Se inconforma IEA por resolución de juez en caso Paco Chávez | Newsweek México


Se inconforma IEA por resolución de juez en caso Paco Chávez



Con respecto a la no vinculación a proceso del ex titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Francisco Chávez Rangel, el IEA informa:

  • Esta resolución del juez de control Jesús Eduardo Méndez Martínez no quiere decir que el proceso legal en contra del ex titular del IEA haya concluido.
  • El IEA se reserva su derecho a impugnar esta resolución; dentro de un periodo no mayor a cinco días estaremos informando la decisión tomada al respecto.
  • La acusación en contra de Chávez Rangel en este proceso es por la contratación del abogado Juan Collado para defender al instituto por el fraude de 300 millones de pesos hecho por la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en el estado de Campeche en contra del instituto, defensa que nunca se llevó a cabo.
  • El daño al erario cometido por el abogado Juan Collado y Chávez Rangel es de 7 millones de pesos.
  • La defensa del acusado mostró como prueba para no ser vinculado a proceso, dos correos electrónicos de un subalterno de Juan Collado con el entonces director jurídico del IEA, Enrique Lomas Torres. El subalterno de Collado no estaba autorizado en el juicio del IEA en contra de la UNACAR, es decir, a juicio del IEA, esos dos correos electrónicos no son prueba para determinar que hubo una relación profesional entre Juan Collado y el IEA.
  • No existe en el IEA un solo expediente que acredite el trabajo realizado por Collado.
  • El IEA informa que además de este proceso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exigió el reintegro de 300 millones de pesos tanto a Francisco Javier Chávez Rangel como a Martha Ramos, ex directora del programa Umbral, ambos involucrados en el fraude cometido por la UNACAR en contra del IEA.
  • Por esta determinación, la ASF pidió a la autoridad fiscal congelar las cuentas bancarias de Francisco Javier Chávez Rangel.
  • Además, el acusado se encuentra inhabilitado por un periodo de 27 años por los fraudes cometidos en contra del IEA.

 

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