La empresa Grupo Cocomex busca dar el servicio de transporte de pasajeros Tijuana-Tecate pero está inhabilitada por la Función Pública. Además, las vías del tren se tienen que reparar, algo que el empresario Fernando Beltrán debió hacer hace años.

(PRIMERA ENTREGA)

Una empresa sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) quiere desarrollar el millonario proyecto del tren interurbano de Tijuana-Tecate, en Baja California.

Grupo Cocomex fue castigada por entregar información falsa para ganar contratos y además está en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque emitió facturas apócrifas.

Las sanciones por la SFP consisten en períodos de inhabilitación para participar en contrataciones públicas y multas económicas que no ha pagado, adeudo por el que sigue imposibilitada para participar en procedimientos de contratación, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Esa sanción no le permite competir para dar el servicio de tren de pasajeros, un proyecto de 2 mil 836 millones de pesos que vendría de inversión privada, según el gobierno estatal.

El tren interurbano es un proyecto para transportar pasajeros entre Tijuana y Tecate mediante el cobro de pasaje, donde más de 300 mil personas son usuarias del transporte público, según el Instituto Metropolitano de Planeación.

En la presentación pública del proyecto, Karen Postlethwaite, titular de la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), dijo que el contrato del servicio de pasajeros se otorgaría mediante adjudicación directa, después en entrevista planteó que sería mediante proceso de licitación.

Pero la viabilidad de este contrato se enfrenta a un problema aún más grave que el negro historial de Grupo Cocomex.

El ganador primero tendrá que rehabilitar la vía del tren porque el contratista Fernando Beltrán Rendón debió invertir 20 millones de dólares en repararla, pero no lo hizo.

Entre otros trabajos de mantenimiento, deberá cambiar todos los rieles de la vía, por unos que ofrezcan confort a los pasajeros. 

Además, el ganador tendrá que compartir las vías con el actual contratista que cobra por transportar cargas comerciales: Baja California Rail Road (BCRR), del empresario Beltrán, sobre quien ya pesan acusaciones por haber utilizado recursos públicos para beneficio propio.

 Baja California Rail Road debía rehabilitar y modernizar las vías, pero fue el gobierno estatal quien terminó pagando 800 millones de pesos en ese mantenimiento, reveló el reportaje El oscuro contrato del tren, publicado por Newsweek Baja California en 2017.

Aún así, BCRR continúa operando en este tramo ferroviario mexicano de 71 kilómetros que inicia junto a la garita San Ysidro, California, y regresa a Estados Unidos por Campo, California.

Fernando Beltrán nunca ha atendido ninguna petición de entrevista con este medio, y para este reportaje tampoco respondió a múltiples solicitudes para conocer su versión de los hechos.

A pesar de la millonaria inversión a favor de la empresa de Fernando Beltrán, hecha apenas hace unos años, la titular de la SIDURT confirmó que BCRR no ha hecho la inversión en mantenimiento de la vía.

“[BCRR] tenía la obligación de invertir 20 millones de dólares en el transcurso de los años (…) y esa inversión no se ha dado. No ha cumplido a la fecha con el compromiso de la inversión que se tenía pactada”, dijo Postlethwaite.

Esto significa que la empresa que gane el contrato de servicio de pasajeros en tren, deberá cumplir con las reparaciones que la empresa de Beltrán incumplió.

No sería el caso de Grupo Cocomex, quien por ley no puede participar en este proceso de licitación.

La Secretaría de la Función Pública le prohibió a Grupo Cocomex participar en procesos de contratación pública durante un año y tres meses por presentar documentos falsos en una licitación del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa de participación estatal mayoritaria.

Aún así, Grupo Cocomex entregó al gobierno de Baja California una carta de intención, en la que expuso su interés por el proyecto del tren de pasajeros y la empresa no respondió a múltiples solicitudes de entrevista para conocer sobre el caso.

Su inhabilitación finalizó el 10 de octubre de 2020, pero también recibió una multa de 566 mil 175 pesos, que según la Función Pública, no ha pagado.

Una funcionaria de esa dependencia explicó que las empresas sancionadas permanecen en el directorio de proveedores y contratistas sancionados hasta que paguen sus multas e inhabilitaciones.

Si el periodo vence pero aún deben la multa, continuarán en ese registro y seguirán inhabilitadas.

Grupo Cocomex, de origen mexicano, es presidido por Andrés Ricardo Álvarez Fonseca y opera con al menos dos razones sociales: Consorcio Corporativo de Construcción en Mex SA de CV y Consorcio Corporativo de Construcción en México SA de CV.

La sanción por entregar información falsa fue impuesta a la primera de esas razones sociales. 

La segunda razón social también fue inhabilitada y multada, aunque ésta libró su sanción mediante un juicio de amparo.

Lo que no pudo librar fue aparecer en la lista de empresas que simularon operaciones ante el SAT por emitir facturas falsas.

Aunque tuvo 15 días para hacer aclaraciones y presentar evidencia, no lo hizo y aparece el listado “definitivo” de empresas que simularon operaciones a través de la emisión de comprobantes fiscales.

Las empresas de Grupo Cocomex han sido mencionadas en otros reportajes desde el año pasado. La organización PODER reveló que eran parte de las empresas sancionadas que querían construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), hoy cancelado.

Cocomex se dedica a los proyectos de infraestructura como el desarrollo de carreteras, puentes, viaductos, puertos y edificios, entre otros, según su sitio web.

Las bases de la licitación para la prestación del servicio de pasajeros en tren serán definidas entre la SIDURT y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y podrían quedar esta semana.

En ellas se establecerá qué empresas pueden presentar un proyecto y por cuál motivo serán descalificadas. Las que estén sancionadas por la Función Pública no serían candidatas, aseguró Postlethwaite.

“Eso propiamente descalifica a un competidor, y es por eso precisamente que estamos haciendo las bases”.

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Nota: En la nota original decía que el proceso sería mediante adjudicación directa, pero el sexto párrafo del texto se modificó para explicar que la versión de la autoridad cambió a licitación pública.