En menos de veinte días el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa) ha documentado al menos cuatro amenazas a defensores del territorio, el órgano alertó que las medidas implementadas para la protección en materia de derechos humanos no son óptimas ni urgentes, pese a lo delicados de los casos reportados.
En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Claudia Martínez, directora Conapa, Miguel López Vegas, Alejandro Torres e Israel Mendoza Tepale del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala expusieron la situación de riesgo en el que viven los defensores de la tierra en el estado.
La directora de Conapa expuso la agudización de los casos en la Sierra Negra, específicamente en Zoquitlán a los que calificó de alarmante, pues al menos 20 defensores, ambientalistas y activistas que se oponen al proyecto hidroeléctrico propiedad de Minera Autlán sufren persecución, documentándose a la fecha la desaparición forzada de Sergio Rivera.
El expediente de Zoquitlán — narró Martínez— incluyen casos de desplazamiento forzoso de familias de líderes y activistas, dado el hostigamiento brutal que se sufre en las comunidades, como el caso del opositor a la hidroeléctrica y locutor de Radio Tlacuache de la comunidad de San Pablo Zoquitlán Salvador Sánchez Bolaños quien tuvo que abandonar su lugar de origen luego de sufrir amenazas de muerte.
“Conapa manifiesta su gran preocupación por la situación que se vive en la Sierra Negra y exige la inmediata atención de autoridades estatales y federales, para activar y hacer funcionar, de verdad, los mecanismos de protección a defensores ”, asentó Martínez.
La directora de Conapa citó también el reciente caso el ocurrido a la ambientalista Ariana de Jesús en el municipio de Huaquechula quien ha señalado la explotación de yacimientos de mármol por particulares en contubernio con autoridades municipales, para quien fueron dictadas medidas cautelares.
Miguel López Vega de la comunidad indígena de Zacatepec en el municipio de Juan C. Bonilla, narró la lucha de los pueblos contra el Proyecto del Gasoducto Morelos, plan energético que avanza a pesar de la oposición de la ciudadanía e incluso de autoridades que son amenazados por el gobierno estatal que encabeza Miguel Barbosa Huerta —que en un esquema similar al usado por el morenovallismo en la pasada administración–, usan recursos públicos como medidas para el control social.
Citó que representantes de empresas armadoras y de autopartes de Volkswagen en el municipio de Huejotzingo y de Juan C. Bonilla han amenazado frontalmente a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
El Consejal del Consejo Indígena de Gobierno narró que en un encuentro con representantes de la empresa con el comisariado ejidal –sostenida por los daños que los empresarios están causando a tierras ejidales–, un hombre de aspecto extranjero que se identifica como Raúl Morales (aunque se sabe que su apellido es Wagen) lanzó la advertencia a pobladores: “Ya asesinaron a una persona de Morelos que se oponía al Gasoducto del Proyecto Integral Morelos –refiriéndose a Samir Flores– ya es hora de que caiga aquí uno en Puebla”.
Alejandro Torres, también comunicador indígena en radio Zacatepec, acusó que la represión en las protestas en tiempos de la 4T sigue tan intacta como en gobiernos anteriores. Con fotografías denunció el uso de policías estatales, federales e incluso la Guardia Nacional del gobernador Barbosa Huerta para enfrentar una protesta en la que pobladores reclamaban obras para industrializar tierras cercanas al volcán Popocatépetl, cuando reiniciaban el proyecto para descargar desechos al rio Metlapanapa del corredor industrial de Huejotzingo, a pesar de que existía un acuerdo para la cancelación de la obra.
“A los defensores nos ven como enemigos, así nos tratan. Las fuerzas policiacas no se usan contra delincuentes, sino contra todo ciudadano que reclame los derechos a un medio ambiente sano, a la tierra, al agua. Las amenazas de órdenes de aprehensión contra cualquier opositor a los megaproyectos ya son abiertas, sólo es cuestión de ejecutarlas”, dijo el representante de la radio indígena.
Al respecto denunció que la radio también sigue amenazada con cerrarla por autoridades que la califican como ilegal “La radio es la voz del pueblo y desde ahí informamos lo que sucede en el territorio, tenemos derecho a la palabra. Hago un llamado al gobierno federal, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación para que puedan brindarnos protección” asentó Alejandro Torres que también describió que además de amenazas vía texto, camionetas que llegan a la calle donde vive.
“Hago un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir su palabra dada en campaña en la que aseguraba que se acabaría la represión, los presos políticos y el hostigamiento y la siembra del miedo en las comunidades”.
Claudia Martínez, directora Conapa lamentó que en el cambio de autoridades federales, a los defensores y periodistas les han sido canceladas medidas cautelares, a pesar de las condiciones de vulnerabilidad en el que están viviendo. Llamó la atención a autoridades federales a que “volteen a ver lo que ocurre en Puebla” pues los mecanismos de protección no se cumplen a cabalidad, incluso los botones de pánico han resultado desechable.
Señaló directamente a Jorge Ruíz, enlace del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quien deja llamadas en espera a las víctimas de agravio, dando largas a personas que tienen un riesgo latente asegurándoles que él más tarde devuelve la llamada, como fue el caso de Bety Astudillo del estado de Guerrero.
Con información de Diario Puntual
