“De niña me prohibían jugar en ciertas zonas y, cuanto más veía a mi tío mutilado” por una mina antipersona, “más me aterraba”, dice Filomena Chico, una joven angoleña que ahora neutraliza decenas de explosivos cada mes. Como esta madre de 27 años, cada vez más mujeres se unen al desminado humanitario para limpiar sus países de minas POMZ-2, TM-57, granadas u otros artefactos que hirieron o mataron a 5,544 personas en 2021, según el Observatorio de Minas.
En 2019, un 20 por ciento del personal era femenino, según una investigación de la organización Mines Action Canada que consultó a 12 ONG involucradas en el desminado. Filomena Chico trabaja en la región montañosa de Benguela para Halo Trust. Esta ONG británica forma y emplea en Angola equipos completamente femeninos para favorecer su “empoderamiento”, a la vez que “desminan y aseguran las tierras”.
En este país arrasado por una guerra civil hasta 2002, el trabajo es exigente. Además del intenso estrés, a menudo hay que recorrer kilómetros a pie para acceder a remotas zonas plagadas de minas e incluso acampar.
“Nos sacrificamos por el trabajo. Podemos estar cuatro semanas lejos de los nuestros”, resume, desde Luena, una satisfecha Ngoie Mulunda, de 34 años, que trabaja en Angola para la oenegé Mines Advisory Group (MAG).
“Como mujeres, nos enorgullece que limpiando el terreno se puedan construir escuelas, pueda volver el ganado y puedan desarrollarse las granjas más grandes”, abunda Filomena Chico.
EL DESMINADO NO ES UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
Limpiar el suelo de minas antipersona “no es una cuestión de género”, sino de emergencia, asegura Lamngeunh, una madre de tres niños, desde Laos. Esta mujer, cuyo padre fue víctima de una mina, forma parte del personal inicial que Handicap International formó y contrató en 2006 y sabe que erradicar los artefactos explosivos tras un conflicto puede llevar tiempo.
Laos es uno de los 164 Estados que forman parte del Tratado de Ottawa de diciembre de 1997 que prohíbe el uso de minas antipersonales y prevé la destrucción de las existencias.
“El número de nuevas víctimas había caído diez veces, pero ha vuelto a aumentar desde 2015”, lamenta Anne Héry, de Handicap International.
Esta ONG, junto a otras organizaciones, busca animar a los Estados miembros, reunidos de lunes a viernes en Ginebra, a redoblar esfuerzos para luchar contra estas “armas de cobardes”, aumentado la financiación —en 2021, cayó un 7 por ciento respecto a 2020—.
Actualmente, 33 países miembros terminaron de limpiar su territorio de minas, una veintena más debería hacerlo para 2025, “pero sabemos que sólo un puñado de estos podrá respetar este plazo”, según Héry.
“El principal obstáculo (…) es la falta de financiación”, apunta Chris Loughram, de Halo Trust, en un contexto en que el uso de artefactos explosivos improvisados se generalizó en conflictos recientes como Ucrania o Birmania.
“Son más peligrosos. Cada artefacto artesanal necesita un proceso y herramientas diferentes. A veces se necesitan dos horas para elaborar simplemente un plan de acción”, explica Salwa Khider Murad, desde Sinjar.
Cuando la organización yihadista Estado Islámico (EI) invadió en 2014 esta ciudad del noroeste de Irak, feudo histórico de la minoría yazidí, esta mujer huyó. En 2016, con 21 años, se unió a MAG como desactivadora de minas para entrar en una Sinjar desertada por sus habitantes y ocupada por el EI, donde los artefactos podían estar escondidos en autos, frigoríficos, ventanas e incluso peluches.
Seis años más tarde, miles de refugiados no pudieron regresar todavía a sus casas, una situación que le da fuerza “como mujer” para “luchar contra el EI” y continuar las labores de desminado. N
