Entre el 1 de marzo de 2011 y el 31 de marzo de 2021, 306.887 civiles murieron en la guerra que tiene lugar en Siria. La estimación más alta hasta ahora de las muertes relacionadas con el conflicto en el país, según un nuevo informe publicado este martes por la oficina de la ONU para los derechos humanos.
“Las cifras de víctimas relacionadas con el conflicto que figuran en este informe no son simplemente un conjunto de números abstractos, sino que representan a seres humanos individuales“, dijo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado.
“El impacto del asesinato de cada uno de estos 306.887 civiles supuso un efecto profundo y reverberante en la familia y la comunidad a la que pertenecían”.
El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, documenta en detalle 143.350 muertes de civiles. Se han utilizado técnicas estadísticas de imputación y estimación de sistemas múltiples para conectar los puntos sobre la información que falta.
Con estas técnicas, se evaluó la existencia de otras 163.537 muertes de civiles, lo que da el nuevo y crudo cálculo.
UNA MUERTE VIOLENTA CADA DÍA DURANTE ESE DECENIO
“La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de la ONU en materia de seguimiento y documentación de las muertes relacionadas con los conflictos es esencial para ayudar a estas familias y a estas comunidades a establecer la verdad, buscar responsabilidades y soluciones eficaces” dijo Bachelet. “Este análisis también dará una idea más clara de la gravedad y la escala del conflicto”.
El informe desglosa los datos de las muertes documentadas, incluyendo la edad, el género, el año, la provincia, los probables responsables y el tipo de arma utilizada.
La estimación de 306.887 se traduce en una media de 83 civiles que sufrió una muerte violenta cada día durante ese decenio. Lo que representa “un asombroso 1,5 por ciento de la población total”, según el informe.
El informe expone los desafíos que plantea el registro de víctimas durante un conflicto, más allá del riesgo inmediato para quienes intentan acceder a los lugares de los ataques.
“Cuando los agentes de la sociedad civil llevan a cabo el registro de víctimas, estos esfuerzos pueden poner en riesgo a los propios investigadores. También se enfrentan a múltiples retos en su labor de documentación, como el colapso de sus redes habituales de información. Ya que las personas están en movimiento, desplazadas o en zonas donde hay una interrupción general de la información.
“El acceso limitado o insuficiente de los datos móviles, internet y la electricidad para recoger y transmitir los datos son también un reto. Así como las limitaciones en sus desplazamientos y la vigilancia”, señala el informe. N
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