Esta mañana fue presentada en el apartado de asuntos generales de la sesión del pleno del Congreso Estatal de Aguascalientes una iniciativa propuesta por el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, en la que busca que se elimine el fuero para el titular del Ejecutivo, los integrantes de los ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos, bajo el argumento de que quiénes ostentan la función pública deben demostrar excelencia, responsabilidad en sus funciones y de conformidad con los valores y principios constitucionales.

Una vez recibida la iniciativa será turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ya que se pretende reformar el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para que, en caso de ser aprobada, subirse a discusión en el pleno del Poder Legislativo.

En caso de aprobarse la iniciativa en el Congreso del Estado, el mandatario de Aguascalientes se convertiría en el gobernante número 16 en perder el fuero constitucional, de acuerdo a una revisión de Newsweek Aguascalientes a las constituciones políticas de las 32 entidades federativas.

El fuero constitucional es una figura jurídica que permite la inmunidad procesal a servidores públicos que encabezan alguna dependencia, instancia gubernamental u organismo autónomo descentralizado que conlleva una alta responsabilidad, permitiéndoles ejercer su encomienda sin riesgo de ser juzgados por la comisión de alguna falta o delito.

A continuación se presenta el listado de estados en donde ya se ha eliminado el fuero constitucional a los gobernadores, así como en aquellos en donde todavía sigue estando pendiente de legislarse:

En algunos de los estados en los que el Ejecutivo Estatal ya no cuenta con fuero, también se amplió para prácticamente todos los servidores públicos que contaban con dicha figura jurídica por ejemplo:

En Hidalgo, se suscribe en el artículo 153 de su Constitución Política: “ninguna persona gozará de fuero o inmunidad procesal que le otorgue privilegios o prerrogativas en materia jurídica”.

Por su parte, en Nuevo León se menciona en el artículo 13 de la Constitución local: “en el Estado nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación pueden tener fuero ni gozar emolumentos que no sean compensación de un servicio público o estén fijados por la Ley”.

En Quintana Roo, en el artículo 22: “nadie será juzgado con leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación pueden detentar fuero, ni gozar más emolumentos que los de compensación de servicios públicos y estén determinados por la Ley”.

O por ejemplo, en la Ciudad de México se indica de forma tajante que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. En la Ciudad de México nadie goza de fuero”.

¿Quiénes conservarían el fuero en Aguascalientes?

Retomando la iniciativa presentada por el gobernador de Aguascalientes, sólo mantendrían el fuero constitucional los diputados locales, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el fiscal general del Estado.

En el caso de los diputados locales se pretende conservar la protección del fuero para garantizar la expresión de las ideas, ya sea al momento de tomar decisiones para la creación de leyes, posicionamientos, puntos de acuerdo, o cualquier otra manifestación en la máxima tribuna del Estado.

En el caso de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se refiere que es necesario mantener la inmunidad constitucional ya que se trata del máximo órgano jurisdiccional en la entidad, que realiza la impartición de justicia que permite garantizar, a su vez, el respeto de los derechos de las personas en el Estado.

Por último, en el caso del fiscal general del Estado se justifica la preservación del fuero toda vez que es la persona encargada de la investigación y persecución de los delitos cometidos en la entidad, priorizando su salvaguarda a presiones y ataques políticos y sociales que atenten contra su cargo, con la intención de amedrentar o afectar las investigaciones de la instancia que encabeza, señala el documento.

Intentos fallidos por eliminar el fuero

El último intento por eliminar el fuero constitucional en Aguascalientes fue el 27 de octubre de 2016, al obtener sólo 16 de 18 votos necesarios para garantizar las dos terceras partes para avalar la reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

La iniciativa del entonces diputado de Movimiento Ciudadano, Oswaldo Rodríguez García, y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió 16 votos a favor, dos en contra y ocho abstenciones.

Con la reforma se buscaba que el fuero del que gozan actualmente los servidores públicos señalados por el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y que son los Diputados Locales, el Gobernador, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, el Comisionado Presidente y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

Previamente, el 28 de julio de 2016 una iniciativa diferente que también buscaba eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos que cuentan con él en Aguascalientes, fue rechazada.

En aquélla ocasión, la propuesta sólo se quedó a un voto para ser aprobada. A favor se pronunciaron los diputados del PRI, PVEM, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, 11 votos en abstención y dos en contra, principalmente de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe destacar que en aquella ocasión se presentó la ausencia del diputado priísta Juan Antonio Esparza Alonso, quien de haber acudido a la sesión y votado en la misma forma que sus correligionarios, probablemente hubiera significado la aprobación de la iniciativa.

Procesos legales pendientes

Desde el año 2010, el actual gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, enfrenta un proceso penal en el que se le acusa por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, por la permuta de terrenos que realizó en el año 2007, cuando fungía como presidente municipal de Aguascalientes.

En aquél entonces, el Cabildo capitalino aprobó la permuta de un terreno por otro ubicado en zonas aledañas al relleno sanitario de San Nicolás, que era propiedad de la empresa Fruideo, formada por él y familiares. Posteriormente, el terreno permutado fue rentado a una empresa farmacéutica para su explotación comercial.

En esa tesitura, se habrían realizado cuatro permutas más de terrenos en el periodo de 2005 a 2007, en donde presuntamente se habría favorecido a amigos y familiares de Orozco Sandoval.

Desde 2012 el proceso jurídico ha quedado suspendido debido al fuero constitucional, primero como senador de la República y actualmente como gobernador del estado.