De los 32 estados del país, el Gobierno de Ciudad de México se ubica a la cabeza en la lista de las entidades que mejor han cumplido con las obligaciones de transparencia en compras y contrataciones relacionadas con el COVID-19, según información de #SusanaVigilancia.
A cinco meses de anunciarse el primer caso por coronavirus en México, la iniciativa #SusanaVigilancia, de reciente creación, es un mecanismo que busca prevenir la opacidad y corrupción en las acciones gubernamentales destinadas a enfrentar la pandemia por coronavirus.
Durante el periodo de pandemia, 19 estados del país han ejercido recursos públicos a través de contratación de bienes o servicios. Sin embargo, la información de dichos gastos no ha sido publicada en sus micrositios oficiales de COVID-19.
Al ser una obligación de los gobiernos dar a conocer la información de estas inversiones, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil activaron un mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones con el nombre de #SusanaVigilancia.
El propósito de este proyecto es identificar los contratos y adquisiciones que han realizado los gobiernos estatales durante la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales.
El mecanismo, que ya se ha puesto en marcha, ha detectado que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán están en una posición vulnerable en términos de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras y adquisiciones.
Transparencia Mexicana y Tojil también señalan 13 entidades federativas como las únicas que ya publican información sobre los bienes y servicios que han adquirido durante el brote por coronavirus en el país.
“Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas hacen público al menos el monto de las contrataciones en la compra de bienes y servicios para atender el COVID-19 y sus efectos económicos. El monto acumulado de las 13 entidades alcanza más de 8,160 millones de pesos”.
INFORMACIÓN NO HOMOGÉNEA
Empero, #SusanaVigilancia identifica que la información publicada por las 13 entidades tampoco es homogénea y que hay una diferencia en el cumplimiento respecto a lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
“Las entidades cumplen parcialmente con el artículo 70, fracción XXVIII de la Ley General de Transparencia. En el caso de Zacatecas, dado que solo hace público el monto total de los recursos que ha ejercido en COVID-19 a través de la adquisición de bienes y servicios, no es posible consultar la información sobre cada uno de los procesos de compra o contratos realizados por el estado”, señala la iniciativa.
En términos de las formas en las que se comparte la información, seis entidades (Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa y Sonora) lo hacen en más de un formato, explica la iniciativa. Esto es relevante, se indica, porque amplía las posibilidades de que las personas consulten información para darle diferentes usos.
En el caso de Ciudad de México, es la única que cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permite que esa información pueda hablarse con otros sistemas.
De los 13 estados que publican la información sobre contrataciones, Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora integran en sus micrositios la información en formato de “datos abiertos” de acuerdo con lo que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Los datos abiertos mantienen las características de accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios, oportunos, permanentes, primarios, legibles por máquina, en formatos abiertos y de libre uso.
