ESTADOS UNIDOS publicó este jueves una lista de 55 funcionarios “corruptos y antidemocráticos” de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos está “comprometido a mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas en Centroamérica porque la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos están ligadas al éxito de nuestros socios regionales.
“Las acciones que socavan el estado de derecho y la democracia en Guatemala, Honduras y El Salvador, y sus repercusiones en la vida de las personas en estos países, contribuyen a la migración irregular y desestabilizan sociedades enteras. La corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma”.
El comunicado señala que los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador han repudiado sistemáticamente la corrupción, exigido rendición de cuentas por parte de sus gobiernos y actores privados en sus países y actuado en defensa de las instituciones democráticas.
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“Estados Unidos apoya a los ciudadanos, organizaciones y servidores públicos que están comprometidos con la promoción del bien público y la generación de esperanza y oportunidades para la gente de la región, incluso frente a los retrocesos al estado de derecho y los esfuerzos para combatir la impunidad”.
En el contexto de este apoyo, el gobierno de los Estados Unidos está publicando una lista pública de personas “que se han involucrado en actos que socavan los procesos o instituciones democráticos, involucrados en una corrupción significativa o que obstruyeron las investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador”.
También se menciona que el informe incluye a personas de las que el Departamento tiene conocimiento de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes.
EL SALVADOR
Walter René Araujo Morales, exmiembro y presidente del Tribunal Supremo Electoral, “actuó contra instituciones o procesos democráticos al llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar en forma reiterada a candidatos políticos”.
Pablo Salvador Anliker Infante, “exministro de Agricultura, que participó en actos significativos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio”.
Conan Tonathiu Castro Ramírez, actual asesor legal del Presidente, “quien actuó contra instituciones o procesos democráticos al colaborar en la destitución irregular de cinco magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General”.
Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, “obstaculizó investigaciones sobre corrupción y actuó contra instituciones o procesos democráticos como parte de sus esfuerzos para perjudicar a opositores políticos”.
Osiris Luna Meza, viceministra de Seguridad y directora general de Centros Penales, “ha participado en actos significativos de corrupción vinculados con contratos públicos y sobornos durante su función”.
José Luis Merino, ex viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, “quien participó en actos significativos de corrupción durante su mandato mediante la comisión de actos de soborno. También participó en un mecanismo destinado al lavado de dinero”.
Ezequiel Milla Guerra, ex alcalde de La Unión, “participó en actos significativos de corrupción al abusar de su autoridad como alcalde en la venta de la Isla de Perico a agentes de la República Popular China a cambio de beneficios personales”.
José Aquiles Enrique Rais López “participó en actos significativos de corrupción y realizó acciones que debilitaron instituciones o procesos democráticos al sobornar a funcionarios públicos”.
Martha Carolina Recinos de Bernal, actual Jefa de Gabinete, “participó en actos significativos de corrupción al utilizar indebidamente fondos públicos en beneficio propio. También participó en un mecanismo de lavado de dinero”.
Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, “obstaculizó investigaciones de corrupción al influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema”.
Othon Sigfrido Reyes Morales, exlegislador del partido FMLN de El Salvador, “participó en actos significativos de corrupción durante su mandato a través de fraude y uso indebido de fondos públicos”.
Rogelio Eduardo Rivas Polanco, ex ministro de Seguridad y Justicia, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse de fondos públicos para beneficio propio”.
Adolfo Salume Artinano, “participó en actos significativos de corrupción y actuó contra instituciones y procesos democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar pagar una multa”.
Luis Guillermo Wellman Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, “actuó contra instituciones o procesos democráticos al provocar demoras graves e innecesarias en la preparación de elecciones y el escrutinio de resultados en beneficio propio, y al facilitar la influencia maliciosa china durante las elecciones en El Salvador”.
GUATEMALA
Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia de Guatemala, “participó en actos significativos de corrupción al facilitar pagos a diputados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala para que influyeran indebidamente en el proceso de selección judicial de magistrados de la CSJ y la Corte de Apelaciones, a fin de asegurar su futura excarcelación y la desestimación de los cargos por corrupción en su contra. Ha sido designado al amparo del programa de sanciones Magnitsky Global y el artículo 7031(c) por estar implicado en actos significativos de corrupción”.
Felipe Alejos Lorenzana, exprimer secretario del Congreso de Guatemala, “ha participado en actos significativos de corrupción. Mientras se desempeñó en su función, Alejos estuvo implicado en actos corruptos con el fin de enriquecerse, al tiempo que también perjudicó sustancialmente la actividad económica internacional de empresas estadounidenses Ha sido designado al amparo del programa de sanciones Magnitsky Global y el artículo 7031(c) por estar implicado en actos significativos de corrupción”.
Delia Bac Alvarado, exdiputada, “participó en actos significativos de corrupción a través del uso indebido de fondos públicos en beneficio propio. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción”.
Florencio Carrascoza Gamez, actual alcalde de Joyabaj, “actuó contra instituciones o procesos democráticos al intimidar y encarcelar indebidamente a opositores políticos”.
Álvaro Colom Caballeros, expresidente, “participó en actos de corrupción significativa al estar implicado en fraude y malversación relacionados con un nuevo sistema de autobuses en la Ciudad de Guatemala, denominado Transurbano”.
Manuel Duarte Barrera, quien actualmente integra la Corte Suprema, “ha debilitado instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
Boris Roberto España Cáceres, actual diputado en el Congreso de Guatemala, “estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en tráfico de influencias y sobornos”.
