A dos días de las votaciones presidenciales en Colombia y sin auditoria internacional al software del conteo, los candidatos ponen a la paz en el centro del debate.
Esta vez se comprometieron a reiniciar negociaciones con el ELN. Que se ha convertido en la última guerrilla reconocida del país y en expansión tras el último fracaso de las conversaciones.
“Hay que recuperar el camino desandado. Cumplir los acuerdos ya firmados por el Estado”, propuso el izquierdista Gustavo Petro, quien encabeza todas las encuestas. Esto sucedió durante un encuentro entre aspirantes a la presidencia.
Petro hacía referencia a los diálogos de paz que inició el presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) en Cuba y que su sucesor Iván Duque rompió tras el brutal atentado a una escuela de la policía que dejó una veintena de muertos y fue reivindicado por esa guerrilla a comienzos de 2019.
Sin cerrar la puerta a las conversaciones, Federico Gutiérrez, segundo en intención de voto, supeditó cualquier negociación a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La organización armada declaró un alto al fuego para dar “tranquilidad” durante los días previos a las elecciones del 29 de mayo.
AUTORIDAD Y EL CONTROL TERRITORIAL
“Si demuestran esa voluntad de paz, cuando gane la presidencia nos sentamos a definir unos términos”, anticipó Gutiérrez, aspirante por una coalición de fuerzas afines al oficialismo.
Sergio Fajardo, profesor de matemáticas y quien aspira por segunda vez a la presidencia con una alianza de centro, se declaró “dispuesto a liderar” un proceso de paz con el ELN. Si muestra cuál es su “disposición real” y bajo la premisa de que “lo que está firmado está firmado”, en alusión a esos protocolos internacionales.
Pero Gutiérrez cuestiona a sus rivales: “Es muy fácil para un diplomático, en una embajada tomando whisky en un sofá, con aire acondicionado, hablar de que se cumpla lo que está en el papel”.
Petro, Gutiérrez y Fajardo validan el acuerdo que desarmó a la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. Pero se distancian en cómo enfrentar al narco que escala la violencia en el país con organizaciones como el Clan del Golfo y las disidencias que se apartaron del histórico pacto.
Mientras Gutiérrez prioriza “la autoridad y el control territorial” para dar golpes militares y financieros a esas organizaciones, Petro proyecta debilitarlas. “Quitándoles el poder político, poder sobre la población” y ofreciéndoles una inédita “política de sometimiento colectivo” a la justicia.
“JORNADA ELECTORAL SE HACE INVIABLE”
Las elecciones del domingo tendrán lugar en medio de un rebrote de la violencia que azota a unos 290 de más de 1,100 municipios del país, según la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).
Esta semana también la justicia electoral de Colombia confirmó que los comicios presidenciales del próximo 29 de mayo no contarán con una auditoria internacional al software encargado del conteo. Una garantía exigida especialmente por la campaña del candidato izquierdista Gustavo Petro.
Contratar la auditoría, “a pocos días de la jornada electoral, se hace inviable”, dijo a medios Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“No ha habido un compromiso de Estado para sacar eso adelante, pero por eso instamos a los partidos políticos a que asuman su responsabilidad también”, explicó Pérez.
“Nombren sus testigos” y “hagan trabajar a sus auditores para que no haya duda de que se garantizarán las elecciones”, solicitó a los colectivos de cada campaña. Ello ante una decisión que, asegura, “no afecta el proceso electoral”.
102,152 MESAS DE VOTACIÓN
Entre tanto, el encargado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, anunció que la entidad que organiza los comicios cuenta con su propia veeduría.
“Nosotros respondemos por nuestra auditoría para las elecciones del domingo, la firma McGregor la está trabajando correctamente”, citó la cuenta de Twitter de la entidad.
A partir del miércoles llegaron al país “todas las misiones de observación internacional”, agregó Vega.
La Registraduría también extendió hasta el viernes el plazo para que los partidos postulen a los testigos electorales en las 102.152 mesas de votación. Ello como parte de un plan estatal de garantías.
La campaña de Petro, favorito en las encuestas, le había exigido el 17 de mayo a la Registraduría una auditoría externa del software de las presidenciales, ante las inconsistencias del conteo preliminar en las recientes legislativas que, en principio, restó votos a la coalición que lidera el izquierdista.
“Era una garantía adicional que, parece ser, no se va a dar”, dijo en un video divulgado en redes sociales el jefe de debate de la campaña izquierdista, Alfonso Prada.
PETRO LIDERA LA INTENCIÓN DE VOTO
“El gobierno giró (los recursos) tarde, no le dio a este tema la importancia debida”, enfatizó Prada.
El propio CNE solicitó la auditoría independiente a comienzos de abril y el proceso había avanzado hasta la asignación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y la presentación de cinco proponentes, según Vega Rocha.
Aunque el voto es manual en Colombia, los resultados son procesados y transmitidos a través de dos programas digitales diseñados por contratistas privados.
Varias organizaciones civiles han cuestionado la transparencia de estos programas y piden revisar su código fuente.
Petro, senador y exguerrillero de 62 años, lidera la intención de voto para la primera vuelta. Aunque sin el apoyo suficiente para evitar el balotaje el 19 de junio.
El exalcalde de Medellín (2016-2019) Federico Gutiérrez, candidato por la coalición de partidos de derecha, sería su rival en segunda vuelta, según las encuestas. N
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