Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país.

La violación sistemática a los derechos humanos que existe en nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”[2].

La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a actos violatorios de los derechos humanos.

Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

No obstante, en México siguen ocurriendo con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población, e incluso en este sexenio han tenido lugar casos emblemáticos como:

• La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.
• La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte militares, tras un enfrentamiento armado en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
• La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.
• La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.

En Nuevo León también existen casos de violaciones a derechos humanos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas en los diarios de todo el país:

• Las diversas violaciones al trato digno por parte de servidores públicos durante el motín en el Penal de Cadereyta que se registró en 10 de octubre de 2017, con un saldo de 18 internos muertos y 93 heridos.
• Los múltiples ataques, obstaculización o injerencias arbitrarias a la libertad de expresión y de pensamiento: en Nuevo León cada año es asesinado al menos un periodista por el ejercicio de su labor.
• Los diversos casos de tortura por parte de elementos de seguridad y Fuerzas Armadas documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo León

Además de estos casos, en los que se evidenció a gran escala la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.

Los derechos humanos en cifras

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).

Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.

Según este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.

Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.

La situación de Nuevo León

En 2016 se registraron en Nuevo León 3,174 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, es decir, cerca del 2% del total de los casos ocurridos a nivel nacional.

Lo anterior coloca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León en el lugar número 13 como que registró más hechos presuntamente violatorios registrados en todo el país, únicamente por debajo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, donde se concentró otro 2% del total nacional.

Similar a lo que ocurre en el contexto nacional, en nuestro estado el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más fue violentado.

Se trata de casi dos mil hechos violatorios que representan el 61% del total estatal, donde destacaron las violaciones a derechos que se derivaron de 571 detenciones arbitrarias.

De igual forma, las violaciones a los derechos humanos derivados de la de legalidad en el desempeño de la función pública, acumularon 123 casos. Estos hechos están relacionados con la corrupción.

La prevalencia de la corrupción en nuestro estado ya se ha documentado en otros ejercicios estadísticos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental resultó que el 90% de la población neoleonesa mayor a 18 años percibió que la corrupción es frecuente o muy frecuente.

Resulta relevante que el organismo de protección de derechos humanos de Nuevo León califica como “Otra violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal” el hecho violatorio de 27% de los expedientes de quejas que fueron clasificados como presuntamente violatorios (cerca de 853 hechos), lo cual impide que se conozca la naturaleza real de más un cuarto del total de las trasgresiones que se cometieron en el estado.

En el caso de Nuevo León, las trasgresiones que se relacionan con el derecho a la integridad y seguridad personales se ubican en segundo lugar, ya que sumaron 480 hechos violatorios.

Dentro de este apartado, los tratos crueles, inhumanos o degradantes son los de mayor frecuencia: en Nuevo León se registraron 89 hechos que violaron este derecho, mientras que la tortura sumó 175 casos.

Por su parte, las violaciones al derecho a la vida ocuparon el tercer lugar con 389 casos. Aquí se encuentran agrupadas situaciones como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y las omisiones de en la investigación que atentan contra el derecho a la vida.

Desaparecidos

Como se mencionó anteriormente, la violación del derecho a la vida es el tercer más frecuente en nuestro estado. Dentro de esta clasificación, la desapariciones merecen especial atención.

Si bien las estadísticas de derechos humanos solo documentaron la desaparición forzada de tres personas en Nuevo León durante 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante ese año la desaparición de 242 personas investigadas por el fuero común.

A nivel nacional, esa cifra ascendió a 4 mil 525 personas investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.

De acuerdo con ello, durante la última década (entre abril de 2008 y abril de 2018) se registró en el fuero común la desaparición de 2,781 neoleoneses y de 24 en el fuero federal.

Igualdad ante la ley y no discriminación

Las violaciones al de al principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación es el quinto conjunto de derecho que más se transgreden, ya que el organismo estatal de derechos humanos reportó que se cometieron 74 hechos violatorios.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 reveló que, en Nuevo León, el 14% de la población que tiene 18 años y más fue discriminada por algún motivo como el tono de piel, la manera de hablar, su peso o estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, por su clase social, el lugar donde vive, sus creencias religiosas, sexo, edad u orientación sexual.

Las víctimas

El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos. De ese total, 3,174 son neoleoneses, es decir, el 2% del total nacional.

En casos extremos se evidencia que el abuso de la autoridad se manifestó en actos de tortura (175 víctimas), de violaciones al derecho a la vida (382 víctimas) y detenciones arbitrarias (571 víctimas).

La cantidad de quejas que se presentaron ante el organismo de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.

De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html

[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s