La subsecretaría del trabajo ha intensificado las inspecciones laborales en diversos municipios de Guanajuato, realizando entre 230 y 260 revisiones extraordinarias en lo que va del año, informó su titular Marco Antonio Rodríguez Vázquez.

Estas acciones han sido particularmente reforzadas en municipios como Celaya y Tarimoro, donde incluso las autoridades locales han solicitado el respaldo del Centro de Evaluación de la Guardia Nacional y, en otros casos, el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Una inspección no implica una sanción inmediata; se trata de un proceso administrativo que garantiza el derecho constitucional del patrón a ser escuchado. Primero se realiza la cita, luego la inspección, y posteriormente se evalúa si hubo alguna violación a la ley y su gravedad”, explicó Rodríguez Vázquez.

Detalló que este procedimiento puede durar entre 45 y 60 días, e incluye un periodo para que las empresas presenten documentación faltante, cuando sea necesario.

El subsecretario subrayó que las sanciones se determinan con base en el tamaño de la empresa y la gravedad de la falta.

“No se puede sancionar igual a una empresa pequeña que a una gran compañía. Las multas establecidas en la Ley Federal del Trabajo oscilan entre 50 y 5,000 UMAs, lo que podría ser desproporcionado para negocios de menor escala”, puntualizó.

Rodríguez Vázquez agregó que las inspecciones también pueden derivarse de denuncias ciudadanas, las cuales se reciben a través de la línea telefónica 800 821 3600.

“Además de quejas, también hemos recibido sugerencias por parte de los ciudadanos sobre cómo podemos mejorar nuestro trabajo, y muchas de ellas han sido útiles y bien recibidas”, dijo.

En cuanto a las sanciones del año pasado, indicó que se iniciaron siete procedimientos administrativos, algunos de los cuales fueron impugnados por los empleadores.

También informó que hay alrededor de 10 mil asuntos pendientes en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, pero se prevé cerrar los expedientes antes de que concluya 2025, como parte del proceso de transición hacia una sola unidad administrativa en 2026.