De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género en Aguascalientes (OVSGA), la impunidad persiste en el caso de Samantha Fierro, quien lleva más de cuatro años privada de su libertad y denunció haber sido víctima de tortura física, psicológica y abuso sexual por parte de elementos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE).
Pese a las evidencias presentadas y la identificación de un presunto responsable, Mario Arturo “N”, el caso sigue estancado, lo que ha generado indignación en familiares, activistas y organismos de derechos humanos.
Primeramente, el OVSG acusó a la FGE por negligencia y encubrimiento, al no aplicar el Protocolo de Estambul (herramienta avalada por la ONU para identificar víctimas de tortura) en el caso de Samantha, mientras que sí fue aplicado a otros implicados en el caso. Según Mariana Ávila Montejano, presidenta del OVSG, la FGE alegó la existencia de un protocolo anterior de 2019 para justificar esta decisión.
“Diferentes instituciones decidieron no volver a realizar el Protocolo de Estambul contra esta violencia ejercida contra Samantha, mientras que en el caso de dos varones vinculados al mismo evento, sí fue aplicado y con resultados positivos que impulsaron la investigación”, aseguró Ávila Montejano.
Además, el esposo de Samantha, Erick Román, también víctima de tortura, calificó de indignante que el principal acusado, Mario Arturo “N”, continúe laborando en la Fiscalía, armado y cobrando un sueldo público. Asegura que pese a las denuncias por tortura y abuso sexual presentadas desde 2020, la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura no ha avanzado en su sanción.
“No entiendo qué está esperando la Fiscalía. Si ya existen los elementos para actuar, no es necesario que pasen otros cuatro años. Es indignante que la justicia sea selectiva y discriminatoria”, declaró Román.
En ese sentido, el OVSGA presentó un amparo y está preparando una solicitud de indulto para Samantha Fierro y otras tres mujeres en situaciones similares. Tanto los familiares como el Observatorio exigen que el fiscal general, Jesús Figueroa Ortega, se deslinde del caso para permitir un proceso imparcial.
“La justicia no puede seguir siendo un privilegio para unos cuantos. Exigimos un proceso justo para Samantha y todas las víctimas de tortura”, concluyó Mariana Ávila.
