La Constitución y la ley definen a la Guardia Nacional (GN) como una “institución de seguridad pública de carácter civil”, es decir, una corporación policial. Para pertenecer a la misma, sus elementos deben contar con un certificado que avale que tienen habilidades, conocimientos y la confianza para servir como policías a la ciudadanía.
La realidad es distinta.
Un informe oficial obtenido por Animal Político vía transparencia revela que los mas de 29 mil nuevos elementos reclutados para Guardia Nacional no son ni civiles ni policías. Se trata, por el contrario, de elementos de las fuerzas armadas que las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina se han encargado de captar, adiestrar y contratar por su cuenta.
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Una vez entrenados en centros castrenses, dichos elementos son comisionados a la Guardia Nacional para sumarse a otros militares y navales que fueron transferidos desde un inicio a dicha fuerza. Lo anterior significa que los únicos civiles en la Guardia Nacional son los 26 mil elementos de la extinta Policía Federal transferidos a la misma.
Los nuevos reclutas salen a la calle sin cumplir además con la evaluación policial que marca la ley y que los acredite como tales. Solo el 0.3% cuenta con exámenes de control de confianza aprobados, y ni uno solo tiene el certificado policial pese a ser, según el artículo 26 de la Ley de Guardia Nacional, un “requisito de ingreso”.
El oficio SSPC/GN/UT/6116/2020 de la Guardia Nacional, en el que se da respuesta a la solicitud de transparencia folio 2800100026520 y fechado el pasado 16 de julio, desglosa todo lo anterior.
Detalla que la cifra de nuevos elementos en dicha corporación hasta ese momento ascendía a 29 mil 818, pero precisa que de ellos 22 mil 983 son elementos reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 6 mil 835 de la Secretaría de Marina (Semar). Es decir, ni uno solo ha sido reclutado directamente por la Guardia Nacional.
Los nuevos elementos, sumados a los transferidos originalmente, dan un total de 90 mil efectivos. De ellos, 51 mil 101 son elementos de la Defensa Nacional; 10 mil 149 son efectivos de la Marina y los 26 mil 376 restantes son los expolicías federales
El que los nuevos reclutas de la Guardia Nacional sean militares es una situación que nunca se planteó originalmente. Lo que había quedado establecido en la reforma constitucional es que, para contar con un estado de fuerza inicial suficiente, la Guardia podría echar mano de policías militares y navales transferidos temporalmente. Ello mientras se iba captando nuevos elementos.
Los nuevos efectivos, aun reclutados con apoyo de las fuerzas armadas, tendrían que ser policías civiles dado que la Guardia es una fuerza civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Publica civil, y no al Ejército o a la Marina. Eso dice la ley. Pero lo que lo datos muestran es que, en realidad, no hay nuevos elementos de Guardia Nacional, sino más militares transferidos a la misma.
No tiene ni las plazas
El informe proporcionado por la Guardia Nacional confirma algo que ya había sido alertado previamente por expertos en seguridad: esta nueva fuerza, que sustituyó a la Policía Federal, carece incluso de plazas propias para sus elementos operativos.
En respuesta a una pregunta donde se le pide detallar a qué dependencia corresponden las plazas de los elementos que actualmente conforman la Guardia, la corporación responde que solo 26 mil 376 efectivos (los expolicías federales transferidos originalmente) son elementos propios adscritos a la Secretaría de Seguridad.
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En cambio, las plazas de los 64 mil 250 elementos restantes corresponden a las secretarías de la Defensa y Marina, según la institución que transfirió a los efectivos.
De la misma manera, a la pregunta de quién cubre el sueldo de estos elementos, el documento señala que solo en el caso de los expolicías federales es la Secretaría de Seguridad Pública la que se hace cargo. Los demás efectivos, incluyendo los nuevos reclutas, están en la nómina de las fuerzas armadas.
Lo anterior se justifica, según el informe, en el artículo quinto transitorio del reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que los policías militares y navales que sean asignados a la institución continuarán recibiendo sus salarios y prestaciones de parte de su institución de origen.
Dicha disposición se hizo pensando en los elementos castrenses transferidos inicialmente a la Guardia para facilitar su arranque, sin embargo, esta situación se ha perpetuado dado que incluso los casi 30 mil nuevos reclutas de la corporación también son militares comisionados por la Defensa y la Marina.
En el reportaje “Crimen y Violencia: La Guerra que no Acaba”, publicado por Animal Político en abril pasado, el experto en seguridad Alejandro Hope ya advertía, con datos preliminares, que el riesgo de que la Guardia carezca de personal propio es que se termine el plazo de cinco años para su conformación sin que realmente tenga una fuerza propia.
“Nada quita que en cualquier momento la Sedena o la Marina decidan llevarse a sus elementos comisionados y no habría Guardia Nacional”, dijo Hope.
Ni control, evaluación, ni certificación
Los datos proporcionados por la Guardia Nacional también revelan que los nuevos elementos enviados por las fuerzas armadas, y que ya han sido desplegados en el país, carecen de las evaluaciones y certificaciones que acrediten que tienen el perfil, habilidades y aptitudes suficientes para ser policías.
La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Ley de la Guardia Nacional establecen con claridad que un elemento en activo debe contar con el Certificado Único Policial (CUP), que acredita que se han superado las pruebas de control de confianza, así como los exámenes físicos, de conocimiento, entre otros.
No obstante, el oficio de la Guardia entregado por transparencia evidencia que de los casi 30 mil nuevos reclutas solo hay constancia de que 119 de ellos aprobaron las pruebas de control de confianza – el 0.3% – sin que ninguno de ellos cuente aun con el CUP.
Eso es en cuanto a los nuevos reclutas, pero si se revisa el estado de fuerza total de la Guardia, los datos arrojan que solo 26 mil efectivos de los más de 90 mil cuentan con control de confianza aprobados, y corresponden a los expolicías federales transferidos. A su vez solo 7 mil de esos elementos tienen el CUP.
Lo anterior significa que ni uno solo de los elementos de las fuerzas armadas que conforman la mayor parte de la Guardia Nacional, ni los transferidos originalmente ni los nuevos, cuentan con los controles aprobados que exige la ley a cualquier policía en el país para estar en activos.
La Guardia recordó que existe un plazo de gracia de hasta dos años aprobado en 2019 para culminar la evaluación de confianza todos los elementos de esta fuerza. Esto significa que, de momento, no se estaría violando la ley.
No obstante, transcurrido más de la mitad de dicho periodo el avance – como muestran los datos – es prácticamente nulo.
