La candidata a la gubernatura por la coalición Va por Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al gobernador Jaime Bonilla por los delitos de lavado de dinero, peculado y concusión, que supuestamente realizó a través de la empresa Fisamex.
En conferencia de prensa, Jones y su equipo de trabajo presentaron la documentación entregada UIF, donde explican que Fisamex, empresa contratada para fiscalizar consumos de agua a empresas, trianguló recursos con compañías recién constituidas.
Fiscales del Agua S.A de C.V. y Salhec Grupo Consultor, empresa creadas en este 2020 recibieron depósitos millonarios por parte de Romafam SA de CV cuyo nombre comercial es Fisamex.
El asesor jurídico de la candidata, Juan Marcos Gutiérrez, explicó el esquema con el que Fisamex intentó ocultar al menos 278 millones de pesos, trasladando el dinero a otras empresas.
Uno de los movimientos documentados corresponde a 162 millones de pesos que Romafam transfirió a Fiscales del Agua.
En ambas compañías, Manuel García Soto es socio mayoritario.
“El dueño de Fisamex, es el dueño de Fiscales del Agua, se pasa el dinero de aquí para esconderlo por acá, eso es el más típico de los esquemas de lavado de dinero”, dijo Juan Marcos Gutiérrez.
Manuel García Soto acompañaba al gobernador Jaime Bonilla en sus transmisiones en redes sociales, para informar sobre los avances de las auditorías a la empresas por consumo de agua.
Durante el 2020, Fisamex recibió 278 millones de pesos por concepto del 20% de ganancia del dinero obtenido por las auditorías que realizó a las empresas por consumo, un esquema de comisión definido en su contrato de servicios.
Ese mismo año fueron constituidas Fiscales del Agua y Salhec Grupo Consultor, las cuales recibieron un depósito de Fisamex por 162 millones y 63 millones de pesos, respectivamente.
En la denuncia presentada ante la UIF en contra, el gobernador Bonilla también señalan a otros funcionarios del gobierno estatal: Salomón Faz, secretario del agua, Vicenta Espinoza, ex titular de Secretaría de Honestidad y Función Pública, Antonio Rosete, ex Director de Servicios públicos de Tijuana (CESPT), Juan Pablo Guerrero, subdirector de la CESPT, Eliel Alejandro Vargas, actual director de la CESPT.
La denuncia también incluye a la empresa Fisamex y a su socio mayoritario Manuel García Soto.
El gobernador Bonilla y los funcionarios mencionados también están demandados por el delito de peculado, ya que contrataron a Fisamex “sin ninguna justificación puesto que los organismos operadores del agua con amplios departamentos de fiscalización y cobranza” explicó Gutierrez.
Jones informó que al terminar la conferencia de prensa, presentaría la misma denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La candidata aseguró que no va a declinar su candidatura, y estará peleando por la gubernatura de Baja California.
