La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, autorizó a partir de este jueves 9 de marzo el libre uso de la píldora del día después, un reclamo de agrupaciones feministas resistida por iglesias y sectores conservadores.
“Conmemoramos la lucha histórica de la mujer, firmando el Acuerdo Ejecutivo para libre uso y comercialización de la PAE” (píldora anticonceptiva de emergencia), tuiteó Castro.
La mandataria izquierdista rubricó el decreto respectivo la noche del miércoles, en el Día Internacional de la Mujer, junto al ministro de Salud, Manuel Matheu. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva”, expresó la presidenta de uno de los pocos países de América Latina que prohibía la píldora.
La venta de la píldora del día después estuvo autorizada en Honduras durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), marido de la actual mandataria, pero fue prohibida después de que fue derrocado.
Hoy, #8M conmemoramos lucha histórica de la mujer, firmando con secretario @DrMatheu144 el Acuerdo Ejecutivo para libre uso y comercialización de la PAE. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que es parte de los derechos reproductivos de la mujer y no es abortiva. pic.twitter.com/ELQPTzhfd5
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) March 9, 2023
EL ABORTO ESTÁ PROHIBIDO EN HONDURAS
Durante la campaña que la llevó al poder el 27 de enero del 2022, Castro había prometido autorizar nuevamente el uso de la píldora, que las iglesias consideran “abortiva”. El aborto y el matrimonio igualitario están prohibidos en Honduras.
Paralelamente, el gobierno de Castro tiene reuniones con grupos LGBTI para consensuar una ley que reconozca el derecho de modificar la identidad de género, aunque no hay planes de autorizar el matrimonio igualitario.
De acuerdo con las Naciones Unidas, el número de abortos inseguros podría ser de entre 51,000 y 82,000 por año. Hasta 2021, el país tenía la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes ente los países de América Latina y en zonas rurales, un 30 por ciento. Además, expertas en derechos humanos denuncian que cuantiosos embarazos son producto de violación e incesto en una nación en la que apenas se aceptó la pastilla anticonceptiva.
“La penalización del aborto y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres”, criticaron las expertas.
Conforme a los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, también cuando la vida o salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave. N
