Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un nuevo criterio para invalidar un artículo del Código Penal del Estado de Tamaulipas, relacionado a la reclasificación de los delitos que ameritan prisión preventiva, el Congreso del Estado de Aguascalientes asegura no haber incurrido en una situación similar y que se realizó de forma correcta el proceso legislativo.
Fue en la sesión del pasado martes, cuando la Corte invalidó el artículo 22 del Código Penal de Tamaulipas, al considerar que la inclusión de los atentados a la seguridad de la comunidad, tortura, peculado, robo y extorsión en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, fue una acción inconstitucional, ya que se trata de una competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
En Aguascalientes, el 28 de junio de 2018, el Congreso Estatal de Aguascalientes avaló la prisión preventiva oficiosa por el delito de robo calificado de vehículos de motor, en vivienda y escuelas, reformando para ello el artículo 75-A del Código Penal del Estado de Aguascalientes.
Posteriormente, el 20 de junio del año en curso se volvió a reformar el Código Penal del Estado para agregar los delitos de abuso de autoridad, el enriquecimiento ilícito, la desaparición forzada, el robo calificado y el abigeato calificado como delitos graves con prisión preventiva oficiosa, luego de que el Congreso de la Unión incluyera los mismos delitos en el artículo 19 de la Constitución federal.
Aunque la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicaría en un primer término al Congreso de Tamaulipas, mediante recursos jurídicos, el criterio podría ampliarse a otros estados de la República, lo que traería como consecuencia el que algunas carpetas de investigación por delitos que fueron reclasificados con prisión preventiva oficiosa, tengan que revisarse, con la posibilidad de que algunos imputados queden en libertad, según refirió el jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Eloy Morales Brand.
En Aguascalientes sólo se realizó una homologación de las leyes
Después de la resolución de la Corte, el Congreso local refirió que las modificaciones realizadas el 20 de junio sólo incluyeron los delitos de abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, como parte de una homologación a la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se incluyeron otros delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa.
En un documento elaborado por el área jurídica del Congreso Estatal, se indica que el Poder Legislativo local no rebasó sus atribuciones ya que las reformas a la ley se basaron en el criterio con no. de registro 2016873 de la tesis aislada: “PRISIÓN PREVENTIVA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. EL LISTADO DE DELITOS POR LOS QUE DEBE ORDENARSE OFICIOSAMENTE LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO LIMITA LAS FACULTADES LEGISLATIVAS DE LOS ESTADOS O LA FEDERACIÓN PARA CONSIDERAR APLICABLE ESA MEDIDA CAUTELAR A OTROS ILÍCITOS.”
Dicho criterio especifica que los Estados podrían precisar los delitos locales que ameritaban Prisión Preventiva, e incluso ampliar el listado, aunque en el caso particular de los delitos reclasificados en la sesión del 20 de junio sólo se realizó una “homologación” a la norma federal.
Finalmente, se añade el argumento de que en caso de que la SCJN hubiese modificado sus criterios, sería algo erróneo “ya que el Derecho Penal se rige bajo el Principio de Estricto Derecho; esto es, que si no está exactamente previsto en Ley, no se le puede aplicar una consecuencia jurídica”.
Para llevar a la práctica lo anterior, el Congreso Estatal tendría que establecer un “artículo puente” que hiciera aplicables los tipos penales establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de lo contrario no podría otorgarse la prisión preventiva para dichos delitos.
En el caso de Aguascalientes, el artículo “puente” es el 75-A, que permite “tropicalizar” los delitos señalados a nivel federal, concluye el documento.
