“La represión calculada del gobierno de Nicolás Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución”, sentencia Amnistía Internacional en un nuevo informe.
La organización global dio a conocer este martes su informe “Represión calculada: correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela”. En el texto se establecen indicios sobre el funcionamiento de la represión, actores clave y la dinámica de represión que se ha seguido “por años”.
“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“Nuestra investigación muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos. Esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución. Esto debe ser investigado por la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Marianna Romero, directora general del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), afirmó que “documentaron cómo las campañas de estigmatización han sido la base de la política represiva y de criminalización en Venezuela”.
Este análisis mostró que, mientras en 2019 la correlación general entre ambas variables era de 29 por ciento, en 2020 aumentó al 42 por ciento. En tanto, el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 por ciento.
“Desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los derechos humanos. Esto se hizo a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales.
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“Con esta investigación se evidencia cómo la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno. A su vez, deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado”.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones.
Hay una correlación más estrecha (de 74 por ciento) en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de inteligencia (Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN).
En 2020 la correlación fue con los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Lo anterior incluye a las Fuerzas de Acción Especial (FAES), que sube hasta el 92 por ciento. Y en 2021, por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. El último conjunto también aumenta al 92 por ciento de correlación con las estigmatizaciones, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional.
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El informe también indica la alta correlación, de 94 por ciento, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021, entre las estigmatizaciones realizadas en el programa televisivo “Con el mazo dando”, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
“De acuerdo con los resultados obtenidos, no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos. Lo cual no debe quedar impune”, aseguró Gonzalo Himiob, director del Foro Penal. N
