un total de 370 mil 729 coahuilenses en esta condición (poco más de 4 mil personas adicionales a las que había en 2014).
Lo que debe subrayarse es que en nuestra entidad este indicador se mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2008, cuando, de acuerdo con las estimaciones del Coneval, 370 mil 989 coahuilenses estaban en rezago educativo.
Finalmente, creció el número de personas que viven con carencias en su vivienda, ya sea por la calidad de los materiales de construcción y por los espacios con los que dispone (6% más que en 2014, es decir, 9 mil 435 personas más con esta vulnerabilidad) o por la falta de uno o más servicios básicos (1% más, cifra que representa a mil 104 personas más en esta situación).
Vivienda digna: un derecho que no es para todos
La última medición de la pobreza evidenció que en Coahuila, el 5.2% de la población vive con alguna carencia relacionada con la calidad y los espacios de su vivienda, lo que representa a 155 mil 561 coahuilenses.
De ellos, poco más de 31 mil habitan en viviendas con pisos de tierra, 8 mil en viviendas con techos de material endeble y 6 mil 900 con muros de material endeble, además, hay 119 mil personas que viven en hacinamiento.
A nivel municipal, esta carencia alcanzó, en 2015, al 15.9% de la población de Jiménez, al 11.5% de la de Guerrero, al 11% de la de Sierra Mojada y al 10% del municipio de Cuatro Ciénegas.
Adicionalmente, en 2016, en la entidad había 164 mil 906 personas que vivían con alguna carencia por acceso a los servicios básicos en su vivienda: 75 mil 600 sin acceso al agua, 102 mil 900 sin drenaje, 5 mil 100 sin electricidad y 19 mil 100 sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.
Únicamente en 11 de los 38 municipios que conforman la entidad, el indicador está por debajo del promedio estatal, que es de 5.5%. Destaca el caso de Torreón donde solo el 1.9% de su población tiene esta carencia; en contraste, en Jiménez, Escobedo y Viesca, el indicador alcanza el 27.9, 24.9 y 20.2 por ciento, respectivamente.
Por su parte, los datos de la Encuesta Intercensal aportan información sobre la disponibilidad de sanitario en las viviendas de los coahuilenses. De acuerdo con ello, el 1% de las viviendas particulares habitadas (8 mil 172) no dispone de servicio sanitario y entre las que sí disponen, 2.5% (20 mil 376) usan letrina o pozo.
En 26 de los 38 municipios de la entidad este indicador supera el promedio estatal, entre ellos, destacan los casos de Viesca, General Cepeda y Parras, en donde el 6.57%, el 5.96% y el 5.47% de las viviendas particulares habitadas no disponen de sanitario. En contraste, Torreón, Saltillo y Acuña tienen a menos del 0.5% de sus viviendas en esta condición.
Educación, en retroceso
De acuerdo con el Coneval, para 2016, de los 370 mil 989 coahuilenses en rezago educativo, 58 mil 480 tenían entre 3 y 15 años, lo que implica un aumento del 6% respecto de la medición de 2014, cuando había 54 mil 933 niñas, niños y adolescentes que no asistían a la escuela o no habían terminado la educación secundaria.
Ya en 2015, la Encuesta Intercensal del Inegi evidenciaba que el 10.9% de su población entre tres y 14 años no asistía a la escuela (72 mil 093 coahuilenses), apenas 2 puntos porcentuales menos que en 2010 cuando fue de 13 por ciento. Los municipios que registran la mayor inasistencia escolar del estado para este grupo de edad son Jiménez (15.6%), Candela (15.4%) y Ocampo (15%).
En tanto, la inasistencia escolar ascendió a 29% entre quienes tenían entre 15 y 17 años, lo que significa que en 2015, 118,753 niñas, niños y adolescentes coahuilenses no asistían a la escuela o no habían terminado la educación secundaria. Este promedio estatal se incrementa de manera significativa en algunos municipios de la entidad, tal es el caso de General Zepeda y Muzquiz en donde se registra una inasistencia escolar de 43.6 y 41 por ciento.
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo con datos del Inegi, en Coahuila la tasa neta de matriculación[1] para el periodo escolar 2017/2018 fue de 97.8% en primaria y 84.2% en secundaria; ambas por debajo de las registradas a nivel nacional, de 98.6 y 84.4%, respectivamente, y de 66.1% en educación media superior.
Por otro lado, pese a que nuestra entidad es la quinta con mayor grado educativo en el país (9.90, que equivale a prácticamente al primer grado de educación media superior), hay grandes desigualdades en el ámbito municipal.
Mientras Torreón, Saltillo, Monclova y Ramos Arizpe superan el promedio estatal, con 10.58, 10.56, 10.44 y 9.99 años de escolaridad, respectivamente, 11 municipios no solo están por debajo de la media, sino que además ni siquiera alcanzan los 8 grados.
Destaca el caso del municipio de Jiménez en donde el indicador (6.97) es incluso menor al registrado en el estado de Chiapas (7.29), que es la entidad con el valor mínimo alcanzado en el país.
La fractura del empleo
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo «la búsqueda de justicia social ofrece a cada hombre y a cada mujer en el trabajo la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades su justa participación en las riquezas que han contribuido a crear».
No obstante, en nuestro país, el mundo del trabajo está fracturado: millones de personas se encuentran desempleadas o en la informalidad, y quienes sí cuentan con un empleo deben enfrentar condiciones de precariedad, como la falta de acceso a un salario digno o a prestaciones económicas y sociales, como es el caso de la seguridad social.
En Coahuila, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) había 66 mil 118 coahuilenses desocupados, lo que representa al 4.6% de la Población Económicamente Activa de la entidad; con ello, nuestro estado registró la segunda tasa de desocupación más alta del país, después de la de Tabasco que fue de 7.3 por ciento.
En total, Coahuila concentra una fuerza laboral activa de 1.3 millones de personas, de las cuales, 465 mil 710 (36%) laboran en condiciones de informalidad. Apenas dos puntos porcentuales más abajo que el mismo periodo de 2017 y 2016, y uno más arriba que el mismo trimestre de 2015. Paralelamente, hay 84 mil 432 personas que pese a tener un empleo tuvieron la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo.
Además, 23% del total de trabajadores subordinados y remunerados —los cuales constituyen el 79% del total de personas ocupadas en la entidad— no cuentan con acceso a instituciones de salud, el 16% carece de prestaciones laborales y el 25% no dispone de contrato por escrito.
Adicionalmente, del total de la población ocupada en Coahuila, 25 mil 862 personas no reciben remuneración alguna por su trabajo (2%), a las que se suman las 454 mil 229 personas que perciben dos o menos salarios mínimos (35%), situación que las coloca por debajo de los umbrales de la pobreza y que contrasta con el 7% que gana más de cinco salarios mínimos.
Sin duda, falta
mucho por hacer. Por ello, frente a la pobreza y las carencias en las que aún
viven miles de personas en nuestra entidad, es imperante que la justicia social
ocupe un lugar central en las políticas implementadas por este gobierno y los
que habrán de venir.
[1] Indicador que muestra el porcentaje de población atendida en un nivel educativo determinado (matrícula total), respecto de la población en edad oficial de cursar ese nivel.
