Un juez federal resolvió hoy un amparo a favor del Club Campestre y suspendió el proceso de expropiación que pretendía el gobierno del estado.
Dentro de los argumentos del juez, especifica que el gobierno del estado no concedió la garantía de audiencia, la cual debió respetar en forma previa a la emisión del decreto de expropiación presentado por el gobernador Jaime Bonilla.
El pasado 13 de abril, en el diario oficial del estado fue publicada la declaratoria de utilidad pública, un paso para expropiar el club Campestre, argumentando la falta de espacio públicos de áreas verdes en esta zona de Tijuana.
El club Campestre es de uso exclusivo para socios, cuenta con un terreno de 504 mil metros cuadrados, incluye un campo de golf y canchas de tenis, y se encuentra en la zona céntrica de la ciudad.
De acuerdo a la ley de Expropiación del estado de Baja California, la autoridad expropiante está obligada a implementar las medidas necesarias, a fin de garantizar que los afectados “realicen una defensa previa a la resolución que afectará su patrimonio”.
Al no garantizar ese derecho a los afectados, el gobierno de Bonilla tampoco se apegó al artículo 14 Constitucional, donde se establece que nadie puede ser privado de sus propiedades “sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos”, dice el documento de suspensión 316/2021-A2.
Ante estas faltas legales, el juez concedió “la suspensión de los actos reclamados, a efecto de que las autoridades responsables no emitan acuerdo expropiatorio ni ordene o ejecuten actos de desposesión, desalojo, lanzamiento, ni ningún otro que perturbe la posesión, uso y disfrute que tiene la quejosa”.
El juez federal ordenó que las cosas se mantengan en el estado que guarden y no se dicte acuerdo expropiatorio ni se ejecute cualquier lanzamiento, desalojo, o cualquier afectación al uso y posesión del inmueble.
También suspendió “la futura publicación en el Periódico Oficial del Estado, del eventual decreto expropiatorio relacionado con el proyecto Complejo Interactivo Campestre que, en su caso, se llegue a emitir”.
Otras de las consideraciones del juez para suspender el intento de expropiación del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana A.C., fue que el gobierno de Jaime Bonilla no acreditó la utilidad colectiva del terreno.
