El grotesco caso de corrupción de Odebrecht que ha generado investigaciones y sentencias judiciales en diferentes países de América Latina, excepto en México y Venezuela, pone de manifiesto la crisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Su Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, ha logrado imponer su estilo anodino y burocrático, su medianía intelectual y agenda política al resto de los comisionados. Rodeado de escándalos por el fracaso de la denominada “Plataforma Nacional de Transparencia” —que también involucró denuncias por deficiencias e irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación— o por los evidentes compromisos políticos de sus integrantes, como el caso de Ximena Puente, quien abandonó precipitadamente a la institución para convertirse en diputada plurinominal del PRI en las pasadas elecciones, demuestran que los comisionados no cumplen con el requisito de independencia que teóricamente deben tener quienes integran ese organismo. El INAI se ha convertido en un monumento a la opacidad, ha contribuido decisivamente a la impunidad y al retroceso democrático de nuestro país.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparency International, México se encuentra en el lejano lugar 135 al lado de pequeños países no democráticos como Laos y Papúa Nueva Guinea, siendo superado por otras naciones de la región latinoamericana como Chile, que ocupa el lugar 26, Costa Rica en la posición 38, Dominica en el sitio 42, Argentina en el número 85 e incluso, Colombia, que se coloca en el puesto 96. México representa una vergüenza internacional en materia de corrupción. El caso de la constructora brasileña Odebrecht deriva de una investigación del Departamento de Justicia de EU sobre una extensa red de sobornos en diferentes regiones del mundo que ha llevado a prisión a los expresidentes de Brasil, Perú, Panamá, Guatemala y El Salvador, así como al vicepresidente de Ecuador. Junto a ellos, decenas de políticos de alto nivel de Honduras, Uruguay, Colombia, Chile y Argentina quienes han sido acusados, encarcelados o se encuentran actualmente en proceso.
En el ocaso del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto la Procuraduría General de la República se ha destacado por ocultar información sobre el complejo sistema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y ocultar dinero en paraísos fiscales. Presumiblemente los millones de dólares que se entregaron a funcionarios mexicanos fueron utilizados en la campaña presidencial del 2012, por lo que tampoco queda exonerado el actual titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cuya actividad se reduce a la realización de foros y seminarios. Además, contamos con un presuntuoso Sistema Nacional Anticorrupción que no ha funcionado, primero por su deficiente y cuestionada integración “ciudadana” y segundo, por la ausencia del nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Casualmente, horas después de que el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador denunció que la “burocracia dorada” que dirige el INAI durante años nada ha hecho frente a ese escándalo de corrupción e impunidad, milagrosamente la institución ordenó abrir la información relativa a las averiguaciones previas que la PGR mantenía como reservadas. Ha sido necesario el incremento de una opinión pública indignada para que nuestra maquinaria institucional empiece a funcionar. La renovación del INAI es urgente.
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