El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), busca que se penalicen en México los castigos corporales a menores, con la intención de evitar alimentar la violencia a niños y adolescentes del país.
Su coordinador de vinculación de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA Nacional, Daniel Ponce Vázquez, explicó que diversas organizaciones mundiales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y Onu Mujeres México, están tras la campaña para prohibir lo que también se conoce como “correcciones” de forma física de los padres de familia a sus hijos.
“Es muy preocupante que casi en ningún estado del país está prohibido completamente el castigo corporal, se deja a la discreción de los padres o lo que antes se llamaba el derecho de corrección, que los padres puedan corregir físicamente con violencia a lo shijos y se ve como algo positivo, como un método de auxilio a la educación”, manifestó.
Para estar organizaciones, el castigo corporal se ha minimizado y naturalizado como parte de la educación de los niños en México, sin embargo, lejos de corregir actitudes, permean en los índices de violencia, abuso y explotación de menores en el país, el cual ocupa primeros lugares a nivel mundial en varios delitos en contra de las y los niños y adolescentes.
“México es uno de los primeros países en consumo y producción de pornografía infantil; es el primer lugar mundial de abuso sexual a niños y adolescentes en los países de la OCDE, tenemos el cuarto lugar de turismo sexual infantil; 63 por ciento de los niños dicen vivir violencia física o psicológica; 76 por ciento de las adolescentes dicen vivir violencia en el noviazgo”, nombró.
En el ámbito local, Ponce Vázquez reconoció que el SIPINNA esté cobrando fuerza y relevancia nivel estatal y municipal, y reconoció al proyecto de la Casa del Adolescente -impulsada por el ex gobernador Carlos Lozano- que se ha replicado en varias entidades del país.
Agregó que el siguiente paso la medición de diversos indicadores sobre el estilo de vida de las y los niños y adolescentes del estado, detectar necesidades y vincularlas con las distintas secretarías municipales y estatales
“El mayor reto es que las instituciones públicas se hagan cargo sobre la responsabilidad de velar por los derechos de los niños y adolescentes, porque hay una visión que ha permeado de que los gobiernos están hechos por los adultos y se hacen cargo de los niños y no hay una relación directa de los gobiernos y sus distintas áreas con los menores”.
Algunos indicadores de los que ya se tienen resultados, es en la disminución del trabajo infantil en Aguascalientes, así como el aumento de embarazos de niñas y adolescentes, fenómenos que deben ser analizados y tratados con la mayor premura posible, puntualizó.
