Del total de nacimientos contabilizados, en 3.54 millones de casos, las mujeres que tuvieron hijos tenían menos de 19 años; esa cifra representa el 20.9 por ciento del total de nacimientos en el país, o dicho de otra manera, uno de cada cinco niños que nacen en México es hijo de una madre menor de 19 años.

Otro dato de sumo interés sociológico es el relativo a que en el 50 por ciento de los casos, las mujeres que tuvieron hijos declararon vivir en unión libre; esto significa que han cambiado radicalmente los patrones culturales en nuestro país, respecto de lo que ocurría hace cuatro o cinco décadas, cuando en la mayoría de los casos, las personas se casaban mayoritariamente, y posteriormente tenían hijos.

Vivir en unión libre puede representar para muchas mujeres la posibilidad de la libertad, es decir, la independencia tanto jurídica, como económica y hasta social que podría implicar estar casadas. Por otra parte, el dato también podría alertar de un estado de “semi-indefención” jurídica, pues podría ocurrir que al no estar unidas en matrimonio, se pueden dar abusos por parte de sus parejas e incumplimiento de responsabilidades jurídicas y económicas respecto de ellas y de sus hijos.

El INEGI proporciona también un dato de alerta: en el 2017 sólo el 86.9 por ciento de los registros oficiales de nacimiento se dio antes de que las niñas y niños cumplieran su primer año de vida; y es que ese indicador implica que hubo 292 mil 659 niñas y niños sin acta de nacimiento.

Esa cifra se une a la relativa al lugar de nacimiento: según el INEGI, el 88.9 por ciento de los partos ocurrió en una clínica u hospital; el 3.9 por ciento, en viviendas particulares; el 1 por ciento, en otro lugar; y el restante 6.2 por ciento, en lugares “no especificados”. Estas cifras coinciden con las relativas a la persona que atendió el parto: en 88 por ciento de los casos fue un médico; en 4.4 por ciento, una enfermera o partera; en 1 por ciento “otra persona”; y en el 6.3 por ciento restante, no se tiene especificado.

A estos datos deben sumarse los recientemente presentados por el Consejo Nacional de Población (Conapo), relativos a la conciliación demográfica 1950-2015, así como a las proyecciones de población hacia 2050. En estos instrumentos se documenta que el país crece en alrededor de 1.22 millones de personas por año; que en 2018 fallecerán alrededor de 745 mil personas y que la esperanza de vida en el país es de 75 años: 77.8 años para las mujeres y 72.15 para los hombres; una diferencia abismal que seguramente encuentra su explicación en la sobremortalidad masculina generada por la violencia, los accidentes y las muertes por enfermedades alcohólicas del hígado.

No está de más decir al respecto que México es uno de los escasos ejemplos en el mundo en el que la conciliación demográfica y las proyecciones de población no las hace la oficina nacional de estadísticas; en este caso, el INEGI, asunto que el Congreso debería tomar en sus manos a fin de llevar la reforma legal pertinente para trasladar esa responsabilidad del Conapo al INEGI.

El estudio serio de la demografía y de las características del territorio es clave para entendernos como país, pero también para diseñar buenas políticas y programas públicos, particularmente aquellos dirigidos a la garantía de los derechos humanos. Es deseable que el gobierno que habrá de iniciar en diciembre tenga claridad sobre el tema, y oriente sus acciones desde esta perspectiva.

@saularellano