LA CORTE Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de “comercio negligente” de las armas que usa la delincuencia en este país, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard este viernes.
“Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos”, comentó el canciller a través de su cuenta de Twitter.
A inicios de agosto, el gobierno de México demandó por daños a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, la presentación de acciones legales en contra de la comercialización de armas y su tráfico ilícito a México, estuvo encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y contó con la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila; del diputado Ignacio Mier Velazco; del consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara; del fundador de la firma Hilliard & Shadowen, Steve Shadowen; y de la académica especialista en temas de seguridad en México, María De Haas Matamoros.
En la presentación, los miembros del panel conversaron sobre “las acciones negligentes” de empresas involucradas en el comercio de armas, mismas que fomentan el acceso a armas de alto poder como las utilizadas en ataques masivos y en incidentes de violencia en México.
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“Organizaciones criminales en ambos lados de la frontera compran en supermercados, por Internet, ferias de armas y a traficantes, miles de pistolas, rifles, armas de asalto y municiones, que son utilizadas en la comisión de actos ilícitos en México”, informó el gobierno mexicano.
El canciller Ebrard señaló que se presentó una demanda civil de daños “para que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes”. Indicó que el monto de esta exigencia será determinado en el juicio.
El secretario enfatizó que es necesario que las empresas “desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores”.
El argumento central del litigio es que, desde hace varias décadas, las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas y usadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades.
Sin poder ignorar el uso que se da a esas armas en México, “los demandados promueven su venta al público en general destacando sus características militares, permiten ventas múltiples a un solo comprador y facilitan las ventas entre particulares, en las que no se efectúan revisiones de antecedentes del comprador o del origen del arma”. N
