Ciclos de pobreza, la factura por invisibilizar a los niños | Newsweek México


Ciclos de pobreza, la factura por invisibilizar a los niños



Expertos observan con preocupación los recortes a los programas infantiles y la falta de apoyo a la educación, no solo a partir de la pandemia, sino desde el inicio del actual gobierno.

LA REPRODUCCIÓN de ciclos de pobreza y de violencia, la desnutrición crónica, el brote de nuevas epidemias al no completarse los programas de vacunación, deserción escolar, trabajo infantil, desnutrición crónica y embarazo adolescente son los efectos de invisibilizar a los niños en la pandemia. Fenómenos de los que se ha alertado desde la sociedad civil organizada.

Desde distintos espacios se han escuchado alternativas para salvaguardar los derechos de los niños sin vulnerar su salud y la de quienes los rodean. Sin embargo, no ha habido un foro de debate nacional para plantear propuestas que se materialicen en el corto plazo.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se refiere al “abandono de la niñez” por parte del gobierno federal. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) subraya la importancia de la “auditoría social” para garantizar los derechos de los menores. Otra organización internacional, Save the Children, advierte que el desmantelamiento de programas sociales vinculados con la primera infancia provocará que la pobreza siga siendo cíclica en el país.

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares (Anep) está entre los actores que más ha presionado por la reapertura de las escuelas, enfatizando que el derecho a la educación es una obligación que el Estado ha desatendido. Así que iniciaron su propio regreso escalonado a los planteles, advirtiendo que acudirían a la vía judicial para ampararse, en caso de que las autoridades los obstaculicen. Incluso advirtieron que habría implicaciones penales contra los funcionarios que impidan sus clases presenciales.
Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Anep, considera que la falta de medidas para atender a la niñez “se está convirtiendo en criminal”, pues no hay alternativas para los 37 millones de estudiantes, de los cuales solo 5 millones y medio acuden a servicios privados. Los 32 millones restantes dependen del sistema público.

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Villar Jiménez explica que, en caso de que la emergencia sanitaria obligue a limitar las garantías individuales, entonces es una facultad del presidente de la república hacerlo con la autorización del Senado. Al no hacerlo, “el presidente también está incurriendo en omisión”, dice.

Desde la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García advierte que desde la presidencia de la república hay una visión “vieja y machista” que invisibiliza a los niños, porque no votan y porque son considerados como responsabilidad exclusiva de las mujeres.

“Tenemos en la presidencia no solamente a un hombre viejo, sino machista y de la vieja escuela política. Toda su actuación es en función de temas electorales y de concentración de poder. Los niños y los adolescentes no votan. En sus 25 proyectos del sexenio, ninguno incluye a 38 millones de personas que son niños, niñas y adolescentes”, explica Pérez García, director ejecutivo de Redim.

“Esta mirada vieja deposita la responsabilidad de los niños en las familias, específicamente en las mujeres. Además, tenemos un estilo de gobierno centralista, donde los secretarios de Estado son poco protagónicos, por lo que deben esperar la autorización del señor del palacio”, comenta.

IMPACTO SILENCIOSO SOBRE LOS NIÑOS

En el mundo, tres de cada cinco niños que no acuden a la escuela por la pandemia están en América Latina. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que las escuelas debían ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir, en países como México no ha sido así.

Con el inicio del actual ciclo escolar, en agosto de 2020, Esteban Moctezuma Barragán, entonces secretario de Educación, declaró que solo habría clases presenciales con semáforo verde. En diciembre, antes de que fuera nombrado embajador de México en Estados Unidos, reiteró esa consigna, que la nueva titular, Delfina Gómez, ha hecho propia.

Al inicio de la pandemia, se asignó el color verde para la reapertura de las escuelas. Christian Skoog, representante de Unicef México, considera que eso fue “una mala decisión”, pues la experiencia en otros países mostraba que especialmente la primera infancia requería de planteles abiertos, dado que es un sector que no podría recibir estimulación temprana a través de una computadora.

Aún hay guarderías y estancias infantiles que se mantienen cerradas por no poder garantizar servicios sanitarios adecuados, aunque desde el inicio de la pandemia fueron consideradas “servicios esenciales” en el acuerdo de “acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en marzo de 2020.

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“Hay que priorizar y ayudar a las escuelas con más deficiencias. Pero si solo se abren las escuelas más grandes y con mejor infraestructura, vamos a incrementar la brecha en educación y dejar a los pobres atrás”, advierte el representante de Unicef.

Skoog dice que ni el gobierno ni la sociedad en general entienden la gravedad de la situación. “El impacto en la niñez ha sido silencioso. No ha sido discutido. Se trató a la niñez como con cierta ventaja porque no presentan síntomas tan severos”, explica.
De acuerdo con datos de esa agencia de la ONU, México está entre los países que han invertido menos en programas sociales durante el último año. Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y Perú han realizado mejores esfuerzos para compensar a las familias.

