MILES de personas volvieron a las calles de Colombia este miércoles para protestar contra el gobierno del presidente Iván Duque, al fin de una semana de manifestaciones que se tornaron violentas y dejan 24 muertos, la mayoría por disparos.
Bajo la lupa de la comunidad internacional, que denunció excesos de la fuerza pública, estudiantes, sindicatos, indígenas y otros sectores salieron a las calles de la capital Bogotá, así como de Medellín en el noroeste y Cali en el suroeste.
Sus reclamos son variopintos: mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese del abuso policial contra las manifestaciones, entre otras.
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“Duele (…) la negligencia de un gobierno que está sordo, que prefiere enviar fuerza pública, en vez de ayudar [a la gente], prefieren ayudar a los bancos, a las grandes empresas”, dice a la AFP Héctor Cuinemi, un estudiante de 19 años que protestaba en Bogotá.
En distintos puntos de la capital, numerosos grupos se dieron cita para avanzar luego hacia la central Plaza de Bolívar, aledaña a la sede presidencial.
En Cali (suroeste), un foco de los disturbios, miles de indígenas se sumaron a las protestas agitando sus bastones de mando y gritando “resistencia”, mientras una multitudinaria manifestación se volcó a las calles en Medellín (noroeste) con música, teatro y arengas contra el gobierno.
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Las movilizaciones han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se tornaron violentas. De acuerdo a cifras oficiales con corte al martes, al menos 24 personas murieron (18 baleados), más de 800 quedaron lesionadas y 89 están desaparecidas. Onegés denuncian que la policía ha disparado contra manifestantes y que las víctimas fatales superan las 30 personas.
Las autoridades también registran tres policías heridos de bala.
Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en la protesta más grande contra el gobierno conservador desde que llegó al poder en 2018.
Condena internacional
La presión en las calles no cede, ante la vigilancia de la comunidad internacional que denunció ataques de policías contra civiles.
La ONU, La Unión Europea, Estados Unidos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch llamaron a la calma y le exigieron garantías al gobierno en medio de las protestas.
Según Reporteros sin Fronteras hubo además 76 agresiones contra periodistas, diez de ellos lesionados por la fuerza pública.
Bogotá vivió una noche de tensión el martes. Treinta ciudadanos y 16 policías resultaron heridos tras los choques con uniformados que dejaron 25 puestos policiales afectados, según la alcaldía local.
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La violencia estalló también en Cali el lunes dejando cinco muertos y una treintena de lesionados.
Según la fiscalía, detrás de los desmanes están disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016; el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia, y bandas narco.
“La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública”, dijo el presidente este miércoles.
Duque pide “diálogo”
A las movilizaciones y los disturbios se suman bloqueos en vías. Algunas ciudades como Cali registran desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con insumos médicos en plena pandemia del coronavirus.
Duque aseguró que abrirá “espacios de diálogo” para escuchar a los ciudadanos. El gobierno prevé once reuniones que comenzarían este martes con las cortes, el Congreso, organismos de control y la fiscalía, sin incluir todavía a los líderes de las protestas.
El llamado Comité del Paro, que reúne a los sectores inconformes, se dijo abierto a una negociación directa sin intermediarios.
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El ministerio de Defensa desplegó 47,500 uniformados en todo el país durante las manifestaciones. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1,800 policías y dos helicópteros adicionales. Desde el fin de semana los militares también patrullan la capital.
Con la popularidad en picada (33%), el presidente ha enfrentado protestas masivas desde 2019, asediado por un descontento avivado por la pandemia en un país que sufre más de medio siglo de conflicto armado.
Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, el malestar posconflicto pareció instalarse en uno de los países más desiguales del continente, con un desempleo del 16,8% y una pobreza que alcanza al 42,5% de la población.
