Integrantes de la Alianza por la Defensa de la Naturaleza Aguascalientes (ADN-A) denunciaron un intento de entorpecer el juicio de amparo contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), mecanismo que regula el desarrollo urbano en el municipio. 

Durante una rueda de prensa, los voceros Alejandro Barrientos y Pavel Castañeda explicaron que la abogada Viviana Paola Pérez Preciado, del despacho Corporativo Blumen, presentó nueve recursos jurídicos sin sustento legal en representación del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio ni firmó la demanda.

Lo anterior, señalan, hizo que el Juzgado Séptimo de Distrito suspendiera temporalmente el juicio de amparo, provocando un retraso que podría facilitar la ejecución de proyectos con afectaciones ambientales.

“No es común que una persona completamente ajena al juicio promueva nueve recursos para intentar intervenir en un proceso donde no tiene participación legítima”, alertó Pavel Castañeda.

El juicio de amparo fue promovido por ADN-A (coalición integrada por organizaciones como Conversa Sur A.C., el Colegio de Ciencias Ambientales y el Observatorio de Violencia Social y de Género) a fin de revocar reformas al POEL que consideran regresivas en materia ambiental, tales como afectaciones directas al humedal El Jagüey y el hábitat de la rana de madriguera, una especie endémica en peligro de extinción.

Entre los principales reclamos del amparo se encuentran:

• La reclasificación de casi 3 mil 500 hectáreas de zonas de conservación a zonas de aprovechamiento urbano, industrial o agrícola.
• La reducción de 200 a solo 20 metros en la distancia mínima de protección entre actividades humanas y áreas naturales.
• La autorización de actividades industriales en sitios ambientalmente sensibles como el Tanque Las Pedrosas, sin diagnóstico previo.
• El riesgo que estas medidas implican para especies como la rana de madriguera (Smilisca dentata), en peligro de extinción y endémica de la región.

Además, señalaron que la consulta pública para aprobar el nuevo POEL fue “simbólica y excluyente”, sin incluir a la ciudadanía de manera efectiva ni considerar aportaciones técnicas de especialistas.

“Estamos preocupados porque esta práctica, que no tiene justificación legal, coincide con un contexto de fuertes presiones inmobiliarias sobre el territorio”, advirtió Alejandro Larios, director de Conversa Sur.

Sobre el caso de La Pona, la Alianza expresó preocupación, ya que temen que existan negociaciones opacas con intereses privados.

“La Pona no se vende ni se intercambia a espaldas de la población hidrocálida (…) exigimos máxima transparencia sobre las negociaciones en torno a La Pona, que se dé a conocer públicamente quién negocia, qué se está proponiendo y con qué criterios”, declaró Pavel Castañeda.

Finalmente, hicieron un llamado al Poder Judicial y a los gobiernos federal, estatal y municipal para que asuman su responsabilidad, se abstengan de simulaciones institucionales y garanticen que no se otorgarán permisos mientras el juicio esté en curso.

“Lo que estamos viendo no son hechos aislados. Hay un patrón: corrupción institucional y uso de recursos legales para favorecer intereses privados. Por eso decimos: el territorio se defiende también en los tribunales”, concluyeron.