Esto sumado a los recortes presupuestarios en programas sociales dirigidos a la infancia que han denunciado otras organizaciones de la sociedad civil. Unicef señala que en México al menos la mitad de los niños tienen acceso a un programa social. Pero la otra mitad están desprotegidos.

Skoog advierte que la calidad del programa “escuela a distancia” destaca en relación con los que hay disponible en el resto de la región, especialmente por el esfuerzo que se hizo para que estén disponibles en lenguas indígenas. “Estos esfuerzos son muy valiosos, pero las escuelas siguen cerradas”, dice.

SIN VOZ NI VOTO

La falta de agua potable en las escuelas públicas ha valido de pretexto para no autorizar la reapertura de planteles. Un dato relevante —por el peso político de dos millones de maestros en año electoral— es que el magisterio ha manifestado que regresarán a las aulas cuando el semáforo epidemiológico esté en verde.

Las alternativas que van y vienen en redes sociales, con padres de familia que cuestionan el que ni siquiera haya parques abiertos para los niños, incluyen propuestas de aulas a cielo abierto, especialmente en áreas rurales, así como el regreso en grupos pequeños a manera de células o burbujas que estén a cargo de maestros fuera de la edad de riesgo.

El representante de Unicef comenta que incluso se pueden garantizar las medidas mínimas de higiene como la instalación de tinacos que se rellenen con pipas para no esperar a que se realicen obras de infraestructura que tomarían años.

Sin embargo, el gobierno federal no ha tomado la batuta de esta discusión y solo hay algunos esfuerzos locales por apoyar la reapertura de servicios fundamentales para los niños, como ocurre con las escuelas particulares que presionaron para reabrir sus planteles el 1 de marzo de 2021. A la fecha, han abierto 700 escuelas, en todo el país, especialmente en Baja California, Jalisco y Coahuila, donde las autoridades han dado mayores facilidades. También comienzan a verse casos en el Estado de México y en la Ciudad de México.

“El gobierno está violando las leyes”, advierte el presidente de la Anep. “Estamos recomendando que apliquen el Estado de derecho. No necesitamos de ninguna autorización. El (gobierno) extendió esto por una emergencia sanitaria y eso es importante, fueron acuerdos, pero no son leyes y no tienen la facultad para emitir normas. En caso de que hubiera otra violación a los derechos de las escuelas, estamos preparados para irnos al amparo, incluso a un amparo colectivo”.

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Explica que no pueden perder su reconocimiento de validez oficial. No pueden clausurar. Son solo amenazas. “No pueden suspender el derecho a la educación”, insiste.

Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política en Save the Children México, explica que el presupuesto destinado a educación se asigna al pago de la nómina docente y a las becas. Advierte que una política que solo privilegie el otorgamiento de becas es insuficiente para atender las necesidades de los niños.

“Estar dando dinero a las personas no genera ningún tipo de desarrollo y lo único que estamos haciendo es mantener a las personas en la misma pobreza que han vivido generación tras generación”, dice en referencia a los 900 pesos bimestrales que se asigna a algunos niños, pero que no garantiza que sea dinero que los cuidadores destinen al bienestar de los más pequeños.

En México, solamente 15 por ciento de los niños menores de tres años tienen acceso a algún programa de cuidado infantil, de acuerdo con Save the Children. Según el seguimiento que esta organización hace en el país, ha habido recortes en los programas de escuelas de tiempo completo, atención a población migrante dentro de la república y niños indígenas, además de que se desmantelaron iniciativas como la de estancias infantiles y de jornaleros agrícolas que ofrecían espacios de cuidado y neurodesarrollo a los más pequeños, mientras sus padres trabajaban.

“Estamos preocupados por muchos de los recortes, no solo a partir de la pandemia, sino que empezamos a ver un desmantelamiento de programas importantes desde el inicio de este gobierno”, comenta la especialista de Save the Children.

“Logramos 53 millones de pesos más para programas destinados a la niñez, en el presupuesto 2021, entre ellos, se recuperaron 5 millones de los programas de escuelas de tiempo completo. Hay que ser muy vigilantes de que ese presupuesto realmente se aplique, porque sí había una intención de desaparecerlas y sí ha habido una reducción del 50 por ciento, en relación con 2018, es decir, esa partida se ha reducido a la mitad”, explica.

“La mayor parte del desarrollo cerebral de una persona ocurre en los tres primeros años de vida. Lo que no logras desarrollar en esos primeros años será muy difícil que lo desarrolles después. Muchos niños de tres años se están quedando sin esa posibilidad y cuando llegan a la primaria les resulta muy difícil el aprendizaje. Tenemos estos rezagos donde las personas reproducen ciclos de pobreza, porque no se invirtió en los momentos donde se tenía que invertir”, dice.

Se está acrecentando la desigualdad en el aprendizaje. El abandono escolar significa que esos niños no podrán acceder a trabajos calificados en su adultez. También significa mayor riesgo de embarazo adolescente. Escenarios que reproducen ciclos de pobreza, resume la especialista.

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