Con la finalidad de generar mayores condiciones para abatir el flagelo de la corrupción y la impunidad, el Consejo Coordinador Empresarial se pronunció a favor de la desaparición del fuero constitucional, afirmó su presidente Pedro Gutiérrez Romo.
Asimismo urgió a los diputados locales agilizar la aprobación a la iniciativa de reforma constitucional del segundo párrafo del artículo 75 de nuestra carta magna local, promovida por el Ejecutivo Estatal el pasado 27 de septiembre.
Gutiérrez Romo expresó que existe un clamor ciudadano para castigar a los servidores públicos que busquen el beneficio personal al ejercer su función pública, reiterando que ante la indignación que provoca la corrupción e impunidad, es urgente tomar acciones con responsabilidad y hacer frente a ese cáncer gubernamental.
Si bien es cierto que el fuero constitucional consiste en el privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de regímenes democráticos, también es cierto que se ha abusado de esa protección constitucional.
En la actualidad, la figura jurídica del fuero constitucional se ha otorgado mediante reformas constitucionales a un gran número de altos funcionarios públicos, en los cuales se incluyen secretarios de estado, órganos reconocidos con autonomía constitucional, integrantes de los ayuntamientos, entre otros.
Siendo congruentes con la demandas ciudadanas, es justificable la eliminación del fuero constitucional al Gobernador, Secretario General de Gobierno, integrantes de los Ayuntamientos y Órganos Constitucionales Autónomos, ya que las funciones públicas que en el ámbito de su competencia realizan, deben demostrar excelencia, actuando de manera responsable y de conformidad con los valores y principios constitucionales, puntualizó.
Eliminar el fuero constitucional coloca a los servidores públicos referidos en un plano de igualdad procesal con respecto a cualquier persona en cuanto a la aplicación de la ley penal, al cometer algún hecho delictivo del orden común, lo anterior acorde al nuevo paradigma social, a la demanda ciudadana para combatir la impunidad en nuestros tiempos y al verdadero equilibrio de poderes públicos del Estado.
Dicha reforma permite avances reales para que los servidores públicos a quienes se elimina el fuero constitucional, se apeguen a la legalidad combatiendo con ello las probables malas prácticas que vician su actuar público, pues ya no tendrán una protección que en ocasiones permite que se actúe ilícitamente y se sustraiga de la justicia al amparo del privilegio constitucional que impide llevar a cabo un procedimiento de persecución de la justicia penal de manera pronta y expedita, concluyó.
