Muchas personas sueñan con tener un hogar propio donde puedan habitar de forma segura. Sin embargo, la mayoría solo logra observar cómo las ciudades se llenan de edificios y cómo les resulta imposible cubrir la renta de esos espacios. En ese tenor, imaginar vivir sin compañero de vivienda o sin pareja parece más que inverosímil.
El derecho a la vivienda forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, este derecho está garantizado por el artículo 4 de la Constitución: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
A ese respecto, Newsweek México entrevistó a Carla Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Escoffié, también autora del libro El derecho a la vivienda en México. Derechos homónimos, indica que existe un peligro en la redacción de dicho artículo 4. Al centrar su atención en las familias y en el trabajador, explica, se marca una política pública de vivienda que solo se centra en el otorgamiento de créditos.
Lo anterior supone que el trabajador formal podrá proveer a su familia de una vivienda a través del crédito. Sin embargo, eso esconde circunstancias de género, sobre todo si se considera que las mujeres acceden minoritariamente al trabajo formal.
De acuerdo con Escoffié, el otorgamiento de créditos ha sido la principal política para la vivienda desde los años 70. Sin embargo, esta es insuficiente, según explica:
“En México, desde hace algunas décadas, particularmente desde la aparición del Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores], se adoptó un esquema que había empezado en distintos países y con el cual se buscaba hacer países de propietarios. Vimos esta tendencia en Estados Unidos desde el término de la Segunda Guerra Mundial, y también en España durante el Franquismo. En México se comenzó a apostarle a dos mecanismos para la vivienda: el otorgamiento de créditos y el otorgamiento de títulos de propiedad. Y, en términos generales, así ha sido desde entonces”, expone la experta.
Ante ello, exhorta a la creación de nuevas políticas de vivienda que complementen los créditos: “Cuando vemos cómo funciona la política de vivienda en otros países, lo común es que sean políticas de vivienda diversificadas, es decir, que incluyen la vivienda de arrendamiento.
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“También incluyen las medidas encargadas de atender a personas habitantes de la calle. Incluyen políticas de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, juventudes LGBT, entre otros tipos de realidades”, apunta Escoffié.
En países como Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia y Reino Unido lo común es que existan inmuebles de arrendamiento público. Estos son edificios de los que el Estado es dueño, el casero, y los renta a población de determinado perfil para que puedan tener acceso a un arrendamiento a bajo costo.
DERECHO A LA VIVIENDA, DIFERENTE AL DERECHO A LA PROPIEDAD
La defensora de derechos humanos puntualiza que en México se ha confundido el derecho a la vivienda con el de la propiedad. Menciona que una casa es una estructura arquitectónica, pero no es suficiente como vivienda.
Una vivienda implica un espacio donde las personas puedan desarrollarse y habitar de forma digna. Esta confusión de los derechos “ha generado en México, por ejemplo, barrios de personas propietarias, pero sin acceso suficiente a servicios, a transporte y localizadas en áreas segregadas de los espacios culturales, sociales y laborales de nuestras ciudades”.
La política que solo da créditos es discriminatoria. En tanto, excluye a la mayoría de la población en México, quienes laboran de manera informal. Explica Escoffié:
“Vemos por ejemplo el caso del Infonavit y el Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]. Son dos sistemas de crédito para los cuales se necesita, en primer lugar, ser persona trabajadora en la economía formal pública o privada. En segundo lugar, ser una persona inscrita precisamente en el Infonavit o Fovissste. Y, en tercer lugar, ser una persona que haya generado los puntos y requerimientos suficientes para poder acceder a un crédito que realmente le resulte favorecedor frente a su capacidad económica. Entonces, son mecanismos muy limitados”.
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Además, este tipo de políticas no tienen perspectiva de género ni son diferenciadas respecto a las circunstancias de las personas. Sobre ello, la defensora de derechos humanos menciona: “El otorgamiento del crédito se limita a la persona trabajadora formal, que normalmente, en el marco de la familia tradicional y de los roles de género históricos, es común que el hombre sea el sostén económico.
“Por lo tanto —continúa Carla Escoffié—, él será quien acceda al crédito y el inmueble será a título de él. Sin embargo, esa vivienda también la habitan la esposa y los hijos. Hay que entender que en las viviendas también habitan personas que no son las propietarias”.
El derecho a la propiedad es el respeto del Estado y de terceros de no intervenir en lo que una persona haya acumulado. Sin embargo, menciona Escoffié, “el tema de la vivienda es muy distinto”. Ello “porque es el derecho a poder habitar en un espacio y habitar libre de una situación de calle. Esto puede ser alcanzado por distintas vías, no necesariamente por la vía de la propiedad”.
Una casa es una estructura, pero la vivienda es la oportunidad de ejercer otros derechos, reflexiona la experta: “¿Cómo vas a ejercer tus derechos sexuales y reproductivos si no tienes dónde vivir? ¿Y tu derecho a la salud en el contexto del covid-19, por ejemplo?
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“¿Y cómo vas a ejercer tu derecho a la educación si no tienes un espacio donde puedas realizar tus actividades de aprendizaje y estudio? ¿De qué manera ejercerás tu vida familiar si no tienes un espacio propio para ejercerla?”, se pregunta.
Confundir el derecho a la vivienda con el de la propiedad tiene como consecuencia no pensar en hogares temporales. Estos serían necesarios para diferentes poblaciones en riesgo, como mujeres que sufren violencia, personas de la comunidad LGTBQ+ y migrantes, entre otros.
“Cuando entendemos esta diferencia podemos ver el tema desde una lógica más empática y humana”, concluye Carla Escoffié. “También lo comprendemos desde una lógica más amplia que nos hace entender que dar créditos no resuelve todo ni apunta a las necesidades de vivienda. Sobre todo, es algo que no es destinado por igual a toda la población”. N
