Obra en comunidad nahua viola DH: ONG | Newsweek México


Obra en comunidad nahua viola DH: ONG

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La defensa del río Metlapanapa en la comunidad nahua de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan C Bonilla tiene un saldo de al menos ocho personas amenazadas de muerte, de desaparición, quema de viviendas y de judicialización, documentó en su informe final la Misión Internacional de Observación, presentada ayer.

Entre las conclusiones de los observadores nacionales e internaciones de las organizaciones Front Line Defenders, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), se destaca que las violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores del territorio se dan en el contexto de la imposición de la obra de sistemas de alcantarillado sanitario y de alcantarillado pluvial en la zona industrial de Huejotzingo, parte del cumplimiento de la Recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la contaminación del río Atoyac.

Los proyectos financiados por el Gobierno del estado de Puebla y el Parque Industrial Ciudad Textil se originan por un convenio celebrado entre ambas partes y forma parte de los Programas y Proyectos de Inversión por Tipo de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE).

Se destaca también que las violaciones de derechos humanos cometidas contra los defensores del territorio ocurrieron debido al clima permisivo causado por la criminalización de activistas y las personas comunicadoras de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de funcionarios públicos y empresarios que participan en la construcción de la obra.

Las organizaciones participantes de la Misión informaron que la base del conflicto que impera en Zacatepec (y que también afecta a comunidades aledañas) es la obra que, en los hechos, implica la instalación de tubería industrial que atravesará el territorio de la comunidad, además de la descarga de desechos tóxicos al río Metlapanapa.

Documentaron que la comunidad ha expresado su negativa y se ha constituido en un fuerte movimiento de resistencia que exige el respeto a sus derechos fundamentales como comunidad indígena, principalmente su derecho a la libre determinación.

El informe señala que sin tener los permisos necesarios y aun cuando la comunidad cuenta con un amparo, continúan las labores de instalación del proyecto. En consecuencia, se ha generado una confrontación interna y hay una serie de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de la comunidad de Zacatepec, siendo el punto culminante la represión del 30 de octubre pasado, cuando elementos policiales del estado de Puebla y de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y golpearon a personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad que se manifestaban contra el avance de la construcción.

“Luego de la represión del 30 de octubre y las agresiones posteriores, la comunidad determinó instalarse en plantón permanente para evitar la construcción del conector pluvial que permitiría el desagüe hacía el río Metlapanapa. Por su parte las autoridades continúan avanzando con la obra, encontrándose a escasos 150 metros del plantón, lo cual podría generar nuevos actos de violación de derechos humanos en próximas fechas. Las organizaciones de la Misión nos mantendremos observando y exigiendo el respeto del derecho a la protesta y a defender derechos humanos”, aduce el documento.

 

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Obra ilegal e ilegítima

Defensores de derechos humanos señalaron en sus conclusiones que la falta de consulta produce que la construcción resulte ilegal e ilegítima, por violentar lo establecido en el artículo 2o. Constitucional, apartado B, fracción IX; 6 (Derecho a la consulta), 7 (Derecho al consentimiento y cooperación), 15 (Derecho a los recursos naturales), del Convenio 169 de la OIT; 18 (Derecho a participar en las decisiones), 19 y 32.2 (Consentimiento libre e informado), de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“El correcto actuar de las autoridades debe de ser evitar que se afecte el derecho a la consulta y se garanticen los derechos de los pueblos, de esta manera respetar su autonomía y libre determinación”.

En el informe las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno del Estado de Puebla, Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de Puebla, Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y Fiscalía del Estado y Especializada en delitos cometidos contra Periodistas para que se garantice y se respete el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, entendido como la facultad de determinar libremente su condición política, así como su desarrollo económico, social y cultural.

Piden que se investigue de manera imparcial, pronta y expedita las amenazas, ataques y el uso excesivo de la fuerza pública en contra de las y los defensores de derechos humanos, de la Radio Comunitaria Zacatepec y de quienes integran la comunidad de Santa María Zacatepec y del municipio de Juan C. Bonilla.

Exigen además que cesen el hostigamiento y amenazas en contra de las personas defensoras de la comunidad y del FPDTA MPT, y que el Estado Mexicano reconozcan el papel fundamental de las personas defensoras de Zacatepec y se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos y de la comunidad en general.

Solicitaron mediante este trabajo de documentación, un pronunciamiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el motivo de estas obras como cumplimiento a la Recomendación 10/2017 y señale no se puede dar cumplimiento a una recomendación de derechos humanos con acciones que violen los derechos humanos de la comunidad indígena de Santa María Zacatepec y contaminen el río Metlapanapa.

 

Empresas y violaciones a derechos humanos

Durante la Misión, las organizaciones involucradas obtuvieron información sobre cómo las empresas habrían fallado en prevenir los impactos negativos sobre el territorio y la salud de la población de Santa María Zacatepec y otras comunidades ocasionados por la disposición de residuos tóxicos al río Metlapanapa.

Observadores internacionales documentaron que la Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil de Puebla, A.C. se encuentra directamente involucrada en el proyecto a través de su financiamiento y próximo uso, así como las empresas Ger Construcciones del Centro S.A. de C.V. y Oli Construcciones S.A. de C.V. en relación a la construcción de la tubería que sería utilizada para emitir desechos industriales.

Aunque organizaciones invitaron a los empresarios a responder las acusaciones, éstas nunca respondieron, por lo que en el Informe final los defensores también les hicieron un llamado a que inicien un proceso riguroso de debida diligencia para prevenir cualquier consecuencia negativa de sus actividades sobre el territorio, incluyendo un proceso participativo que atienda los estándares internacionales de derechos humanos.

Pidieron que busquen alternativas sostenibles al tratamiento de sus aguas y otros desechos y mitiguen los daños ocasionados al ambiente y al territorio de las comunidades afectadas.

Les llamaron a que inicien los procesos de reparación necesarios por los impactos negativos a los derechos humanos ocasionados, contemplando la participación de las comunidades afectadas y reconozcan públicamente el papel fundamental que las personas defensoras de derechos humanos tienen en la protección del ambiente y el derecho al territorio.

Hay que señalar que Zacatepec forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), donde diversas comunidades articulan la oposición a la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) en esas entidades del país. Este proyecto ha generado múltiples violaciones de derechos humanos que van desde la represión policial, campañas de difamación y amenazas, hasta el asesinato del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores. Además de la termoeléctrica y el gasoducto, el PIM trae consigo un proceso de industrialización en toda su zona de influencia.

 

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