El Congreso del Estado de Aguascalientes avanza con una iniciativa para reformar el artículo 158 del Código Penal, a fin de sancionar al personal médico, encargados o administradores de centros de salud que nieguen o retrasen la atención de emergencias a pacientes cuya vida está en riesgo, sin embargo, la propuesta (ya aprobada en comisiones) fue rechazada por parte del gremio médico, quienes advierten sobre una posible criminalización del personal de la salud sin considerar las condiciones reales del sistema. 

Para quien incurra en este delito, la reforma contempla sanciones de 6 meses a 2 años de prisión, multas de 20 a 50 días de salario, el pago por daños y perjuicios, y la suspensión del cargo de 3 meses a un año.

Al respecto, el Colegio de Médicos del estado, a través de su presidenta, Issadora Marmolejo Hernández, emitió un posicionamiento público en el que expresa su preocupación por el contenido de la reforma.

“Manifestamos nuestra firme oposición a cualquier legislación que criminalice injustamente el ejercicio médico, especialmente cuando no se consideran las realidades clínicas, estructurales y logísticas en las que se desarrolla”, señala el comunicado.

Los profesionales de la salud argumentan que problemas como la falta de insumos, la sobrecarga de turnos, la saturación hospitalaria y la escasez de personal responden a decisiones administrativas y presupuestales, no a negligencia médica.

“Solicitamos al Congreso del Estado que suspenda la aplicación del artículo reformado hasta concluir el análisis técnico con esta comisión, y se genere un texto que garantice el acceso a la salud sin vulnerar la integridad de los profesionales”, añadió Marmolejo en el posicionamiento.

Congreso justifica la medida; diputada niega criminalización

Por su parte, la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud y de la Junta de Coordinación Política en el Congreso (Jucopo), negó que esta reforma tenga como objetivo castigar injustamente a los médicos.

“No se está criminalizando. Si tú no te niegas, no estás cayendo en el delito. La negación ocurre cuando desde la entrada no se deja pasar al paciente”, explicó.

Medina reconoció que el tema no fue debidamente socializado con el gremio, pero aseguró que ha habido diálogo reciente.

“Yo ya lo platiqué con la doctora Issadora. Tuvimos una reunión con sus abogados, y la próxima semana tendremos otra. Creo que ya entendieron el alcance real del dictamen”, agregó.

Al mismo tiempo, el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López, reconoció que la propuesta puede generar incomodidad en el sector salud, pero subrayó que el objetivo es garantizar una buena atención médica sin distinción económica.

“Entiendo que se les afecta, pero también entiendo que se estaba dando un tema de prioridad económica, y si no tienes dinero no te atendían, aunque vinieras de urgencia. Es un tema de sensibilidad. Aunque una persona no tenga dinero, tiene derecho a atención de emergencia”, señaló.

Cuestionado sobre la falta de consulta previa a los médicos, Arámbula respondió lo siguiente:

“Desconozco si fueron consultados, pero creo que los diputados estarán en disposición de revisar”, dijo.

También dejó abierta la posibilidad de cambios en la propuesta.

“El Congreso está dispuesto a dialogar, lo mismo que los médicos. Y si se necesita corregir algo, hay caminos para hacerlo”, puntualizó.

¿Y ahora qué sigue?

Tanto los diputados como el Colegio de Médicos confirmaron que continuarán las mesas de análisis para discutir posibles ajustes a la reforma antes de su publicación final. Por ahora, la iniciativa permanece en fase de revisión jurídica y podría ser modificada si ambas partes llegan a acuerdos.

Anteriormente, el sindicato de trabajadores del Hospital Hidalgo también manifestó su preocupación por esta reforma.