La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Guanajuato manifestó su preocupación ante la propuesta legislativa en Estados Unidos que busca aplicar un impuesto a las remesas enviadas por migrantes, una medida que podría afectar directamente a miles de familias guanajuatenses.

Liz Alejandra Esparza Frausto, titular de la dependencia, subrayó la importancia de mantener relaciones diplomáticas sólidas con Estados Unidos ante este tipo de iniciativas, pues la comunidad migrante guanajuatense en aquel país es significativa.

“Estamos atentos, atentas y preocupadas en este tema de esta nueva iniciativa a este impuesto a las remesas de las y los migrantes guanajuatenses y bueno de todos los mexicanos”, declaró.

La funcionaria estatal recordó que actualmente en Oklahoma ya existe un impuesto similar, por lo que el Gobierno estatal sigue de cerca la discusión legislativa estadounidense.

Mientras tanto, destacó que en Guanajuato se han impulsado programas como Apoyo sin fronteras, en el que se invierten remesas para obras comunitarias.

Tan solo en 2024 se concretaron 15 obras con una inversión conjunta de 26 millones de pesos.

Además, Esparza Fraustro informó que, ante posibles endurecimientos de la política migratoria por el cambio de administración en Estados Unidos, se activó el plan de retorno asistido Migrante Quiero, con el que hasta el 15 de mayo se han atendido a 467 personas, de las cuales 237 son guanajuatenses con riesgo de deportación.

México es el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, solo después de India. En 2023, el país recibió más de 63 mil millones de dólares en envíos de dinero del extranjero, de los cuales alrededor del 9% tuvo como destino el estado de Guanajuato, que se ubica entre las tres entidades con mayores ingresos por remesas.

Para muchas comunidades rurales, estos recursos representan su principal fuente de sustento.

La propuesta de gravar las remesas ha resurgido en el Congreso de Estados Unidos en el marco del endurecimiento del discurso antimigrante por parte de sectores conservadores.

Aunque aún no ha sido aprobada, iniciativas similares han avanzado en estados como Oklahoma y han sido usadas como herramienta de presión política.
Especialistas advierten que un impuesto a las remesas no solo afectaría a las familias receptoras, sino también a la economía local en zonas con alta dependencia migratoria.