Mario Amílcar Estrada Orellana, exdiputado, “participó en actos significativos de corrupción y fue condenado por la justicia de EE. UU. por haber solicitado fondos al Cartel de Sinaloa en México con el fin de financiar campañas políticas”.
Raúl Amílcar Falla Ovalle, abogado de la ONG Fundación Contra el Terrorismo (FCT), “procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.
Moisés Eduardo Galindo Ruiz, abogado de la ONG FCT, “procuró demorar u obstaculizar los procesos penales contra exmilitares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental, así como el trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)”.
Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado y exmiembro de una comisión del Congreso a cargo de seleccionar a los magistrados de la Corte Suprema, “actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, operador político y empresario, “ha actuado contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdez, fundador y representante legal de la ONG FCT, “intentó demorar u obstaculizar procesos penales contra exfuncionarios militares que habían cometido actos de violencia, hostigamiento o intimidación contra quienes investigan hechos de corrupción en el sector gubernamental y no gubernamental”.
Mynor Mauricio Moto Morataya, elegido en enero de 2021 para ocupar una vacante en la Corte de Constitucionalidad, “actuó contra instituciones o procesos y participó en actos significativos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar una decisión favorable”.
Alejandro Jorge Sinbaldi Aparicio, ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, “estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en sobornos y financiamiento electoral ilegal, así como el blanqueo del producto de la corrupción para beneficio propio. Ha sido designado conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción”.
Guillermo Estuardo de Jesús Sosa Rodríguez, exviceministro de Comunicaciones, “estuvo implicado en actos significativos de corrupción al participar en mecanismos de soborno, incluida su intervención en una estructura delictiva que exigió, cobró y depositó sobornos a contratistas del Estado a cambio de beneficios personales”.
Blanca Aida Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema, “estuvo implicada en actos significativos de corrupción, al participar en mecanismos de soborno e influir de manera indebida en el poder judicial. Ha sido designada conforme al artículo 7031(c) por su participación en actos significativos de corrupción”.
Elder de Jesús Súchite Vargas, ex ministro de Cultura, “estuvo implicado en actos significativos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y tráfico de influencias en beneficio propio”.
Jorge Estuardo Vargas Morales, actual diputado, “participó en hechos significativos de corrupción y actuó para debilitar instituciones o procesos democráticos al participar en sobornos, coerción y tráfico de influencias”.
Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien actualmente integra la Corte Suprema, “ha socavado las instituciones o procesos democráticos al abusar de su facultad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en altos tribunales”.
HONDURAS
Gustavo Alberto Pérez, actual diputado, “ha participado en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos”.
Marco Antonio Bográn Corrales, ex director de INVEST-H, “participó en actos significativos de corrupción por apropiación indebida de fondos públicos durante la pandemia de covid-19”.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, “participó en actos significativos de corrupción mediante fraude y apropiación indebida de fondos públicos”.
Augusto Domingo Cruz Asensio, ex diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse en forma indebida de fondos del programa nacional de Generación de empleo que fueron desviados a cuentas personales”.
José Celin Discua Elvir, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas”.
Rodolfo Irias Navas, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas”.
Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Valle, del que es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales”.
José Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, expresidente de Honduras, “participó en actos significativos de corrupción durante su presidencia al aceptar sobornos de la organización de narcotráfico Los Cachiros a cambio de favores políticos”.
Gladys Aurora López, miembro de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras, “participó en actos significativos de corrupción. Fue imputada en el caso de corrupción Arca Abierta investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos gubernamentales”.
Miguel Edgardo Martínez Pineda, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH en junio de 2018 por la apropiación indebida de USD 12,5 millones de fondos públicos correspondientes a la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas en beneficio propio”.
Sara Ismela Medina Galo, diputada, “obstruyó investigaciones de corrupción en su función de Secretaria del Congreso”.
Oscar Najera, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción relacionados con la organización de narcotráfico Los Cachiros. Fue designado conforme al artículo 7031(c) por participación en actos significativos de corrupción”.
Héctor Enrique Padilla Hernández, exdiputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, en el departamento de Choluteca, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales”.
Milton Jesús Puerto Oseguera, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción. Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos”.
Audelia Rodríguez Rodrigo, actual diputada, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos públicos del programa de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, que luego desvió a sus cuentas personales”.
Dennys Antonio Sánchez Fernández, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de un programa público de control de plagas en el departamento de Santa Bárbara, del cual es oriundo, que luego desvió a sus cuentas personales”.
Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción al apropiarse indebidamente de fondos de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas”.
Juan Carlos Valenzuela Molina, actual diputado. “Fue imputado en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos gubernamentales”.
Elden Vásquez, actual diputado, “participó en actos significativos de corrupción mediante la apropiación indebida de USD 12,5 millones de la Secretaría de Agricultura para utilizarlos en campañas políticas para su beneficio personal. Fue imputado en el caso de corrupción Pandora investigado por la MACCIH en junio de 2018”.
Welsy Milena Vásquez López, actual diputada, “participó en actos significativos de corrupción, entre ellos malversación y apropiación indebida de fondos públicos para beneficio personal. Fue imputada en el caso de corrupción Arca Abierta, investigado por la MACCIH, por la malversación de USD 800.000 de diversos organismos públicos”.
Román Villeda Aguilar, diputado, “obstruyó investigaciones de corrupción, lo que dio por resultado la desestimación de un caso de malversación contra varios legisladores que estaban siendo investigados por desviar dinero a una ONG falsa”. N
