Es de amplio conocimiento público que la producción, así como la compra y venta de facturas y comprobantes fiscales apócrifos, han generado ganancias ilícitas multimillonarias a los intervinientes en dichos negocios, tales como contribuyentes comunes, hasta grandes empresarios y la misma delincuencia organizada. De acuerdo con cifras oficiales del SAT, se estima que solamente del año 2014 a la fecha se han generado comprobantes fiscales apócrifos con un valor aproximado de 2 billones de pesos, y es que la factura electrónica o CFDI se ha ocupado por la delincuencia organizada como un comprobante que les ampara servicios o productos irregulares o inexistentes, pero que les generan ingresos.
Por otra parte, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), establece que las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFO) cometen fraudes al emitir facturas apócrifas sobre operaciones, compras o servicios no realizados con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos. Y es que, de acuerdo con dicha Institución, “la compra de facturas falsas representa el 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), y el 70 por ciento de esos comprobantes fiscales falsos son adquiridos por entidades del sector público”.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público advirtió en marzo del presente el grave problema que representa la evasión y elusión fiscal para el país, la cual, de acuerdo con la dependencia, representa entre 3 y 4 puntos del PIB.
No cabe duda de que los particulares han llevado a cabo dichas operaciones al total amparo de nuestras autoridades, incluso de manera muy preocupante desde el Gobierno Federal, dado que los recursos públicos destinados para la compra de bienes y servicios no han sido lo suficientemente blindados frente a la corrupción de la que han sido parte gobernantes y funcionarios públicos en colusión con empresas y contratistas que influyen y se favorecen de adjudicaciones directas en perjuicio del bien común y que ha desatendido demandas básicas de la población como educación, salud y vivienda.
Cabe señalar que el beneficio de las personas que compran facturas es que reciben el efectivo de la transacción, restándole la comisión que cobra la empresa o persona física que vende la factura, por lo que la carga monetaria del comprador de la factura ronda entre el 4 y el 7 por ciento de la totalidad de la transacción.
El procurador fiscal recientemente reconoció que defraudar al fisco se ha convertido en un “deporte nacional” que se estima en un quebranto fiscal por empresas fantasma o facturas falsas de 500,000 millones de pesos anuales, cifra que equivale a la décima parte del presupuesto público del país o al ahorro que se espera lograr con las medidas de austeridad, o bien, superior al presupuesto conjunto de la Secretaría de Salud y la de Educación.
Como dato importante, en ningún caso hay algún encarcelado por el delito de compra-venta de facturas, cuando se trata de un boquete al erario tan grave que comprende una amplia red de vendedores y compradores de facturas, cuyas operaciones también son objeto de lavado de dinero.
COMPRAVENTA DE FACTURAS: DE ESTRATEGIA FISCAL A DELITO DE SEGURIDAD NACIONAL
En la actualidad y durante muchos años, la compra de facturas apócrifas ha sido una práctica común, considerada incluso como una “buena estrategia fiscal” para pagar menos impuestos. Sin embargo, dicha conducta se encuentra tipificada como delito de defraudación fiscal y tiene graves consecuencias legales de acuerdo con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, el cual prohíbe tajantemente expedir, vender o comprar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Ante ello, los legisladores han tomado cartas en el asunto y buscan endurecer aún más las penas y castigar dicho delito hasta con ocho años de prisión, en virtud de que existe una iniciativa de ley que incluso ya fue aprobada el pasado 10 de septiembre por el Senado en lo general, que propone catalogar dicha conducta como delincuencia organizada y, en consecuencia, que amerite prisión preventiva oficiosa, es decir, que las personas que sean investigadas por realizar dichos actos tendrán que llevar un proceso privadas de su libertad.
De acuerdo con los legisladores, dicha reforma es necesaria en virtud de que el país requiere una revisión y un cambio sustancial en el marco legal para lograr una mayor transparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones, para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales con nombre y apellido, haciendo énfasis en que, “al combatir la compra-venta de facturas falsas, se estarán blindando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población”.
Contrario a lo anterior, hay quienes califican la reforma como “terrorismo fiscal”, al señalar que criminaliza a contribuyentes que, sin dolo, cometen errores en su declaración fiscal.
Lo más preocupante de dicha propuesta es que no diferencia entre empresarios que actúan de buena fe y que por “error” o falta de información pudieran poseer una factura falsa, y quienes hacen de las facturas apócrifas un modo de vida, situación que afectará de manera directa el patrimonio e incluso la libertad de los contribuyentes.
No debe perderse de vista que el procedimiento a través del cual las autoridades fiscales podrán detectar este tipo de prácticas será invasivo, sin previo aviso ni autorización del contribuyente a través de revisiones electrónicas. En caso de que el SAT notifique que el contribuyente tiene facturas que no se pueden justificar, estará obligado a probar su inocencia y justificar inmediatamente sus actividades, así como el origen y destino de las facturas y activos con la finalidad de demostrar que los documentos y los servicios o productos que amparan son reales. De lo contrario, se tendrá por acreditado que dichas facturas fueron compradas ilícitamente y se iniciará el procedimiento penal en su contra.
Será responsabilidad de los legisladores lograr una reforma equilibrada que sancione la facturación falsa, pero también salvaguarde los derechos de los contribuyentes cumplidos.
Sin embargo, es recomendable que los contribuyentes no se dejen llevar por promesas falsas de ahorro en el pago de sus contribuciones, ya que dichas prácticas no son legales.
Asimismo, resulta necesario que el contribuyente se informe y se asesore correctamente con expertos en la materia y abogados en defensa fiscal para tomar las debidas precauciones y cerciorarse de que cada factura que posee fue obtenida de manera legal o que no se encuentre en la lista negra del SAT. La información adecuada es su mejor arma para no poner en riesgo sus bienes y su libertad personal.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
—Asesoría legal y contable especializada en materia fiscal.
—Revisión y verificación periódica de la documentación (facturas).
—Capacitación preventiva al personal de empresas.
