Después de diez años y dos gobiernos frente al caso (Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador), hasta ahora solo se han recuperado los restos óseos de tres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país asolado por la violencia, se ha convertido en emblema de las desapariciones forzadas en México, donde se cuentan más de 100,000 víctimas.
Por lo anterior, los familiares de los normalistas mexicanos salieron a las calles este jueves 26 de septiembre para exigir la verdad en el décimo aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación.
“Una década después aún estamos lejos de conocer la verdad y el paradero de los estudiantes”, comentó Vidulfo Rosales, abogado de las familias.
En punto de las 16:00 horas, los manifestantes comenzaron a concentrarse en el Ángel de la Independencia, cubierto con vallas metálicas, y ubicado en Avenida Reforma, Ciudad de México (CDMX).
“¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue” y “Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!”, fueron algunas consignas lanzadas por los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Guerrero.
La atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables, en un país donde la violencia criminal se ha cobrado más de 450,000 vidas desde 2006, según cifras oficiales.
10 AÑOS DE AYOTZINAPA: “ESTE PRESIDENTE NOS MINTIÓ”
Las familias reclaman al presidente López Obrador por no haber localizado a los estudiantes. “Creemos que este presidente nos mintió. Este presidente nos engañó”, sostuvo María Elena Guerrero, madre de una de las víctimas, en uno de los actos de conmemoración del sombrío aniversario.
Hilda Hernández, cuyo hijo también desapareció, dijo que las autoridades están “tratando de desgastar a los padres y esperando que olviden”. En tanto, López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el proceso de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.
“No existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes”, afirmó este miércoles el mandatario en una conferencia de prensa. Y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.
TERCER INFORME DEL CASO AYOTZINAPA
A unos días de dejar su gobierno para dar paso a la investidura de Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, López Obrador ordenó la difusión del Tercer Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
El documento de 112 páginas hace un recuento de los hechos, desde la búsqueda en campo, los procesos de identificación humana, hasta un subcapítulo con las “razones de impunidad”.
“Los 132 perfiles genéticos que se seleccionaron entre los 1,500 analizados y remitidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero no coincidieron con los perfiles de los estudiantes desaparecidos”, señala una parte del texto.
De igual manera, el informe de la Covaj refiere que de los 868 folios solicitados por los padres y madres de los normalistas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “el gobierno de México ha entregado la totalidad de la información encontrada en los archivos de la Sedena”. Esto incluye 15 folios provenientes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y 70 más relacionados con dichos documentos.
LOS HECHOS
Los estudiantes del colegio Ayotzinapa, una comunidad conocida por su activismo político antisistema, desaparecieron cuando se dirigían en autobuses a una manifestación en CDMX la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, para conmemorar la masacre de varios cientos de alumnos el 2 de octubre de 1968.
Los investigadores creen que los jóvenes fueron secuestrados por un cártel de la droga con la ayuda de la policía local, aunque no está claro exactamente qué sucedió después.
La llamada “verdad histórica” —una versión oficial del caso presentada en 2015 por el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto—fue ampliamente desacreditada, en particular la teoría de que los restos fueron incinerados en un vertedero de basura.
En 2022, una Comisión de la Verdad creada por el gobierno de López Obrador calificó el caso como un “crimen de Estado” y dijo que los militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.
La Covaj estableció que el Ejército estaba al tanto de lo que sucedía y tenía información en tiempo real sobre el secuestro y la desaparición. Además, presentó la hipótesis de que los miembros del cártel atacaron a los estudiantes porque, sin saberlo, habían tomado un autobús con drogas escondidas en su interior. N
(Con información de AFP)
