Yuvenil Torres I Pachuca

Sobrepoblación de 35.64 por ciento, falta de médicos, ingobernabilidad y déficit de 106 custodios son parte de los problemas que documentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en los centros penitenciarios estatales.

La capacidad de los 16 sitios de reclusión de Hidalgo es de 2 mil 926 personas; no obstante, se encuentran presas 3 mil 969, es decir, mil 43 más, de acuerdo con el Diagnóstico Penitenciario del primer semestre de 2018.

Según el análisis, la cárcel distrital de Zacualtipán registra un sobrecupo de 200 por ciento y el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, de 88 puntos porcentuales.

El ente autónomo señaló la necesidad de construir un nuevo Cereso en la entidad, que tenga una capacidad mínima para el internamiento de mil 500 personas, a efecto de evitar la sobrepoblación en este tipo de espacios de rehabilitación.

No presentan este problema los centros de Apan, Molango y Tenango de Doria, así como el Centro de Internamiento para Adolescentes, en donde se encuentran purgando una condena 25 jóvenes, pero tiene capacidad para internar a cien.

En materia de gobernabilidad, el estudio observó que en los primeros seis meses de 2018 se presentaron de forma reiterada riñas y agresiones entre reos de Pachuca, Tizayuca, Jaltocán, Tulancingo y Tula, hechos que podrían poner en riesgo la estabilidad de los reos, advirtió la CDHEH en el informe.

Actualmente, 290 custodios laboran en los 16 penales del estado; sin embargo, para vigilar a las 3 mil 969 personas en reclusión, debería haber 396, ya que –de acuerdo con estándares internacionales– se recomienda que exista un custodio por cada diez internos, señala.

En el tema de atención médica, el diagnóstico determinó que, aunque las personas privadas de su libertad deben tener garantizado este derecho, nueve centros penitenciarios no cuentan con un médico adscrito que brinde atención a los presos: Ixmiquilpan, Jacala, Mixquiahuala, Molango, Te-nango de Doria, Atotonilco el Grande, Tizayuca, Zacualtipán y el Centro de Internamiento para Adolescentes.

Además, el Cereso de Mixquiahuala y las cárceles distritales de Tizayuca y Zacualtipán no tienen medicamento suficiente para los reos.

Entre enero y junio de este año, en los espacios penitenciarios locales fallecieron seis reclusos, cinco más que en el último semestre de 2017.

Durante el periodo en cuestión, no se registraron fugas de reos; únicamente un intento de evasión en el Cereso de Tulancingo de Bravo, que fue controlado por las autoridades de la institución.

De enero a junio de este año, 26 personas que purgan una condena presentan padecimientos mentales, es decir, siete más que en el periodo inmediato anterior, explica la comisión.

En los reclusorios hidalguenses, 316 personas de origen indígena cumplen una pena, al igual que 279 mujeres, cifra que representa cuatro personas más del sexo femenino con respecto al segundo semestre de 2017.

Del total de la población femenil recluida, 260 se encuentran presas por delitos del fuero común y 19 por ilícitos del orden federal, detalla la CDHEH.

Además, en los penales estatales, viven con sus madres 24 niños de hasta tres años de edad.

• La CDHEH recomendó, previos estudio y valoración, proceder al cierre de otras cárceles distritales, como ocurrió con las de Zimapán y Metztitlán, mismas que por sus características no cumplían los requisitos para el proceso de reinserción social, aunque no mencionó cuáles.
• También sugirió verificar la gobernabilidad que existe en los centros penitenciarios, mediante la aplicación de protocolos, a efecto de tener una visión sobre las cárceles que presentan o no indicios de ingobernabilidad y determinar las medidas o acciones por aplicar.