La crisis energética en México tiene una nueva coordenada en el mapa del crimen organizado: Tijuana. Un operativo federal desactivó una toma clandestina de hidrocarburo en la colonia Río Tijuana Tercera Etapa, justo sobre el corredor Tijuana–Rosarito 2000, zona con creciente actividad logística e industrial.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con fuerzas del Gabinete de Seguridad Nacional, realizó un cateo el 23 de abril que culminó con el aseguramiento de mil 120 litros de hidrocarburo, seis mangueras de alta presión, 18 coples y diversos implementos usados para manipular y extraer combustible de manera ilícita.
La operación, encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), incluyó la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el equipo de Seguridad Física de PEMEX. El hallazgo no solo apunta al robo de combustible, sino a una infraestructura criminal operando con precisión industrial.
Un problema nacional con escala local
El robo y resguardo ilegal de hidrocarburos es uno de los delitos más lucrativos y peligrosos para la seguridad energética del país. Aunque históricamente asociado al centro y sur de México, el fenómeno ha migrado a zonas fronterizas como Baja California, donde su cercanía con rutas internacionales lo vuelve estratégico.
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El cateo en Tijuana no es un hecho aislado, sino parte de un patrón creciente que requiere atención más allá del operativo inmediato. La seguridad energética, como la territorial, demanda inteligencia, coordinación y voluntad política. N
