MÁS DE 500,000 TIBETANOS han sido transferidos a centros de entrenamiento en China desde el inicio de 2020, al tiempo que se ha ampliado en la región una iniciativa existente de trabajo masivo. Esta cifra abarca aproximadamente el 15 por ciento de la población total del Tíbet.
De acuerdo con un informe de Reuters, publicado este martes, el programa militarista de reclutamiento tiene como principal objetivo a los agricultores rurales, los cuales son entrenados para apoyar las industrias chinas.
Su presencia en el Tíbet, impulsada por cuotas establecidas por las autoridades chinas, marca una importante ampliación del programa de trabajo, que también existe en Sinkiang, una región autónoma en el noroeste del país.
En Sinkiang, la iniciativa está vinculada con campos de internamiento a los que China denomina oficialmente instalaciones “vocacionales”, donde, según cálculos de investigadores, han sido detenidos al menos un millón de uigures en los últimos años.
También lee: China ha devorado Hong Kong: ¿quién sigue?
Documentos obtenidos el año pasado por Associated Press confirmaron que las personas que se encuentran en los centros de detención están sujetas a instrucción ideológica y reeducación conductual. El gobierno chino afirmó haber liberado a los detenidos en diciembre, pero poco después surgieron preocupaciones sobre prácticas posteriores de trabajo forzado.
Se sospecha que en el programa de trabajo de China en el Tíbet se recluta a civiles mediante métodos coercitivos. En un informe realizado por el antropólogo Adrian Zenz, reconocido por sus estudios sobre los campos de reeducación en Sinkiang, se instó a 63 legisladores de todo el mundo, pertenecientes a la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), a emitir una declaración para condenar “el evidente y generalizado sistema de trabajo forzado en el Tíbet” debido a sus violaciones de los derechos humanos.
ADOCTRINAMIENTO FORZADO Y VIGILANCIA INVASIVA
“El programa parece recordar de manera perturbadora el entrenamiento vocacional coercitivo y las transferencias masivas de mano de obra impuestas por las autoridades chinas en la región uigur”, se lee en la declaración del grupo.
En un resumen del informe de Zenz, en la declaración se hizo referencia a “relatos de adoctrinamiento forzado, vigilancia invasiva, aplicación de normas de estilo militar y severos castigos para las personas que no cumplan con las cuotas de transferencia de mano de obra”.
Los legisladores instaron al gobierno chino a “detener de inmediato esas atrocidades”.
El Dr. Lobsang Sangay, presidente del gobierno regional del Tíbet, respondió a la declaración de la IPAC en un mensaje compartido en el sitio web de la Administración Central Tibetana.
“Agradecemos a todos los parlamentarios por su fuerte y unida postura contra las atrocidades que están siendo realizadas por el gobierno chino en el Tíbet”, señaló Sangay.
No te pierdas: Lhasa, un silencioso centro de detenciones
“Su apoyo incondicional a la justicia y a las libertades básicas de los tibetanos envía un mensaje positivo a los habitantes del Tíbet que sufren bajo las políticas represivas del régimen autoritario del Partido Comunista Chino”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China negó las acusaciones de trabajo forzado en una declaración a Reuters. La oficina señaló que la participación en el programa de trabajo es voluntaria, y que aquellos que participan reciben una paga justa.
“Lo que estas personas con motivos ulteriores denominan ‘trabajo forzado’ simplemente no existe. Esperamos que la comunidad internacional distinga entre lo bueno y lo malo, respete los hechos y no se deje engañar por mentiras”, declaró el Ministerio a Reuters.
Newsweek se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de China para solicitar más comentarios, pero no recibió ninguna respuesta a tiempo para esta publicación.
—∞—
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
