La multinacional Alstom y Grupo Cocomex, sancionadas por la Función Pública, quieren dar el servicio de transporte en Baja California.
(SEGUNDA ENTREGA)
Una multinacional francesa castigada por los gobiernos de México e Inglaterra por corromper funcionarios también quiere construir y operar el tren interurbano Tijuana-Tecate, el nuevo proyecto del gobierno de Baja California que busca mejorar la movilidad urbana.
Se trata de Alstom, que a través de Alstom International, una antigua subsidiaria, está inhabilitada desde 2007 por la Secretaría de la Función Pública, por proporcionar información falsa durante una licitación pública y por pagar a funcionarios a cambio de contratos.
Además, la Oficina de Fraudes Graves en Inglaterra, una dependencia gubernamental que investiga casos de corrupción, consiguió que se dictaran condenas entre 2018 y 2019 contra dos subsidiarias y tres funcionarios de la empresa involucrados en sobornos para ganar contratos de transporte y energía en dos países.
Alstom es la segunda empresa interesada en el mega contrato de servicio de transporte de tren en Baja California, que arrastra denuncias y sanciones por corrupción o irregularidades administrativas detectada esta semana por Newsweek Baja California.
Apenas ayer, se documentó que Grupo Cocomex, que emitió facturas apócrifas y proporcionó información falsa para ganar contratos públicos, también mostró intención de ganar el contrato para dar servicio de pasaje entre Tijuana y Tecate.
Según la SFP, Alstom International obtuvo contratos en 1999 por más de 36 millones de pesos y 2.4 millones de dólares, por la adquisición de transformadores de corriente e interruptores de potencia, requeridos por Luz y Fuerza del Centro, un organismo público y descentralizado ahora extinto.
Pero Alstom entregó documentos falsos y transfirió dinero a la empresa Inamex SA , que a su vez lo depositó en cuentas de servidores públicos.
“Al haber actuado con dolo y mala fe”, según la Función Pública, Alstom International fue inhabilitada de presentar propuestas o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF).
Recibió dos años de inhabilitación y una multa de 341 mil 100 pesos que según la Función Pública, no ha pagado, así que sigue en ese listado de empresas que no pueden presentar propuestas o celebrar contratos públicos en México.
Alstom actualmente opera con otras filiales y así obtuvo contratos en proyectos de movilidad, como la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.
Al solicitar el comentario de la matriz en Francia, la empresa respondió que el caso de Alstom International fue resuelto en 2013, aunque permanece en el directorio de empresas sancionadas.
“La empresa citada no tiene vinculación alguna con el actual grupo Alstom” pues pertenece a un grupo corporativo “totalmente distinto”, explicó una vocera de la multinacional.
La empresa Areva T & D, SA de CV, compró las acciones de Alstom International en 1999, según un boletín de la Función Pública, el mismo año que obtuvo los contratos con Luz y Fuerza del Centro, aunque no se pudo conocer en qué mes se concretó esa venta.
Ahora Alstom busca el contrato del servicio de pasaje en tren bajo la razón social Alstom Transport México SA de CV, confirmó la vocera de Alstom.
Pero esta empresa francesa y sus filiales suman sanciones por corrupción en Inglaterra.
La agencia gubernamental Serious Fraud Office (SFC) u Oficina de Fraudes Graves es una que investiga y procesa el fraude, el soborno y la corrupción en niveles complejos, según su sitio web.
En 2015, esta dependencia presentó cargos contra Alstom Network, que anteriormente se llamaba Alstom International, y contra Michael John Anderson, quien trabajaba como director de desarrollo comercial para Alstom Transport SA, en Francia.
La SFC detalla que empresas del grupo Alstom pagaron sobornos para ganar contratos de infraestructura en Tunisia y para construir dos centrales eléctricas en Lituania.
También fueron acusados de corrupción para proveer tranvías en India y Polonia, y vagones del metro en Hungría, pero fueron absueltos de estos cargos.
El tren interurbano de Baja California es un proyecto que costará 2 mil 836 millones de pesos que provendrán del sector privado para transportar pasajeros entre Tijuana y Tecate, según la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite.
El contrato de servicios se asignará mediante un proceso de licitación pública nacional, cuyas bases podrían definirse esta semana, según Postlethwaite.
Actualmente son nueve las empresas y consorcios que quieren construir, operar y mantener el tren interurbano de Tijuana-Tecate:
Proyeco y Alstom, presentaron una carta de intención para competir por el millonario contrato en conjunto.
FMI Projects e ILF Consulting Engineers quieren concursar también en grupo.
Grupo Jeca, participaría en forma individual, al igual que Gepic Consultores.
Además, Grupo Cocomex, imposibilitado para concursar y boletinado por el SAT por emitir facturas falsas, desea participar solo.
Y a la lista que presentó SIDURT, el 13 de octubre pasado en la transmisión del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, se sumaron Grupo Joca – Intervias Construcciones y Novesta.
Algunas de las empresas que hoy compiten, fueron aliadas en otros concursos y licitaciones.
Este fue el caso de Grupo Cocomex y FMI Projects, que en 2014 intentaron obtener un contrato en conjunto para la ampliación del libramiento de Cuernavaca, paso express, en el estado de Morelos, aunque no cumplieron con la experiencia solicitada.
El gobierno estatal tiene desde 2001 un título de asignación de las vías del tren, concedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que permite la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en la Vía Corta Tijuana-Tecate.
Este título fue modificado en 2018 para ampliar su vigencia hasta 2068.
La empresa elegida para desarrollar este proyecto recibirá un contrato de servicios que le permitirá explotar esas vías a cambio de mejorarlas, invertir en vagones y estaciones, según la secretaria.
“El riesgo del gobierno del estado es que nos dieran un mal servicio, entonces cancelamos el contrato si no nos cumplen porque las vías y la tierra son del estado”, dijo Postlethwaite en su presentación del proyecto.
