El 21 de septiembre del año pasado, se registró la explosión de un tanque de gas LP en una tortillería ubicada en el municipio de Jesús María, específicamente en la colonia Agua Clara. El hecho dejó al inicio 12 personas lesionadas, entre ellos menores de edad. Con el paso de los días, se reportó la muerte de varios pacientes, debido a las intensas quemaduras y lesiones.
A siete meses después del accidente, se sigue cuestionando el manejo y la supervisión de los tanques de gas LP instalados en los comercios de Aguascalientes, así como la regulación de empresas gaseras en el estado.
El secretario general de la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla en la entidad, Alfonso Anaya Castro mencionó que se ha detectado esa problemática, no solo en las tortillerías, sino en otras actividades económicas que requieren del gas para su funcionamiento.
“Dentro de la información que nosotros logramos levantar supimos que parte de este problema se debe a una problemática que está surgiendo no solamente en la industria de la masa y la tortilla, sino otras actividades económicas”.
A raíz de la explosión suscitada en Jesús María, apuntó que la asociación decidió obtener información sobre los hechos y las condiciones en las que operaba este negocio. Con ello, afirmó, se encontraron varias irregularidades, como que los trabajadores de la tortillería no estaban asegurados por el propietario y que la proveedora de gas tenía varias observaciones en su operación.
“Inclusive supimos que la empresa que surtía de gas se había retirado porque alcanzó a escuchar, el señor que representa la empresa Central de Gas, ya le habían dicho que hiciera cambios en sus válvulas y no hizo caso, de eso se dio el hecho”, aseguró en conferencia de prensa.
El representante apuntó que se han dado omisiones en la vigilancia y manejo de este tipo de contenedores, pese a que la Ley General de Protección Civil del Estado de Aguascalientes establece que la autoridad debe solicitar a los ciudadanos interesados, los dictámenes de las instalaciones de gas licuado de petróleo, a fin de emitir resoluciones correspondientes en materia de protección civil.
“Hay que señalar inclusive que la Ley de Protección Civil del Estado establece que debe haber un Atlas de Riesgos, nos tiene que indicar todos aquellos lugares donde hay peligro por cualquier tipo de situación que pudiera poner en riesgo a la población”, agregó.
En el mismo sentido, comentó que en Aguascalientes también existen empresas gaseras que operan sin estar registradas y por lo tanto, no están reguladas. Por ello, consideró, será difícil para el gobierno llevar a cabo ese control y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
La asociación estima que en Aguascalientes existen alrededor de 600 tortillerías, de las cuales 180 pagarían sus licencias comerciales a los ayuntamientos.
