En México, diariamente 43 niñas y adolescentes dan a luz, lo que resulta en más de 1,000 partos de jovencitas por día. Tan solo durante 2018, 329,335 niñas y adolescentes embarazadas acudieron a servicios de salud del Estado para control prenatal o atención del parto. En términos económicos, esa cifra representó un gasto en salud pública de 5,884 millones 524,505 pesos.
En tanto, el mismo año, 52,497 mujeres entre los 10 y 19 años asistieron a unidades médicas privadas con el mismo fin. Para las familias, ello resultó en un gasto de 1,806 millones 549,489 pesos.
Por su parte, el impacto fiscal para el Estado representó una pérdida de poco más de 11,000 millones de pesos en la recaudación de impuestos como IVA o ISR en trabajos formales, debido a la disminución de los ingresos que implica la maternidad temprana y el embarazo adolescente.
Otro sector que ve pérdidas económicas en México como consecuencia del embarazo adolescente y la maternidad temprana es el educativo, pues el abandono y el rezago significan un costo anual de 30,908 millones 850,716 pesos.
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La numeralia aquí presentada forma parte del estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México”, recientemente presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
El estudio se elaboró en el contexto de la iniciativa regional de la UNFPA “165 millones de razones para invertir en adolescencia y juventud” y del “Marco estratégico y regional para la prevención y reducción del embarazo adolescente no intencional”, a cargo de la doctora argentina Evangelina Martich.
El documento general se implementó durante el año 2019 bajo la metodología Milena 1.0 con el objetivo de cuantificar las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en seis países de la región de América Latina y el Caribe, el cual contempla a Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Según cifras de los niveles de fecundidad adolescente en el mundo, América Latina y el Caribe ocupan el segundo lugar, superados solo por África Subsahariana.
Esta metodología muestra que el embarazo adolescente no solo está relacionado con la pobreza y la exclusión social, sino también con la inequidad de ingresos entre las mujeres que continuaron con el embarazo en la adolescencia y quienes tuvieron un embarazo planeado en la vida adulta.
Con la pandemia por el nuevo coronavirus en México, se visibilizó un aumento de la violencia de género en contra de las mujeres desde casa, entre estas, la agresión sexual que niñas y adolescentes sufren desde el núcleo familiar, que en su mayoría termina en embarazos no deseados o no planeados.
Datos de la Red Nacional de Refugios proporcionados a Newsweek México muestran que el pasado mes de julio 8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual mientras se quedaban en casa para protegerse del COVID-19, de acuerdo con información de los 69 espacios de prevención, atención y protección integrantes de la red citada.
“Se debe replantear la manera de acercar a los adolescentes los servicios para conocer su salud sexual y reproductiva”. Foto: Artemio Guerra Baz/Cuartoscuro
LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Durante la presentación del informe “Consecuencias socioeconómicas sobre el embarazo en adolescentes en México”, la doctora Nadime Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en México, señaló consecuencias en los ingresos fiscales, de salud y educación, así como la manera en que influyen las desigualdades entre mujeres que fueron madres en la niñez y adolescencia.
“Niñas de 10 a 14 años que tienen un embarazo forzado por violencia sexual en esta pandemia se han vuelto aun más presentes. El tema que tratan sobre costos permite tener conversaciones diferentes para la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, (ENAPEA), y traer al centro de la discusión un problema que no es solo un tema salud, sino que también tiene impacto en el PIB”, dijo.
Gassman también señaló que este estudio evidencia la diferencia que hay entre mujeres que tuvieron hijos siendo niñas o adolescentes con las mujeres que decidieron ser madres en la edad adulta.
“Se ve una diferencia significativa en términos del salario que tiene una mujer que fue madre adolescente con la que no, o las que tienen más estudios o empleos formales. Es una comparación importante entre pares”.
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En el año 2018, se tuvo el registro de 287,274 niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad que acudieron a consulta médica por embarazo adolescente —por primera vez— en hospitales públicos en México.
De estas consultas para revisión del embarazo en las adolescentes en hospitales públicos del sistema nacional de salud, 6.2 por ciento fue a niñas de 10 a 14 años.
Ante esto, Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), señaló que el impacto del embarazo adolescente también tiene repercusiones en los roles de género y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Invertir en temas de embarazo adolescente para asegurar el acceso a servicios reproductivos a los adolescentes es una inversión que da retribuciones y es lo correcto. A nadie le sirve que las mujeres tengan embarazos forzados o embarazos que no quieran tener”, menciona.
SIN OPORTUNIDADES ESCOLARES
Cifras del estudio también muestran que, de las 380,000 niñas y adolescentes que se convierten en madres al año, el 6.68 por ciento tendrán un bajo nivel educativo, mientras que de aquellas que tienen la oportunidad de decidir ser madres en la edad adulta, el 22.18 por ciento alcanza un estudio profesional o de posgrado.
En cuanto a la oportunidad de acceder a un empleo formal, la brecha salarial también muestra números negativos, pues el desempleo que experimentaron las mujeres que fueron madres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad es más alto que quienes fueron madres en la edad adulta, en edades de los 20 a 29 años.
Las cifras muestran que 67.4 por ciento de las mujeres que fueron madres en la adolescencia nunca cotizaron en un sistema de seguro social, mientras que 43.22 por ciento de las mujeres que fueron madres en la edad adulta han cotizado en los servicios de seguridad social en el país, según datos obtenidos por la UNFPA en 2018.
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En términos económicos, la pérdida anual estimada de ingresos por desempleo o costo de oportunidad del empleo por embarazo adolescente y maternidad temprana equivale a 3,000 millones de pesos mexicanos.
María Antonieta Alcalde, directora de IPAS México, señala que en México se debe replantear la manera de hacer llegar a las y los adolescentes, de manera eficiente, la amplia gama de servicios amigables que existen para conocer y reconocer su salud sexual y reproductiva.
“El embarazo adolescente no es equiparable a parto adolescente. Los servicios de salud deben prestar atención a mujeres que fueron violentadas, y más en mujeres que tienen embarazos a los 14 años. Deberían tener acceso a una interrupción del embarazo cuando exista una violación, no sea planeado o su vida peligre”, concluyó.
