El Juez Quinto de Distrito ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia Anticorrupción de Aguascalientes reconocer la calidad de “víctimas” a las ciudadanas y ciudadanos de la entidad, como parte de la investigación periodística denominada “La Caja Negra de Aguascalientes”, lo que representa un importante avance en la lucha contra la corrupción.
El reportaje fue elaborado por las periodistas Mónica Cerbón y Jennifer González, en conjunto con la asociación “Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”, en el que se documentaron contratos discrecionales del Congreso del Estado a una red de empresas “fantasma”, ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, e investigadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a las que se les destinaron al menos 140 millones de pesos en la LXIV Legislatura, entre los años 2018 y 2019. (Aquí se puede consultar la investigación íntegra: https://contralacorrupcion.mx/la-caja-negra-de-aguascalientes)
Ante la falta de voluntad de las autoridades estatales y del propio Congreso para aclarar, explicar e informar a la población sobre el tema, el integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Francisco Miguel Aguirre Arias, inició un litigio en conjunto con su abogado, Julio César Esparza Hernández, para solicitar a las autoridades y actores políticos involucrados el esclarecimiento de los hechos que derivaron en la “Caja Negra de Aguascalientes”.
Con la resolución del Juez Quinto de Distrito en el estado de Aguascalientes, Guillermo Baltazar, se reconoce que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser considerado como “víctima de la corrupción”, y con ello ejercer sus derechos frente a delitos de esta índole.
En el análisis de los argumentos, el juzgador consideró como fundados los conceptos de violación al reconocimiento de la calidad de víctima y a los argumentos expuestos, entre los que se encuentra la Ley General de Víctimas, citando que la acreditación del daño o menoscabo de los derechos también se clasifican como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales, y que estos se atienden para la protección de bienes jurídicos colectivos, como es el caso de la hacienda pública.
Con lo anterior, la víctima goza de diversos derechos, como coadyuvar con el Ministerio Público a que se reciban todos los datos o elementos de prueba con los que se cuente, tanto en la investigación como en el proceso, derecho a solicitar medidas cautelares para la protección de los derechos e impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
“Este litigio busca romper la espiral de impunidad y darle un lugar preponderante al periodismo de investigación y más en esta época de tanta violencia contra periodistas. Además buscamos destrozar el vicio sobre lo que -le toca hacer- a los ciudadanos organizados o no organizados, es claro que denunciar sí genera cambios y que, sin esto y una Fiscalía fortalecida, no existe un combate eficaz de la corrupción”, declaró Francisco Aguirre.
En el litigio también participaron con acompañamiento legal la Lic. Yolanda Cuevas y la Mtra. Adriana Greaves de la asociación TOJIL y el Lic. Miguel Alfonso Meza, ex miembro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
